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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Conciliación Laboral SA

Por Raúl Ferrara (abogado laboralista y columnista de Mundo Gremial)

Mundo Gremial

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Hace pocas semanas el senador provincial de Cambiemos, Gabino Tapia, presentó un proyecto de ley para crear la Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria (ICLO), destinada a la resolución de reclamos individuales y/o pluriindividuales que versen sobre conflictos de competencia de la Justicia del Trabajo de la Provincia, cuyo resultado, mirado desde el punto de vista del bien jurídico tutelado por el derecho laboral (el trabajador), no parece ser alentador.

Todos quienes nos relacionamos con el mundo del trabajo sabemos que el Derecho del Trabajo es, esencialmente, protectorio y dotado de un Orden Público Laboral que fija un piso mínimo de derechos irrenunciables. Ese principio tiene rango constitucional al expresar el art. 14 bis de la Carta Magna que las leyes “protegerán al trabajo en todas sus formas” y de ello se deriva que las leyes laborales fortalecen la posición del trabajador para equilibrar la desigual relación existente con su Empleador durante toda la relación contractual, y aún después de finalizada esta.

El conflicto de trabajo se desarrolla dentro de relaciones ordenadas jerárquicamente. Al empleador se le reconoce una potestad de mando y al trabajador un deber de obediencia. No es un conflicto entre iguales o entre quienes se miran como tales. La desigualdad de poderes es una cuestión estructural e inherente a la relación laboral e informa todo el conflicto laboral.

Si vamos a hablar de la conciliación en el ámbito laboral, también van a existir elementos que otorgaran características propias cuando se la aplica en esta materia.

El artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.774 y sus modificatorias), en su parte pertinente establece: “Los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios solo serán válidos cuando se realicen con intervención de la autoridad judicial o administrativa, y mediare resolución fundada de cualquiera de éstas que acredite que mediante tales actos se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes…”. Está claro que la norma establece que la participación en la instancia conciliatoria de la autoridad administrativa o judicial no es ni secundaria ni formal, si no muy por el contrario adopta un rol trascendental para garantizar al trabajador el entendimiento de los alcances del acto, su libertad de expresión, logrando de esta manera que no le queden dudas del significado real del acuerdo al que se ha arribado, liberándolo de cualquier tipo de presiones.

Hace casi 18 años el Dr. Rodolfo Aníbal González (Equipo Federal del Trabajo, “Ley 24.635: A cuatro años de la creación de SECLO”) expresaba que “El escenario judicial, ámbito donde antes se celebraban las audiencias o el del Ministerio de Trabajo, a pesar de su precariedad edilicia, infundía al trabajador un lógico sentimiento de protección; era el ámbito del Estado, al cual recurría para recibir la protección de sus derechos (…) Ya no hay bandera ni escudo en la puerta. Ni funcionarios en las oficinas. El reclamante concurre a un estudio jurídico privado. La eliminación de los símbolos tiene fundamental importancia tanto desde un aspecto psicológico como sociológico (…) el símbolo trae a la mente del sujeto receptor el concepto de la cosa significada.

El trabajador que acude para que se haga Justicia en su reivindicación, se encuentra de pronto en una reunión de abogados, donde “juega de visitante” y el empleador de “local”. La importancia de estas circunstancias la conoce cualquier estudiante de psicología. Todos nos damos cuenta, aplicando un mínimo de sentido común. El conciliador, por más buena voluntad que ponga en su gestión, no es un funcionario administrativo o judicial.

Ello se ve favorecido por las urgencias económicas de los reclamantes en época de crisis y desocupación. Se juega y especula con esta realidad ofertando sumas irrisorias. Se reiteran argumentos sobre la lentitud de la Justicia; el remanido y lamentable “más vale un mal arreglo que un buen juicio”, expresado por abogados que mancillan su profesión; la amenazante manifestación de una inminente cesación y desaparición de la empresa”.

