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Crece la tensión en el conflicto de la línea 60

La viceministra de Trabajo, Noemí Rial, dictó la conciliación obligatoria a partir de las 18 del martes y por un plazo hábil de 15 días en el conflicto que por diferencias salariales mantienen los trabajadores de la línea 60 y la empresa.

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Sin embargo, los trabajadores resolvieron en el marco de una asamblea no acatar la medida y continuar con el paro.

Rial confirmó que junto con el secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi -según las resoluciones 123 y 195 de Trabajo y Transporte, respectivamente- «se intimó a la empresa a no adoptar represalias, se impuso una auditoría contable para liquidar de forma correcta esas diferencias salariales y se decidió que en el plazo de 5 días la compañía abone 600 pesos a cada trabajador a cuenta de esa supuestas erróneas liquidaciones».

La funcionaria detalló que la secretaría de Trabajo y Schiavi rubricaron ambas resoluciones en procura de poner fin a «este grave conflicto», y advirtió que en aras de «la necesaria paz social, Trabajo intervino de manera decidida ante la situación planteada».

Trabajo y Transporte intimaron a la Unión Tranviarios Automotores (UTA), a levantar de forma inmediata la protesta y a la empresa a no adoptar represalia alguna como consecuencias del conflicto originado desde las 6 de la mañana del lunes en Línea 60.

A la vez, en la auditoría contable decidida por Rial y Schiavi fueron convocados a colaborar dirigentes de la UTA y de la propia empresa, funcionarios del área de Trabajo y también de la Comisión Nacional del Transporte (CNRT).

En ese marco, Rial dejó en claro que a pesar del trámite de auditoría «no se trata de ninguna manera de una intervención a la compañía».

La viceministra aseguró que en el plazo de 5 días, los trabajadores deberán percibir 600 pesos a cuenta de la liquidación definitiva de supuestas erróneas liquidaciones salariales en concepto de vacaciones y horas extras, aunque especificó que de no existir anomalías en esas liquidaciones, las sumas serán posteriormente descontadas.

Rial también aclaró que teniendo en cuenta «la gravedad y circunstancias del conflicto, la empresa estará recién en condiciones de ofrecer otra vez sus servicios a partir del jueves».

Las negociaciones llevadas adelante por Trabajo en pos de destrabar el conflicto se desarrollaron desde las 10 de la mañana, en principio a cargo del subdirector nacional de Negociación Colectiva de la cartera laboral, Adrián Caneto. El funcionario laboral, en medio de las arduas negociaciones hasta la apertura de un cuarto intermedio, advirtió que «el conflicto viene de arrastre del pleito anterior, aunque se creyó superado», y puntualizó que su origen fue «la errónea o parcial liquidación de diferencias salariales», según denunciaron otra vez hoy los trabajadores.

«En aquel momento (el primer conflicto) el punto central radicó en la liquidación por vacaciones y, ahora, se sumó al reclamo la errónea liquidación de extras y otros adicionales», dijo Caneto.

Explicó también que ante «el sorpresivo paro decidido ayer, Trabajo se contactó con la Unión Tranviarios Automotor (UTA), con la empresa y con algunos delegados e intentó reunirlos el lunes por la noche, lo que no fue posible recién hasta las 10 de este martes» en Callao al 100.

Caneto subrayó que en ese encuentro «cada una de las partes explicitó sus demandas y posiciones y, la compañía, negó que adeude diferencias salariales o que haya liquidado mal».

«Sin embargo, no es posible dejar de lado los hechos de violencia, que generaron una reunión más tensa que lo habitual», reconoció el funcionario, quien desde el comienzo de la negociación propuso «el levantamiento de las medidas de fuerza y que la compañía abone una suma a cuenta de una nueva reliquidación, esta vez auditada», lo que finalmente dispuso la cartera junto a la Secretaria de Transporte.

Luego de estudiar diversas alternativas, a las 16.30  se dispuso un cuarto intermedio hasta que finalmente la viceministra Rial dictó la conciliación, y con ella designó además una nueva auditoría e intimó a la firma a pagar una suma a cuenta de posibles erróneas liquidaciones.

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