Carlos Alvarado, asumió la presidencia hace cuatro meses y debe enfrentar desde este lunes su primera huelga general indefinida en el sector público. La medida de fuerza tiene un fuerte impulso por parte de los sindicatos de educación, salud y energía quienes unidos solicitan al ejecutivo que retire de la discusión parlamentaria un proyecto de de reforma fiscal que consideran afectara gravemente a los sectores medios y bajos de la población.
El proyecto denominado Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas plantea entre otras medidas la modificación del IVA manteniendo la misma alícuota pero ampliando la cantidad de productos y servicios gravados. También se prevé el aumento sobre el impuesto que grava la renta, la renta de capital, también se establecen reducciones en el gasto, en especial lo relacionado con ciertos pluses salariales dentro del sector público.
De esta forma se quiere enfrentar al déficit fiscal proyectado al 7,1 por ciento del PIB en 2018 y la deuda que superará el 50 por ciento del PIB que en consideración del gobierno son los grandes temas a enfrentar por esta gestión.
Este martes el gobierno intenta frenar la huelga solicitando la declaración de ilegalidad de la medida en 24 instituciones del gobierno central y otras dependencias descentralizadas. Los pedidos de ilegalidad fueron presentados en los Juzgados de Trabajo y la Procuraduría General de la República. En el supuesto de obtener la declaración por no cumplir los requisitos mínimos establecidos en la ley el gobierno descontaría los días de huelga y habría despidos. Los sindicatos que ya fueron llamados al dialogo exigen conformar una mesa junto al presidente, varios ministros, jefes de los bloques legislativos y la iglesia católica.