Creemos juntamente con la Dra. Hilda E. Bustamante Ojeda (Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social, 2008 A, pag. 232/233), “que resulta razonablemente criticable la delegación de la función conciliatoria en sujetos privados, cuya retribución depende en buena medida de que las partes lleguen efectivamente a un acuerdo con el riesgo de que no se arribe a una solución justa del conflicto”.

El éxito de una conciliación no se mide solo por el logro de un acuerdo, sino porque además sea un buen acuerdo.

Es cierto que existe una crítica que muchos juristas realizan y en la que basan la instauración de estas vías alternativas de solución de conflictos, en cuanto a que nuestros tribunales, con su estructura actual no pueden resolver los conflictos individuales con la celeridad que se merecen, haciendo notar que la duración promedio de un juicio laboral es de tres años y medio.

Ante tal afirmación nos preguntamos ¿y en el caso de que, en esta instancia previa a la interposición de la demanda, no se llegara a ningún acuerdo?, ¿Cuánto demoraría el juicio laboral?… ¿cuatro años tal vez? Y en tal caso ¿Dónde queda el carácter alimentario de las remuneraciones del trabajador? ¿Quién se beneficia al compeler al trabajador a una instancia previa?

Sin dudas es el empleador quién aumenta su poder negocial y minimiza con el paso del tiempo sus costos laborales. El trabajador… bien, gracias.

¿Cuál sería entonces la alternativa a ese sistema de mediación privatizada y obligatoria que proponen algunos sectores?

Por un lado, aquel que garantice debidamente la libertad y voluntariedad de sometimiento a la instancia previa por parte del trabajador pero que, a la vez, faculte a la autoridad administrativa del trabajo a compeler la asistencia del empleador. Vale decir, un sistema en el que la comparecencia del mismo sea obligatoria, pero sólo ello, en tanto a partir de ese momento la voluntad negocial y conciliatoria requiere del acuerdo de ambas partes.

Por el otro, su realización en un ámbito imparcial, en el que la autoridad administrativa tenga un rol activo y protagónico en la solución del diferendo y no una mera intervención como “controlador formal” de la actividad conciliatoria que realizan terceros en un ámbito ajeno al del propio Estado.

La Provincia de Buenos Aires, cuenta con los elementos tanto normativos como operativos para cumplir con esas dos premisas fundamentales para una solución efectiva de los conflictos individuales y pluriindividuales del trabajo mediante la conciliación.

Así, la Ley 13.757, en su art. 23 establece: “Le corresponde al Ministerio de Trabajo…: inc. 4- Intervenir en el tratamiento de los conflictos individuales o colectivos de trabajo públicos, provinciales o municipales y privados, ejerciendo facultades de conciliación y arbitraje con arreglo a las normas aplicables…”

Por su lado, la Ley 10.149 en su art. 3, dispone que tiene a su cargo el conocimiento de las cuestiones vinculadas con el trabajo en todas sus formas y especialmente: inc. a) Intervenir y decidir en la conciliación y arbitraje de las controversias individuales del trabajo y en los de instancia voluntaria; estableciendo a su vez en su art. 7 la obligatoriedad en la asistencia a la primera audiencia y el apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública sin perjuicio de las sanciones que pudieran aplicarse (art. 8)

Tales atribuciones legales otorgan a la cartera laboral la entidad de verdadera casa de los trabajadores, encargada de velar por sus derechos y que los mismos no sean vulnerados.

En los aspectos operativos, el Ministerio de Trabajo provincial cuenta con cuarenta y seis (46) Delegaciones Regionales de Trabajo y Empleo y llegó a tener hasta hace poco tiempo otras tantas subdelegaciones distribuidas a lo largo y a lo ancho de la provincia estableciendo un cercano y estrecho vínculo con la población y el personal con experiencia para el abordaje de las mismas.

