Tras 26 años de concesión, el Gobierno retomó hoy el control de la Hidrovía, la autopista fluvial por el que se transporta casi el 80% de las exportaciones de granos, al menos por 12 meses: volverá a cobrar un peaje a las transportistas por el que podría recaudar cerca de 400 millones al año y en paralelo diseñaría la relicitación del servicio.
A la medianoche hubo un acto simbólico en la Administración General de Puertos (AGP), organismo dependiente del ministerio de Transporte, que comenzó a gestionar la Vía Navegable Troncal (VNT) luego que venciera la gestión del consorcio belga-argentino que tenía a su cargo la draga y la señalización del curso desde 1995, en tiempos de las privatizaciones menemistas.
Desde las 0 horas de hoy, la AGP tiene a su cargo al menos por un año la responsabilidad de gestionar y supervisar el dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal, de cobrar el peaje y de realizar los controles hidrométricos correspondientes para garantizar la seguridad y la navegabilidad de los buques que circulan por esta vía por la se traslada el 80% del comercio exterior argentino.
Fue así que José Beni, titular del organismo, junto con el subsecretario de puertos, Leonardo Cabrera, participaron del acto que marcó el cierre la concesión de Hidrovía S.A, junto Abel De Manuele, en representación de Transporte, Pieter Jan de Nul, por Hidrovía S.A, entre otros representantes de la concesionaria saliente, y Juan Carlos Schmid, titular de Dragado y Balizamiento y de la Fempinra, en representación de los trabajadores.
Beni manifestó que “agradezco el esfuerzo de los trabajadores y los técnicos de AGP, como así también la confianza que nos dio el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, como así también de todos los funcionarios, al encomendarnos esta obra central para la Argentina”.
Según se informó, para esta nueva etapa, la AGP implementó un sistema ágil y seguro que permitió asumir el control administrativo del proceso sin demoras y garantizando la operativa contable de la principal vía de comercio exterior del país y se le comunicó con los armadores y navieras para informarlos sobre el mismo.
A su vez, y en paralelo el Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable se encargará de la organización de la «licitación larga» y adjudicará los trabajos de mantenimiento y señalización de la vía. Este organismo fue creado en agosto de este año y está conformado por autoridades nacionales y de siete provincias por la que corre el curso de agua.
Con todo, en el sector hay dudas sobre cuál será el proyecto definitivo del gobierno sobre este servicio. Hace unos meses en el Ejecutivo admitían que, en caso de una gestión exitosa, podría continuar por más tiempo la administración estatal y postergarse así la re-licitación.
Para Julio González Insfrán, titular del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo, que representa a trabajadores de los buques que utilizan esta vía navegable, recordó que tras la muerte del ministro Mario Meoni (Transporte), el gobierno cambió los planes originales de ir hacia una extensión de la concesión a la espera de un nuevo llamado a licitación internacional. “Hubo un cambio de esquema. Ahora el Estado pasa a cobrar peajes y con ese dinero subcontrata las operaciones que mantienen la red troncal. Pero es algo confuso porque el proceso lo va a ser otra secretaria y el nuevo ente”, explicó a este medio.
El jefe sindical sostuvo que “el gobierno se queda con el peaje y de ahí contrata las dragadoras porque no cuenta con dragas ni maquinaria propia” para el mantenimiento. Por último, aspiró que el estado diseñe “un plan porque acá hay dos opciones: si se hace cargo el estado o los concesionarios una determinada cantidad de años mientras se planifica para crear una empresa estatal, que requiere su inversión. Pero hoy nadie conoce cuál es el plan” definitivo.
