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Fallos laborales

Declaran inconstitucional el DNU de Macri que baja indemnizaciones

Un juez laboral calificó de “aberrante” el DNU y cuestionó el carácter retroactivo de la norma.

Mundo Gremial

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Poco tardó en llegar el primer fallo contra el Decreto de necesidad y urgencia (DNU) 669/2019 del presidente Mauricio Macri.

Se trata del DNU por el cual se redujeron las indemnizaciones que deben pagar las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) ante accidentes laborales que incapaciten a los trabajadores.

El juez Alejandro Aníbal Segura, titular del Juzgado del Trabajo 41 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, declaró este miércoles la “inconstitucionalidad e inconvencionalidad del Artículo 3º” del decreto.

El fallo responde a la acción judicial iniciada por el periodista deportivo Miguel Ángel “Tití” Fernández contra la ART que desconoció las incapacidades laborales que padeció por la sobrecarga de trabajo en un escenario de estrés post-traumático, ya que ocurrieron después de la muerte de su hija Soledad durante la cobertura del Mundial de Fútbol Brasil 2014.

En 118 páginas, el magistrado rechazó los argumentos del DNU de Macri: “Declaro formalmente que el DNU 669/2019 no resulta aplicable al presente caso por inconstitucional e inconvencional, debiéndose estar, en lo pertinente a la forma de cálculo del crédito laboral consagrado en el presente pronunciamiento”.

El cuestionado decreto de Macri había recibido el lunes pasado un dictamen en contra presentado por el fiscal Gabriel De Vedia, que dio curso a un amparo colectivo presentado por el Colegio de Abogados de Capital Federal.

Al hacer lugar a esa cautelar, el titular de la Fiscalía Nacional del Trabajo Nº3 pidió suspender la aplicación del decreto que modificó el cálculo de indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales vigentes en la ley 24.557.

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Fallos laborales

Condenan al Estado por tener una empleada como “contratada” por 10 años

La denunciante trabajó mediante la suscripción de contratos de locación de servicios, entre el 1 de diciembre de 1996 y el 31 de diciembre de 2006, primero como cocinera y luego como mucama.

Mundo Gremial

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La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal condenó al Estado Nacional a indemnizar a una trabajadora por haber encubierto durante diez años una designación permanente bajo un contrato indeterminado.

Lo hizo en el marco de la causa “Gutiérrez Elena Mercedes c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa – FAA -Comando Personal- Círculo Personal Civ. y otro s/ personal militar y civil de las FFAA y de seguridad”.

Los jueces admitieron el recurso interpuesto por la actora y reconoció su derecho a obtener una indemnización por $45.078,11.

Según publicó Diario Judicial, se juzgó al Estado Nacional por figuras jurídicas autorizadas legalmente para casos excepcionales, con una evidente desviación de poder que tuvo como objetivo encubrir una designación permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado, teniendo especial consideración que la demandada no controvirtió la continuidad del vínculo durante diez años.

La actora narró que trabajó bajo las ordenes de la demandada como cocinera y mucama desde el 1 de diciembre de 1996, siendo su jornada laboral de lunes a viernes de 9 a 16 horas, en las sedes sitas en Mariano Acosta 2850, de esta ciudad, y General Paz 250, partido de Merlo, Provincia de Buenos Aires.

Además, apuntó que el vínculo laboral fue mediante sucesivas suscripciones de contratos de locación de servicios, a los que calificó como fraudulentos y manifiestamente nulos, en virtud de las previsiones de los artículos 12, 13, 14, 21, 23 y concordantes de la ley de contrato de trabajo.

Entendieron los jueces que “la figura de la contratación sucesiva importa un supuesto ilegal en el actuar de la administración y la ruptura de tal continuidad da derecho a su reparación”.

Por lo antedicho, interpuso demanda contra la Fuerza Aérea Argentina – Comando de Personal – Círculo del Personal Civil (en adelante, FAA), a efectos de reclamar en concepto de indemnización por despido sin causa, el cobro de $45.078 más el reajuste por desvalorización monetaria e intereses desde que cada suma fuera adeudada y hasta la fecha de efectivo pago.