Salvo que la idea de la actual gestión sea el desmantelamiento de la administración laboral (hecho que se infiere del cierre de varias dependencias en estos 3 años) no se advierte la necesariedad de “privatizar” esta función del estado de trascendental importancia. El impulso oficialista a un proyecto de estas características en vez de potenciar y dotar de mejores recursos a un servicio que ya existe y que se autofinancia con las tasas retributivas que se abonan en cada acuerdo, trasuntan la voluntad política de generar un negocio privado sacrificando los principios del derecho del trabajo y, en definitiva, al trabajador y al sentido de justicia.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

El lado grasa del Teletrabajo: Edenor vende sillas a sus empleados y el oficialismo vota sin la búsqueda de consensos

Una vez más los ciudadanos somos espectadores del berretismo dirigencial.

Pablo Maradei

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Esta semana nos enteramos que, como parte de un proceso de reestructuración laboral, Edenor puso en venta sus sillas ergonómicas a precio de remate (¿?) para sus empleados: por medio de un mail de comunicación interna les ofrece a sus trabajadores comprar por 7.000 pesos sillas que se venden en el mercado a $17.500 o a $13.500. Hablamos de una empresa que tiene que manejar una parva de billetes para suministrar, mínimamente, la electricidad a media Ciudad de Buenos Aires: humillante para una empresa de esa envergadura. Lo cierto es que en algún punto están pensando en desprenderse de oficinas ya que sus asalariados se mantendrán teletrabajando. A propósito: ¿la ley que se votó en el Senado esta semana revertirá la idea?

Paréntesis: este berretismo empresarial se da en plena discusión de sacarle la concesión a Edesur, que recibió al igual que Edenor, aumentos siderales de tarifa durante la era Cambiemos y según el ENRE no hizo inversiones. Algo que también sostiene Carlos Minucci, secretario general de los jerárquicos de la energía: “Las inversiones datan de la época de Segba”, dijo a Mundo Gremial. Viaje al pasado: Segba era la empresa estatal de energía.

Volviendo al teletrabajo: a priori esa ley dejó muchos huecos sin cubrir de los que hemos hablado en este portal porque los senadores oficialistas decidieron no escuchar a nadie; por lo menos en el debate durante el recinto. Puertas afuera, y como según le comentó la senadora Gladys González a Mundo Gremial, la predisposición era otra: “Habíamos conversado con legisladores oficialistas y la predisposición era otra; de hecho tenían otros proyectos con otra mirada más moderna; pero lo que va ganando terreno es la posición del kirchnerismo a no escuchar”. Basta mirar el contexto político de la cooperativa gobernante para ver lo expuesta que están esas tensiones internas. Y va ganando, por poder, el ala dura.

Si a la oposición y al sector empresario no lo escucharon, ¿qué tenían los dirigentes sindicales para decir? Por lo que más se preocupó Héctor Daer fue en decir que “estamos ante una modalidad de trabajo y no una actividad” para mantener la paz interna y evitar reyertas por encuadramientos.

Sesión pública especial remota del Honorable Senado de la Nación, en la que se trataron los proyectos de ley de Teletrabajo y de sostenibilidad de la deuda, en Buenos Aires, Argentina; el 30 de Julio de 2020. Foto: CELESTE SALGUERO / COMUNICACIÓN SENADO.

Mundo Gremial le preguntó a la senadora González respecto al nivel de conocimiento de los dirigentes sindicales que fueron a exponer a la Comisión de Trabajo del Senado: “Me esperaba otra cosa, al Senado vinieron a exponer Daer y Yasky; y otros fueron a Diputados, pero tuvieron una mirada que atrasa. Incluso hasta el senador que conduce la Comisión, Daniel Lovera, tiene la misma mirada que ellos”. Sigue: “Tienen una resistencia al cambio sin entender que esto ha venido para quedarse. De hecho Lovera en su discurso habla de la pandemia y esto trasciende a la pandemia ya que nadie está 24 horas en su casa en tiempos normales”. Completa: “Si quiero diferenciar a muchos jóvenes sindicalistas que mandaron sus observaciones y la verdad que esa mirada era totalmente diferente”.

