El anunciado paro de la UTA para el próximo lunes finalmente quedó suspendido por la conciliación obligatoria por 10 días anunciado por el gobierno: detrás del conflicto salarial y el sempiterno pedido de vacunación para otro “sector esencial” de la pandemia, se esconde el millonario reclamo de las empresas de autotransporte del AMBA que este año tenían proyectado subsidios por 90 mil millones pero ante el congelamiento tarifario y la suba de costos, reclaman una mayor asistencia del estado.
“El problema es que el aumento del boleto de marzo no se dio, sigue en $20 el mínimo, porque es el que mide el Indec y no quieren que impacte en la inflación. También aumentaron los costos operativos de repuestos que cotizan a valor dólar y hace un año no hay actualización. (El ministro de Transporte) Meoni siguen sin reconocerlos. Lo que temen es que como ocurre siempre aparezca la plata para la paritaria y no para solventar los costos operativos”, destacó, por su parte, una fuente del sector empresario.
En este contexto, pasado el mediodía el ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por el conflicto suscitado entre la UTA y las empresas de transporte que se encuentran asociadas a la Federación Argentina de Transporte por Automotor de Pasajeros (FATAP), los convocó a negociar y fijó una audiencia “virtual” para jueves 29 de abril a partir de las 12.
El gremio pide una recomposición salarial para hacer frente a la inflación, de $71 mil retroactivo a enero (hoy está en $61), de $80 mil de básico a partir del 1° de abril más una suma no remunerativa de $16 mil. Pero además, la entidad conducida por Roberto Fernández insistió en reclamar la vacunación contra el covid para sus afiliados ante el contagio de unos 1110 trabajadores de los cuales 20 perecieron a causa de la enfermedad respiratoria.
Desde la agrupación opositora de la UTA, referenciada en Miguel Bustindui, sugirieron que la temprana convocatoria a la medida de fuerza buscaba forzar la intervención del Ejecutivo para dar tiempo a negociar a las empresas un mayor resarcimiento que les permitiera dar cuenta de los reclamos salariales. “El reclamo por la vacuna no es serio. No pueden conseguir aumentos sin esta maniobra, lo otro es más difícil”, azuzó un dirigente de esa línea gremial.
Ante un escenario de escasez de vacunas y un aumento exponencial de los contagios en el marco de la segunda ola de covid, cada vez más sindicatos reclaman la inmunización para sus trabajadores. Hasta ahora sólo Camioneros logró un éxito relativo: la vacunación de un grupo de recolectores de residuos y la inscripción de afiliados de otras ramas en trabajo conjunto con las autoridades bonaerenses.
Pero hoy los gremios ferroviarios La Fraternidad, la Unión Ferroviaria (UF), Señaleros (ASFA) y APDFA, volvieron a la carga con el reclamo y declararon el «estado de alerta de todo el personal ferroviario» ante «la falta de respuestas por parte de las autoridades nacionales de Salud y de Transporte para incorporar a los trabajadores al plan de vacunación contra el coronavirus». Desde el ministerio de Salud, a cargo de Carla Vizzoti, reiteraron que son las “jurisdicciones” las encargadas de decidir si incluyen o no a otros grupos prioritarios para aplicar las dosis preventivas contra esta enfermedad.