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Fallos laborales

La Corte ordenó incorporar sumas no remunerativas al salario de un policía

Lo hizo tras un fallo unánime en el caso Fabián Bosso, y sienta un precedente para otros 2800 casos similares pudiéndose extender al resto de los empleados públicos.

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió en un fallo unánime que las sumas no remunerativas que percibieron los trabajadores de la Policía Federal deben incorporarse al los haberes mensuales. La medida, que le exige al Estado la incorporación de esos adicionales a los haberes regulares salariales, sienta jurisprudencia para otros 2800 reclamos análogos que llegaron a la Corte y podrían extenderse al resto de los empleados públicos.

El este caso, la Corte se expidió sobre la causa presentada por Fabián Bosso, donde resolvió por unanimidad que “las sumas pagadas al personal en actividad de la Policía Federal Argentina por los suplementos ‘servicio externo uniformado’ y ‘apoyo operativo’, creados por el decreto 2140/2013 -y sus modificatorios-, deben considerarse remunerativas y bonificables y, en consecuencia, incorporarse al ‘haber mensual’”, según detalló el fallo.

En mayo pasado la Corte ya se había expedido de un modo similar en la causa Carla Sosa admitiendo “un reclamo salarial análogo del personal de las Fuerzas Armadas”.

De la resolución votada por unanimidad participaron los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti y remarcaron que “de acuerdo con la Ley para el Personal de la Policía Federal Argentina (N° 21.965), toda asignación que se fije a favor del personal en actividad, cuando tenga carácter general, debe otorgarse dentro del haber mensual”.

El fallo, por otra parte, sienta un precedente para los 2800 casos similares que fueron recibidos en la Justicia y que se presume, podría extenderse al resto de los empleados del Estado. Algunas voces avezadas en la temática entienden que este es un claro revés de la Corte hacia la administración pública dado que existen grandes posibilidades de que se inicie un efecto “cascada” con los cientos de casos presentados y sea imposible cuantificar.

 

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Fallos laborales

Llega a la Corte el caso del trabajador despedido por decirle “miau” a Macri

Fue echado de una subcontratista de General Motors sin recibir indemnización, bajo el argumento de “pérdida de confianza”.

Mundo Gremial

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Ariel Horton es diseñador gráfico y en julio de 2017 fue despedido de la empresa Interpublic por decirle “miau” al presidente de Mauricio Macri durante un evento en La Rural.

El joven fue echado de la empresa subcontratista de General Motors sin recibir indemnización, bajo el argumento de “pérdida de confianza”.

Hace días, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo consideró que el trabajador incurrió en una burla de la investidura presidencial.

El fallo será apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el máximo tribunal se expedirá sobre la situación.

“No lo quería agredir pero tampoco iba a estar tranquilo conmigo mismo si dejaba que caminara, como si nada pasara, el responsable de un Gobierno negacionista que habló del ‘curro de los Derechos Humanos’”, explicó Horton en una entrevista realizada por Romina Calderaro para Página/12.

El trabajador, hijo de Miguel Ángel Horton, secuestrado y desaparecido durante la última dictadura cívico militar, sostuvo que, en caso que la Corte rechace su pedido, recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Después del paso del presidente por el stand de General Motors en el Salón del Automóvil (el último realizado hasta la fecha, tras la suspensión, por la crisis del sector automotriz, del que se debía haber realizado en 2019), donde Horton se encontraba desempeñando funciones profesionales para la empresa donde trabajaba, los jefes lo invitaron a retirarse del lugar y a los pocos minutos lo llamaron por teléfono para increparlo y pedirle la renuncia.

Ante su negativa, fue echado sin pagarle la indemnización correspondiente.

“Estaba movilizado por tener que cruzarme con un tipo que discutía el número de desaparecidos, que hablaba del curro de los Derechos Humanos. Recordemos también que Elisa Carrió, miembro del gobierno, pedía prisión domiciliaria para los pobres viejitos genocidas. Era un combo. Y yo hacía relativamente poco tiempo había recibido el legajo “reparado” del laburo de mi viejo, que era ferroviario. En el legajo de su empresa hasta ese momento figuraba “abandono del puesto de trabajo” y en realidad lo secuestraron y hoy sigue desaparecido”, detalló Horton.

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