En efecto el teletrabajo es algo que en el mundo juvenil se impone: el no trasladarse al centro para tener más tiempo y acaso gozar de la posibilidad de estudiar en sus barrios de origen vuelve a quedar jaqueado por una ley incompleta. Pero también pueden ver perder su oportunidad de entrar al mercado laboral miles de personas con discapacidad que podrían trabajar desde su casa porque es muy hostil para ellos moverse en esta ciudad tan poco amigable a los más vulnerables. Ni hablar de oficinas que no están preparadas para recibirlos.

Es cierto que se aprobó una ley chueca que desincentiva el teletrabajo, pero aún falta la reglamentación por parte del ministerio de Trabajo que podría subsanar algunos agujeros negros como los que planteó Tomás Karagozian, presidente de UIA Joven, en una extensa entrevista que concedió a este portal.

Ahora bien, más allá de que la ley salió de prepo ¿se animará el ministro Claudio Moroni a enderezar el junco? Final abierto, pero con la certeza de que no es un funcionario del lado político irracional. Luego vendrán las discusiones colectivas entre sindicatos y empresas para ayudar a hacer la normativa más aplicable.

También es cierto que Argentina se vanagloria de tener leyes del primer mundo; aunque siempre estudiamos cómo eludirlas: es parte del gen argentino no cumplir las normas. Pero no solo pasa con la legislación local: el convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue ratificado por el Congreso de nuestro país con fuerza de ley en julio de 2001. Someramente: este convenio constituye la herramienta jurídica más importante para la defensa de los Derechos Indígenas. Luego de que denunciaran el asesinato y persecución de varios integrantes de la comunidad La Primavera por parte del gobierno formoseño, el cacique Félix Díaz -con huelga de hambre incluida- y su gente acamparon durante casi todo 2015 en plena 9 de Julio y Avenida de Mayo. Levantaron el campamento con el cambio de Gobierno y ante promesas de campaña de Mauricio Macri que quedaron a mitad de camino. Y ni siquiera estaba Edenor para venderle sillas para que no sufrieran de la espalda.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Un ropaje actual para la educación

Por Emiliano Viviani (*)

Mundo Gremial

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Después de transcurrido un tercio del año que corresponde a la mitad de un ciclo lectivo no podemos dejar de mirar hacia adentro. Las circunstancias epidemiológicas que en el mundo aquejan a millones de personas nos proponen que nuevamente tomemos la iniciativa de educar desde otro lugar. De este modo se abren muchos frentes que la comunidad educativa en su conjunto está abordando con todas las herramientas que tiene y puede. Cada uno desde su lugar dispone de ciertas herramientas metodológicas que acompañan las trayectorias educativas a distancia mientras que los establecimientos educativos solo abren para una tarea asistencialista, que nos recuerda las crisis económicas más recientes de la historia del país.

Abordar estas cuestiones permite reflexionar sobre nuestra labor docente en un contexto incierto, con el compromiso de los estudiantes, el necesario acompañamiento de las familias, y el seguimiento de los directivos escolares. Esta misma coyuntura, pese a sus condiciones particulares, sigue fomentando el trabajo docente como una herramienta puesta al servicio de intereses económicos que lejos están de las voluntades y de las necesidades de las mayorías.

La importancia de pertenecer al sindicato docente contribuye a construir un sentido de pertenencia y forjar un modo de organización para poner freno a la quita de derechos y buscar condiciones más dignas de trabajo para todos los actores que transitan la institución escolar, entendiendo que se pide todo a la escuela pero poco se aporta para concretarlo. El sindicato visibiliza nuestras realidades comunes o dispares, como parte de un sistema político y económico que negocia nuestras reales condiciones de llevar adelante procesos de enseñanza y aprendizaje dignos.

