Los trabajadores de las cadenas de comidas rápidas KFC y Wendy’s reclamaron la falta de pago de salarios y el medio aguinaldo de junio.

Las quejas fueron presentadas ante el Sindicato de Pasteleros de la Ciudad y Gran Buenos Aires que rápidamente inició acciones ante el ministerio de Trabajo y las autoridades de las firmas.

KFC y Wendy’s adeudan parte de los sueldos desde el inicio de la cuarentena obligatoria e incumplieron con el pago en tiempo y forma del salario anual complementario (SAC).

Ante las denuncias de los trabajadores, el gremio de Pasteleros que conduce Luis Hlebowicz, avanzó en presentaciones formales para exigir el cumplimiento de las obligaciones como empleador generando un espacio de diálogo entre los empleados y representantes de la empresa.

La reunión se concretó el pasado jueves al mediodía en la Escuela de Pastelería del sindicato con participación de unos 30 trabajadores y trabajadoras, miembros de las marcas e integrantes de Comisión Directiva y asesores legales de Pasteleros.

En el encuentro, realizado bajo estricto cumplimiento de distanciamiento social y protocolos sanitarios (de acuerdo a la superficie del espacio destinado se permitió sólo la participación de 30 personas), tuvo como objetivo acercar posiciones y esclarecer la situación que generó conflicto en los distintos locales de las cadenas de servicios rápidos.

Los representantes de la empresa se comprometieron a dar una respuesta por escrito, a más tardar el próximo martes 14 de julio, al petitorio efectuado por el sindicato y el conjunto de trabajadores y trabajadoras.

Por parte de Pasteleros se hicieron presentes el Secretario de Organización Gremial de Buenos Aires, Marcelo Gasso, los abogados Leandro Laurito y Paulo Martínez, junto a otros colaboradores del sindicato.

Al finalizar la reunión, los trabajadores agradecieron la rápida intervención del gremio y la participación activa y fuerte en representación de los derechos de los empleados.

Además de la gestión en privado ante la empresa, la organización generó una denuncia ante el ministerio de Trabajo para oficializar los reclamos “quedando a la espera de una pronta respuesta de la cartera laboral y la consecuente convocatoria a audiencia”, explicó el gremio.

Organizaciones sindicales, políticas y sociales se movilizaron este jueves en caravana en Rosario en defensa de los puestos laborales de la empresa Vicentin y en apoyo a la intervención del Gobierno nacional en la compañía.

Los representantes de más de 30 organizaciones comenzaron la jornada coordinada por el Sindicato de Aceiteros local con una concentración en la plaza San Martín, ubicada frente a la sede gubernamental de Rosario.

“Esta jornada de lucha se da en el marco de un ‘ruidazo’ nacional convocado por los compañeros de Vicentin en (la localidad santafesina de) Avellaneda”, dijo a Télam, Marco Pozzi, del sindicato local de aceiteros.

A la izquierda, Daniel Yofra, titular de la Federación de Trabajadores Aceiteros

Pozzi agregó que “es fundamental que se asegure la continuidad laboral de todos los trabajadores de Vicentin y acompañar la intervención, que permitiría al Estado tener una empresa testigo para fijar los precios de la canasta básica de alimentos en búsqueda de la soberanía alimentaria, y apoyar también a los pequeños productores comunitarios o barriales”.

Además, insistió con el reclamo gremial de que “se investigue el ‘toco de guita’ que se llevaron los dueños de Vicentin en la última etapa del macrismo, que fue acompañada por el despido de unos 50 trabajadores”.

Posteriormente, los manifestantes se dirigieron a la Terminal del Puerto Rosario exhibiendo banderas y consignas en una caravana de unas siete cuadras y terminaron en el Monumento Nacional a la Bandera.

Vicentin. Parte de la dirigencia sindical y política que respaldó la caravana en Rosario

“El 9 de julio de 1816 fue proclamada la independencia de Argentina en Tucumán y no es casual que nos encontremos hoy acá defendiendo los valores de la libertad, la igualdad, la independencia y la soberanía”, expresaron los dirigentes en un documento conjunto que hicieron público en el acto.

Los manifestantes agregaron que se decidió “culminar la caravana y hacer el acto en el Monumento porque tiene una gran fuerza simbólica”. El documento resaltó que “la familia Vicentin ocupa el puesto 26 entre las 50 más ricas de Argentina, con una fortuna de 560 millones de dólares” y expresó su “respaldo” a la intervención oficial en la empresa.

“Saludamos el hecho de que el Estado intervenga con una empresa testigo en el mercado de carne y de granos, un sector estratégico en la economía nacional que, al día de la fecha, se encuentra mayormente extranjerizado”, añadió la misiva conjunta.

La Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) informó que uno de los principales ejes de la campaña nacional “Distribuir la riqueza para salir de la crisis”, que lanzó la semana anterior, debe ser “un salario universal de 17 mil pesos que garantice el acceso a bienes y servicios para la vida saludable”.

La central obrera que lideran Ricardo Peidro, Hugo Godoy y Claudia Baigorria indicó en un comunicado que el salario universal representa “una política pública de justicia redistributiva y una eficaz medida para resolver los problemas de la pobreza e indigencia”, ya que “la etapa neoliberal de la crisis del capitalismo llevó al país a situaciones verdaderamente dramáticas”.

“La gran mayoría de trabajadores fue precarizada y empujada a la pobreza e indigencia. El peso perdió un 82 por ciento de su valor respecto del dólar desde 2015. El gobierno de Mauricio Macri terminó con un 35,4 por ciento de pobreza y con un desempleo por encima del 10 por ciento”, puntualizaron los dirigentes.

Entre los principales ejes de la Campaña Nacional “Distribuir la riqueza para salir de la crisis”, proponemos establecer un Salario Universal.

Se trata de una renta básica que garantice el acceso a bienes y servicios indispensables para una vida saludable. pic.twitter.com/J4SSmrKw3c

— CTA Autónoma Nacional (@CtaAutonoma) July 8, 2020

La CTA Autónoma explicó que esa propuesta fue pensada como universalización de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a 4 mil pesos, sin “los condicionamientos que hoy dejan afuera a unos 4 millones de menores”, y debe ser articulada con “un salario universal de 17 mil pesos para la totalidad de la población que supere los 18 años y hasta los 65 años”, señaló el documento.

El salario universal es “una política pública de justicia redistributiva y una medida eficaz para resolver los problemas de pobreza e indigencia, y servirá para estimular la reactivación del mercado interno a través del consumo y la producción, además de reconocer como trabajo aquellas tareas indispensables para la vida como las de cuidados y las comunitarias, entre otras”, concluyó.