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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Conciliación Laboral SA

Por Raúl Ferrara (abogado laboralista y columnista de Mundo Gremial)

Mundo Gremial

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Hace pocas semanas el senador provincial de Cambiemos, Gabino Tapia, presentó un proyecto de ley para crear la Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria (ICLO), destinada a la resolución de reclamos individuales y/o pluriindividuales que versen sobre conflictos de competencia de la Justicia del Trabajo de la Provincia, cuyo resultado, mirado desde el punto de vista del bien jurídico tutelado por el derecho laboral (el trabajador), no parece ser alentador.

Todos quienes nos relacionamos con el mundo del trabajo sabemos que el Derecho del Trabajo es, esencialmente, protectorio y dotado de un Orden Público Laboral que fija un piso mínimo de derechos irrenunciables. Ese principio tiene rango constitucional al expresar el art. 14 bis de la Carta Magna que las leyes “protegerán al trabajo en todas sus formas” y de ello se deriva que las leyes laborales fortalecen la posición del trabajador para equilibrar la desigual relación existente con su Empleador durante toda la relación contractual, y aún después de finalizada esta.

El conflicto de trabajo se desarrolla dentro de relaciones ordenadas jerárquicamente. Al empleador se le reconoce una potestad de mando y al trabajador un deber de obediencia. No es un conflicto entre iguales o entre quienes se miran como tales. La desigualdad de poderes es una cuestión estructural e inherente a la relación laboral e informa todo el conflicto laboral.

Si vamos a hablar de la conciliación en el ámbito laboral, también van a existir elementos que otorgaran características propias cuando se la aplica en esta materia.

El artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.774 y sus modificatorias), en su parte pertinente establece: “Los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios solo serán válidos cuando se realicen con intervención de la autoridad judicial o administrativa, y mediare resolución fundada de cualquiera de éstas que acredite que mediante tales actos se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes…”. Está claro que la norma establece que la participación en la instancia conciliatoria de la autoridad administrativa o judicial no es ni secundaria ni formal, si no muy por el contrario adopta un rol trascendental para garantizar al trabajador el entendimiento de los alcances del acto, su libertad de expresión, logrando de esta manera que no le queden dudas del significado real del acuerdo al que se ha arribado, liberándolo de cualquier tipo de presiones.

Hace casi 18 años el Dr. Rodolfo Aníbal González (Equipo Federal del Trabajo, “Ley 24.635: A cuatro años de la creación de SECLO”) expresaba que “El escenario judicial, ámbito donde antes se celebraban las audiencias o el del Ministerio de Trabajo, a pesar de su precariedad edilicia, infundía al trabajador un lógico sentimiento de protección; era el ámbito del Estado, al cual recurría para recibir la protección de sus derechos (…) Ya no hay bandera ni escudo en la puerta. Ni funcionarios en las oficinas. El reclamante concurre a un estudio jurídico privado. La eliminación de los símbolos tiene fundamental importancia tanto desde un aspecto psicológico como sociológico (…) el símbolo trae a la mente del sujeto receptor el concepto de la cosa significada.

El trabajador que acude para que se haga Justicia en su reivindicación, se encuentra de pronto en una reunión de abogados, donde “juega de visitante” y el empleador de “local”. La importancia de estas circunstancias la conoce cualquier estudiante de psicología. Todos nos damos cuenta, aplicando un mínimo de sentido común. El conciliador, por más buena voluntad que ponga en su gestión, no es un funcionario administrativo o judicial.

Ello se ve favorecido por las urgencias económicas de los reclamantes en época de crisis y desocupación. Se juega y especula con esta realidad ofertando sumas irrisorias. Se reiteran argumentos sobre la lentitud de la Justicia; el remanido y lamentable “más vale un mal arreglo que un buen juicio”, expresado por abogados que mancillan su profesión; la amenazante manifestación de una inminente cesación y desaparición de la empresa”.

Creemos juntamente con la Dra. Hilda E. Bustamante Ojeda (Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social, 2008 A, pag. 232/233), “que resulta razonablemente criticable la delegación de la función conciliatoria en sujetos privados, cuya retribución depende en buena medida de que las partes lleguen efectivamente a un acuerdo con el riesgo de que no se arribe a una solución justa del conflicto”.

El éxito de una conciliación no se mide solo por el logro de un acuerdo, sino porque además sea un buen acuerdo.

Es cierto que existe una crítica que muchos juristas realizan y en la que basan la instauración de estas vías alternativas de solución de conflictos, en cuanto a que nuestros tribunales, con su estructura actual no pueden resolver los conflictos individuales con la celeridad que se merecen, haciendo notar que la duración promedio de un juicio laboral es de tres años y medio.

