Denuncian complicidad entre Vidal y Lingeri en el veto de una ley

La decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal de vetar una nueva ley aprobada por unanimidad en la Legislatura bonaerense despertó la bronca en el arco sindical de la provincia, poniendo en evidencia la presión ejercida por un poderoso sindicalista de Capital Federal.

En las últimas horas, a través del decreto 13/2017, la mandataria provincial dejó sin efecto la norma que delimitaba las condiciones por las que AySA tomaría bajo su ala a los trabajadores de ABSA en los ocho distritos del conurbano bonaerense donde se efectuó el traspaso del servicio.

La iniciativa sancionada en la Legislatura por unanimidad el 21 de diciembre pasado, garantizaba la continuidad laboral de los empleados a la vez que aseguraba la representatividad gremial al Sindicato Obras Sanitarias de la provincia de Buenos Aires (SOSBA).

Fuentes sindicales sostuvieron a Mundo Gremial que la decisión de Vidal estuvo «influenciada por la fuerte presión y el lobby que generaron desde el entorno de (José Luis) Lingeri», líder de Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS) y de buena relación con el presidente Mauricio Macri, para quedarse con la afiliación de casi 500 trabajadores, hasta ahora enrolados en SOSBA.

En ese sentido, desde el gremio bonaerense que conduce Julio Castro aseguraron que el veto a las modificaciones de la ley 14830, que garantizaba la estabilidad laboral, el convenio colectivo de trabajo y la pertenencia sindical, se trata de «maniobras que pretenden usurpar territorio y actividad sindical» por parte de algunos sectores gremiales de Capital Federal.

Ante ello, el Secretario Adjunto del SOSBA, Guillermo Amorebieta y Vera, expresó que «vamos a continuar con el planteo jurídico y estamos hablando con el Gobierno para hacerle entender que cometieron una injusticia con los trabajadores», a lo que agregó que está situación «lleva a un conflicto de jurisdicción».

Y en esa línea, subrayó: «Somos el sindicato de la provincia y el otro tiene la región de la Capital, de manera que estamos frente a un conflicto promovido por una ley mal sancionada, la 14.830 (Traspaso de distritos de ABSA a la órbita de AySA), que fue sancionada entre gallos y medianoche con supuesto objetivo de inversiones por parte del Gobierno nacional en el área metropolitana sur. Pero pasó un año de gobierno y no se hizo nada de lo previsto para la provincia».

En este contexto, Castro, secretario general del SOSBA, aclaró que «la situación de los servicios públicos en general es muy crítica, por lo que no se preveé generar ningún tipo de conflicto que afecte a la población«.