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INFORMACIÓN GENERAL

Custodios se movilizan en Mar del Plata contra los tarifazos

Para el SUTCA, el nuevo aumento en las tarifas públicas es “salvaje, anticonstitucional y confiscatorio”.

Mundo Gremial

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El Sindicato Unidos Trabajadores Custodios Argentinos (SUTCA) se movilizará en Mar del Plata este jueves 24 de enero para “repudiar los salvajes e inconstitucionales” aumentos en los precios de servicios públicos, según reza un comunicado de prensa emitido por la entidad.

Será en el marco de la tercera Marcha de Antorchas, dentro del plan de acción que comenzó en la Ciudad de Buenos Aires y continuó en Rosario impulsado por el Frente Sindical para el Modelo Nacional y las CTA.

La organización sindical que representa a Custodios y Trabajadores de Seguridad Privada y que a nivel nacional conduce Christian López se manifestó de manera contundente: “Es salvaje, anticonstitucional y confiscatorio. Representa una transferencia más de recursos desde los sectores populares a las empresas de servicios públicos”.

En un comunicado, repudiaron que “desde el 2016 a esta parte aumentaron un 3624% la luz, 2401% el gas, 1025% el agua corriente, 201% el tren y un 494% el colectivo. Y hablamos de un promedio, ya que como es de esperar en las categorías más bajas el incremento fue mayor. En ese mismo período el salario de un trabajador de seguridad privada se incrementó en un 98% mientras que la inflación fue de un 114%”.

Y agregó: “no hay que dejar de ver que la manera de medir del INDEC es deliberadamente maliciosa, con mecanismos que buscan esconder el verdadero impacto sobre los trabajadores. Por ejemplo, la compra de indumentaria, ropa básicamente, tiene una influencia mayor que los gastos en servicios públicos como luz y gas. Ojalá pudiéramos gastar las astronómicas cifras que se escapan en el pago de los servicios públicos mensualmente en vestimenta”.

El SUTCA sostuvo que el nuevo aumento es inconstitucional “porque afecta derechos constitucionales; a la propiedad, a la garantía de razonabilidad y al interés económico de usuarios y consumidores (Art. 42 CN). También vulnera sentencias de la Corte Suprema de Justicia”.

“El Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos (…) resulta claro que el hombre no debe ser objeto de mercado alguno, sino señor de todos éstos, los cuales sólo encuentran sentido y validez si tributan a la realización de los derechos de aquél y del bien común. De ahí que no debe ser el mercado el que someta a sus reglas y pretensiones las medidas del hombre ni los contenidos y alcances de los derechos humanos. Por el contrario, es el mercado el que debe adaptarse a los moldes fundamentales que representan la Constitución Nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de jerarquía constitucional, bajo pena de caer en la ilegalidad” (Fallos: 327:3677).

Para concluir, se argumentó otro de sus afirmaciones: el aumento confiscatorio “porque directamente las tarifas son impagables, empujan al cierre a miles de empresas disparando la desocupación y producen el hecho inédito en donde las familias deben tomar créditos para el pago de los servicios a intereses exorbitantes. Si no lo frenamos, esto termina en catástrofe”.

“Imploramos que el presidente utilice esa “sensibilidad” que lo caracteriza para abordar esta problemática, como lo hizo cuando compensó a las empresas del Gas por la “pérdida de rentabilidad causada por la devaluación” o más recientemente, a las concesionarias de autopistas, que se las compensó también frente a la “pérdida de circulación de automóviles”, originada casualmente en el aumento desproporcionado de peajes y el alza de combustibles”, finalizó el comunicado.

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Cerraron 33 mil kioscos durante el gobierno de Macri

Lo aseguró la Unión de Kiosqueros de la República Argentina. Es producto de la fuerte caída en ventas.

Mundo Gremial

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El líder de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), Adrián Palacios, denunció que “con la caída de las ventas han cerrado muchos kioscos a nivel nacional” para ser más precisos anunció que “33 mil kioscos fueron cerrados en el gobierno de Mauricio Macri”.

Y aseguró que el Gobierno “por supuesto lo ha hecho a propósito contra la clase trabajadora, las Pymes. A los comercios no les ha tirado ningún centro y donde terminamos afectados, el consumo interno se derrumbó y el efecto es que cierran hasta las multinacionales”.

“El termómetro lo tenemos a diario el que hacía changas hoy no la hace y viene a pedir fiado en nuestro kiosco. Es el dueño del kiosco que no le da fiado cigarrillos ni bebidas alcohólicas, le da un paquete de fideos, un paquete de arroz, una lata de tomate y un quesito rayado para que ese vecino al que conoce hace 40 años en el barrio, pueda enfrentar la situación como desocupado o jubilado, porque este gobierno les ha quitado todo. Desde los jubilados hasta los jóvenes ha quitado la comida de la boca”, dijo en diálogo con Agencia Comunas.