Ante tal afirmación nos preguntamos ¿y en el caso de que, en esta instancia previa a la interposición de la demanda, no se llegara a ningún acuerdo?, ¿Cuánto demoraría el juicio laboral?… ¿cuatro años tal vez? Y en tal caso ¿Dónde queda el carácter alimentario de las remuneraciones del trabajador? ¿Quién se beneficia al compeler al trabajador a una instancia previa?

Sin dudas es el empleador quién aumenta su poder negocial y minimiza con el paso del tiempo sus costos laborales. El trabajador… bien, gracias.

¿Cuál sería entonces la alternativa a ese sistema de mediación privatizada y obligatoria que proponen algunos sectores?

Por un lado, aquel que garantice debidamente la libertad y voluntariedad de sometimiento a la instancia previa por parte del trabajador pero que, a la vez, faculte a la autoridad administrativa del trabajo a compeler la asistencia del empleador. Vale decir, un sistema en el que la comparecencia del mismo sea obligatoria, pero sólo ello, en tanto a partir de ese momento la voluntad negocial y conciliatoria requiere del acuerdo de ambas partes.

Por el otro, su realización en un ámbito imparcial, en el que la autoridad administrativa tenga un rol activo y protagónico en la solución del diferendo y no una mera intervención como “controlador formal” de la actividad conciliatoria que realizan terceros en un ámbito ajeno al del propio Estado.

La Provincia de Buenos Aires, cuenta con los elementos tanto normativos como operativos para cumplir con esas dos premisas fundamentales para una solución efectiva de los conflictos individuales y pluriindividuales del trabajo mediante la conciliación.

Así, la Ley 13.757, en su art. 23 establece: “Le corresponde al Ministerio de Trabajo…: inc. 4- Intervenir en el tratamiento de los conflictos individuales o colectivos de trabajo públicos, provinciales o municipales y privados, ejerciendo facultades de conciliación y arbitraje con arreglo a las normas aplicables…”

Por su lado, la Ley 10.149 en su art. 3, dispone que tiene a su cargo el conocimiento de las cuestiones vinculadas con el trabajo en todas sus formas y especialmente: inc. a) Intervenir y decidir en la conciliación y arbitraje de las controversias individuales del trabajo y en los de instancia voluntaria; estableciendo a su vez en su art. 7 la obligatoriedad en la asistencia a la primera audiencia y el apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública sin perjuicio de las sanciones que pudieran aplicarse (art. 8)

Tales atribuciones legales otorgan a la cartera laboral la entidad de verdadera casa de los trabajadores, encargada de velar por sus derechos y que los mismos no sean vulnerados.

En los aspectos operativos, el Ministerio de Trabajo provincial cuenta con cuarenta y seis (46) Delegaciones Regionales de Trabajo y Empleo y llegó a tener hasta hace poco tiempo otras tantas subdelegaciones distribuidas a lo largo y a lo ancho de la provincia estableciendo un cercano y estrecho vínculo con la población y el personal con experiencia para el abordaje de las mismas.

Salvo que la idea de la actual gestión sea el desmantelamiento de la administración laboral (hecho que se infiere del cierre de varias dependencias en estos 3 años) no se advierte la necesariedad de “privatizar” esta función del estado de trascendental importancia. El impulso oficialista a un proyecto de estas características en vez de potenciar y dotar de mejores recursos a un servicio que ya existe y que se autofinancia con las tasas retributivas que se abonan en cada acuerdo, trasuntan la voluntad política de generar un negocio privado sacrificando los principios del derecho del trabajo y, en definitiva, al trabajador y al sentido de justicia.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Regularización de Trabajadores Informales: un proyecto de blanqueo que destiñe

Por Raúl Ferrara, abogado laboralista, docente de Derecho Sindical III para la Diplomatura Universitaria en Actividad Sindical de la UNLZ y columnista de Mundo Gremial

Mundo Gremial

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Dentro del repertorio de frases populares hay una que podría definir la insistencia del gobierno en promover un régimen general de regularización de trabajadores informarles… la archi conocida: “No hay dos sin tres”.

Recordemos que el ejecutivo a través del otrora Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social encabezado entonces por el Lic. Jorge Triaca y envalentonado con el victorioso resultado electoral de 2017, envió un proyecto ómnibus de reforma laboral que recorría variados institutos del derecho del trabajo pero que, en particular, destinaba uno de sus capítulos a la informalidad laboral y la evasión en la seguridad social.

El enorme costo político de la sanción de la reforma previsional en medio de los tristes episodios de violencia en las inmediaciones del Congreso Nacional sumados al fuerte rechazo de los sectores más combativos del sindicalismo y de duros cuestionamientos por parte de jueces del trabajo y abogados laboralistas obligaron al gobierno a resignar su deseo de obtener el triplete de Reforma de Previsional, Laboral y del Sistema de Riesgos de Trabajo en 2017.

Ya en 2018, la estrategia del gobierno tránsito otro carril, pero el mismo sentido de circulación: tomó el proyecto original, eliminó algunos institutos, efectuó otras correcciones menores y lo dividió en 3 proyectos distintos (de dudosa técnica legislativa) que fueron ingresados hace casi un año por el Senador Pinedo.

La controversia se mantuvo durante todo 2018 y ninguno de los tres proyectos logró los consensos en los sectores políticos, sindicales y académicos. En el medio se produjo la salida de Triaca, la degradación del área laboral y su subordinación a la cartera de producción, ocupando el centro de la escena la estrella emergente del gabinete Dante Sica.

En este año electoral y con el FMI condicionando los desembolsos a la implementación de medidas de ajuste, el gobierno parece decidido a no aceptar una nueva derrota y optó por acotar aún más el alcance de las versiones 2017 y 2018, para lo cual el pasado viernes 05 de abril, por medio del Senador Basualdo, ingresó el proyecto que denominó como de “Regularización del empleo no registrado, lucha contra la evasión en la seguridad social, registración laboral

En términos generales, el proyecto recrea la lógica de los anteriores: establecer un periodo de un año para que los empleadores que tienen trabajadores informales los registren, para lo cual establece incentivos y beneficios de distinto calibre.

Ahora bien, ¿cuáles son los incentivos?, ¿quién los financia? ¿qué diferencias existen con los proyectos anteriores para que el gobierno considere que en este caso logrará la ansiada aprobación?

En primer lugar, repite los incentivos que contemplaban los proyectos 2017 y 2018: extinción de la acción penal por evasión previsional y de todas las multas en cualquier estado por emplear trabajadores en negro, baja del REPSAL y condonación de deudas por aportes y contribuciones a la seguridad social de los trabajadores que se regularizan.

A diferencia de los proyectos anteriores, que establecían condonación total durante los primeros 180 días de vigencia y parcial (70%) durante los 180 días siguientes, el nuevo proyecto establece la condonación total durante el año de vigencia del sistema.

A este nada despreciable perdón total de deudas le agrega la “Promo 2019”: el beneficio de eximir al empleador por dos años de abonar contribuciones respecto de los trabajadores que se regularizan. Ud. se preguntará: ¿y con el trabajador que pasa?

Claramente la primera consecuencia es que pasa a estar “en blanco”, es decir registrado con acceso a la seguridad social. Recordemos que, en el país, aprox. el 50% del empleo privado se da en situaciones de informalidad.

Sin embargo, el proyecto 2019 mantiene el tope de 60 meses al reconocimiento a los fines previsionales del trabajador regularizado. Es decir que los trabajadores con mas de 5 años de trabajo en negro serán quienes en gran medida “subsidien” con ese límite arbitrario el blanqueo de las deudas de sus empleadores.

Se destaca como una mejora que el reconocimiento se realiza sobre la base del salario promedio inicial de convenio colectivo aplicable mientras que en los proyectos anteriores apenas lo era sobre el devaluado Salario, Mínimo Vital y Móvil.

Junto a estas modificaciones se agregan otras relacionadas con el régimen de agravamientos indemnizatorios que contempla la Ley 24013 para el trabajo informal, otras con el sistema de otorgamiento de certificados de trabajo y otras con la incorporación de un régimen de exención de contribuciones patronales por dos años a todos los nuevos puestos de trabajo.

Con estos datos podemos sostener que el proyecto del Senador Basualdo, incurre en los mismos errores y omisiones de los proyectos anteriores. Por un lado, exagera en los beneficios otorgados al evasor sin que se advierta un correlato u equilibrio con los beneficios que se le reconocen al trabajador. La muestra acabada de ello es que mientras al empleador se le licua toda la deuda de todos los periodos y se le otorga el beneficio adicional de 2 años de exención de contribuciones futuras, al trabajador se le pone un tope temporal y salarial al reconocimiento de derechos.

Pero lo que es más grave: el proyecto no contempla ningún resguardo para evitar que el trabajador “blanqueado a costo cero” sea despedido al día siguiente de regularizado en el marco de la ley.

La inexistencia de una prohibición de despido por un periodo determinado de ese trabajador (y que razonablemente debería tener alguna relación con su antigüedad real) es la llave maestra de un mecanismo creado más para licuar deudas previsionales que para la regularización de trabajadores informales. En estas cuestiones no hay margen para la ingenuidad y menos aun cuando todos los indicadores laborales señalan que este año el desempleo seguirá creciendo, superando cómodamente los dos dígitos.

En cualquier caso, y aun cuando se corrigieran estos aspectos del proyecto, lo cierto es que el gobierno sigue proponiendo medidas que por un lado no atacan la enfermedad sino los síntomas y por el otro van a destiempo de la realidad. Pretender resolver el problema de un trabajo informal que alcanza el 35% (50% si tomamos solo al sector privado) con un sistema de incentivos es hacer voluntarismo. La verdadera batalla contra el empleo en negro debe darse combatiendo a la economía en negro de la cual es uno de sus síntomas, sin que el proyecto contenga una sola medida en ese sentido.