En este marco remarco que “hasta el día de hoy viene a pérdida la carga de SUBE en los kioscos porque es un débito y solo se utiliza para el transporte público. Por eso le pedimos a este gobierno varias soluciones, pero no aceptaron ninguna de nuestras propuestas”.

Por último, aseguró que con “el próximo gobierno de Alberto y Cristina los reclamos van a ser los mismos y vamos a tratar de que sea una política de Estado la carga de la SUBE para el transporte público y también en las provincias, donde una de las propuestas que hicimos era que el Banco Nación, y los bancos provinciales que son públicos tomen lo que es el crédito de la carga de transporte público y se lo otorguen al dueño del Kiosco como un crédito y después el kiosquero deposite lo que consume y necesite para su comercio”.

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Tandil: Una céramica suspendió a 40 empleados y amenaza con despidos

La ladrillera, asegura que no está en condiciones de hacerse cargo de los costos, sobre todo de las tarifas de luz y gas, como consecuencia de la caída en las ventas, por ende dejaran de producir ladrillos.

Mundo Gremial

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Como consecuencia de la caída de las ventas, la Cerámica Loimar, ubicada en Tandil, anunció a sus trabajadores que dejará de producir, por ende ya son cuarenta los suspendidos y hay amenazas de despidos. La cartera de Trabajo de la Provincia, dictó la conciliación indagatoria por 15 días.

Alberto Algañaraz, delegado de la planta, señaló: “Hemos venido para denunciar el apagado del horno de planta que es el que fabrica ladrillos” y agregó que el miércoles pasado, mantuvieron una reunión, en la cual “nos comunican que piensan trabajar con el horno de planta C, que es el que produce pisos. Hablan de hacerlo a full para poder seguir sosteniendo la empresa”, informó portal local El Eco.

El ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires intervino y dictó el inicio de un período de conciliación obligatoria en el conflicto en Loimar, que las partes deberán acatar por quince días mientras se avanza en un proceso de negociación.

Encargados de la plata informaron que “van a llegar cerca de 40 suspensiones y que podría llegar a haber desvinculaciones, hablaban de 10, 11 ó 13”.

En este sentido, los trabajadores de la ladrillera decidieron que en cuanto les informen del primer despido irán a paro y no descartaron adelantar la medida a partir del impacto que genera la notificación de los telegramas que confirman las suspensiones.

 

 

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Empresa tabacalera cerró su fábrica en Goya y dejó 220 trabajadores en la calle

Massalin Particulares llevaba más de 60 años de trabajo en la provincia correntina.

Mundo Gremial

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La compañía tabacalera Massalín Particulares anuncío el cierre de su fábrica en la localidad correntina de Goya,  a través de un comunicado y dejará sin trabajo a 220 familias. La empresa adujo la medida a la caída de ventas y a la presión fiscal.

La firma, que se encuentra afiliada a la reconocida marca Philip Morris Internacional afirmó que “lamenta verse obligada a desvincular a alrededor de 220 empleados que desarrollaban actividades en el establecimiento que operó por más de 65 años”.

Al mismo tiempo, desde Massalín Particulares anunciaron que mudarán todas las líneas de producción a la planta ubicada en la localidad bonaerense de Merlo, la cual recibirá unos 30 operarios relocalizados.

“Todas las desvinculaciones se harán con absoluto respeto de la legislación laboral. Adicionalmente a los paquetes indemnizatorios, la compañía otorgará beneficios para los trabajadores despedidos y está colaborando en la puesta en marcha de un plan de asistencia a la comunidad de Goya”, aclararon en el comunicado.

La empresa es la compañía líder de cigarrillos en el país. Cuenta con 2.100 trabajadores, además de los centros de compra y acopio de tabaco en distintas provincias. Además cuenta con una planta de procesamiento de tabaco en Rosario de Lerma, Salta.

Desde la compañía también argumentaron que las empresas de la actividad que cumplen con los requerimientos fiscales en el país, soportan “una carga fiscal de casi el 80% del precio de venta al consumidor”, lo que implica una de las presiones tributarias más fuertes del mundo.

Explicaron, en consecuencia, que la ventas se redujeron considerablemente debido al “aumento de la participación de mercado de empresas que no pagan los impuestos correspondientes”, avaladas por medicas cautelares otorgadas por la Justicia Federal.

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