Y, por otro lado, proponer incentivos para la formalización de trabajadores con una economía recesiva e inflacionaria, que cada día crea más desocupados y en la que cierran 30 Pymes por día parece una ironía o un cinismo supino: nadie blanquea trabajadores si esta pensando en cerrar o reducir plantel salvo que justamente lo haga para despedir a bajo costo, como ya analizamos más arriba.

En definitiva, veremos si este nuevo proyecto de cambiemos sigue la suerte de los anteriores o si, como dice también el refrán popular: “La tercera es la vencida”.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Así es el proyecto de blanqueo laboral que comienza a tratar el Senado

Es una iniciativa del senador oficialista Roberto Basualdo. Contiene 21 artículos y empieza a ser debatido en Comisiones. Qué propone.

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Desde las 16, el Senado de la Nación comenzará a tratar el proyecto de blanqueo laboral impulsado por el oficialismo.

El debate se iniciará en las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y en la de Presupuesto y Hacienda, con participación de representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT).

El proyecto de ley fue titulado “Regularización del empleo no registrado, lucha contra la evasión en la seguridad social y registración laboral” y fue presentado por el senador de Cambiemos, Roberto Basualdo.

Tiene como objetivo blanquear el empleo no registrado, impulsar la creación de nuevos puestos y reducir la litigiosidad.

Entre sus 21 puntos, la iniciativa legislativa propone otorgar un plazo de 365 días a los empresarios para blanquear trabajadores a cambio de una condonación del 100% de la deuda por capital, intereses, multas y punitorios.

A su vez, a los empleadores que contraten personal dentro del año desde la aprobación de la ley se les reducirán por dos años los aportes y contribuciones.

También plantea que se exima de multas a los empresarios y se los retire del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) si registran empleados.

Con respecto al trabajador, se le computarán hasta cinco años de aporte o la menor cantidad de meses por las que se los regularice.

Estos serán calculados sobre un monto mensual equivalente al promedio del salario básico inicial del convenio colectivo de trabajo del que se trate, establece el inciso d del artículo 2° del proyecto.

Para reducir la litigiosidad la norma establece el salario mínimo como unidad de medida para fijar el monto de una multa.

De esta forma al ser sencilla de calcular y unívoca no existe la necesidad de resolverla en la justicia.

EL PROYECTO DE LEY DE BLANQUEO LABORAL

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

La Juventud en la actualidad sindical

Por José Altamirano, delegado del Sindicato de Pasteleros y columnista de Mundo Gremial.

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De un tiempo a esta parte, los sindicatos han venido dando muestras notables de haber comprendido seriamente las palabras sabias de Juan Domingo Perón, cuando hablaba del trasvasamiento generacional, dando lugar a la formación constante de cuerpos de delegados y dirigentes cada vez más jóvenes.

El hecho que suele pasar por inadvertido en el día a día, no hace más que fortalecer el camino emprendido cada vez por más organizaciones gremiales, que entienden que la oxigenación que se consigue incorporando y dando lugar a los jóvenes trabajadores en los gremios ayuda al crecimiento institucional, acerca visiones más frescas de la realidad actual y amplían las posibilidades comunicacionales de manera exponencial con la sociedad en su conjunto.

De más esta decir que se ha podido observar que los espacios de juventudes sindicales han sido protagonistas en las últimas luchas y reclamos sociales de manera constante, muchas veces dando comienzo a medidas después acompañadas de manera general, siendo pioneros y también acompañando cada decisión tomada por la dirigencia gremial.

Ejemplos de sus participaciones son los casos que han sido de gran notoriedad como: la marcha contra la reforma previsional, las reiteradas manifestaciones en contra del tarifazo que han tenido lugar en el centro de la ciudad de Buenos Aires, han llevado hasta la Secretaria de Trabajo la preocupación que sienten los jóvenes al momento de querer ingresar al mercado laboral y no encontrar espacio; y la que parece ser la batalla del tiempo que nos toca, resistiendo la precarización laboral que buscan imponer desde las economías de aplicaciones, en el aeropuerto de Palomar movilizando contra Fly Bondi y apoyando y acompañando los despedidos por la empresa Pedidos Ya, desde el primer momento.

Como decía el Gral. Perón, no se trata de tirar un viejo por la ventana cada día, ni cerrar los sindicatos al ingreso de nuevos compañeros, sino de trabajar en conjunto cada jornada para comprender y enseñar, para poder seguir en defensa del modelo sindical argentino, baluarte y estandarte digno de encontrar a todos los trabajadores unidos en la misma causa nacional.

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