La historia de luchas consecutivas como respuesta a un modelo económico neoliberal que afecta a los países de Latinoamérica está plagada de ejemplos, como el caso particular en nuestro país tras largos años de gestión de un gobierno porteño que produjo con sus políticas educativas el vaciamiento de logros de raigambre nacional, o el caso de la Provincia de Buenos Aires cuya ex gobernadora declaró una guerra abierta al conjunto docente especialmente sindicalizados buscando su debilitamiento. En ambas jurisdicciones se compartía la visión neoliberal propensa a debilitar al colectivo docente organizado en sindicatos con la pretensión de construir nuevas subjetividades más “emprendedoras”. Cuánta necesidad tenemos de estar atentos a la nueva gestión gubernamental después de semejantes atropellos y las pérdidas humanas producto de la desidia de entonces.

La pandemia nos obliga a tener presentes y dar continuidad a nuestras luchas en torno a la NES, la escuela del futuro, el desfinanciamiento educativo, los negocios edilicios como UNICABA CENARD e IRURTIA, el cierre de los comerciales nocturnos, las reasignaciones presupuestarias para refrigerios y viandas, la interrupción del plan 1 a 1 que significó Conectar Igualdad, entre otras que son parte de una concepción mercantilizadora y privatizadora de la educación.

En efecto, el neoliberalismo termina por imponer algo que en principio presenta como sugerencia, es decir, un modelo de sociedad que enarbola los valores del individualismo y el consumo bajo la supuesta premisa de que es inviable otro modelo que no sea el capitalista con sus ajustes y medidas que atentan contra las clases trabajadoras. Cualquier intento de gobierno que tenga presente y sea consciente de las necesidades de justicia social así como la concepción del trabajo como factor nucleante de su sociedad estará obligado a hacer una relectura del peronismo y sus medidas más representativas: redistribución de los ingresos; suministro de asistencia y apoyo a los ciudadanos que sufren necesidades; reconocimiento del papel formal de los sindicatos; mejora de la calidad de vida en los referido a salud, educación, vivienda digna y trabajo de sus habitantes; estimulación y ampliación de la industria y el mercado interno.

Lo que nos une, a pesar de nuestras diferencias, es que todos somos docentes con el claro convencimiento de querer ser parte de una escuela que de batalla ideológica. Como parte de una cultura escolar asumimos a diario desafíos que, a veces, son muy angustiantes, porque las condiciones de trabajo no son las más ideales y el Estado pareciera no estar a la altura de las circunstancias en plena pandemia; lo cierto es que los trabajadores de la educación tenemos que estar preparados para actuar siempre.

La mirada que tenemos todos los que ejercemos la docencia es que todo es político en la escuela. A pesar de que se busque dar un sentido desdibujado desde los medios de comunicación y que ciertos sectores se sumen para bajar una línea de que este esfuerzo llegó para quedarse como parte de una nueva normalidad, postura que está en consonancia con los Organismos No Gubernamentales y la práctica impuesta de pruebas estandarizadas que no condicen con las realidades y formaciones que propone la escuela, cada institución y sus actores lo visibilizan claramente.

Se ve a diario como los sindicatos, los directivos, los docentes enfrentan demandas y emergentes que les exigen actuar. Muchos asumimos tareas que son ajenas a nuestra función, que demandan más horas y días que aquellos que figuran en los recibos de sueldo y que no están reconocidas por una retribución monetaria, lo cual evidencia que eso es condición de la situación excepcional que atravesamos dado el aislamiento social obligatorio, pero también es consecuencia del vaciamiento educativo que está operando en el sistema en consonancia con el modelo neoliberal que apunta a la meritocracia de quien posee los recursos tecnológicos y reconoce un modelo hegemónico de familia.

A modo de reflexión final se puede decir que somos conscientes de las enormes responsabilidades que implican la docencia y la necesidad de unidad de los trabajadores para defender el derecho al acceso y permanencia a la educación pública y gratuita.

* Profesor de Historia. Especialista en gestión educativa.

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Renunció Viviani: ¿El fin del poder sindical como lo conocemos?

Moises Naim, periodista venezolano, escribió en el 2013 un libro que se llama El fin del Poder. En el mismo, el autor busca analizar las estructuras del poder y cómo se tornaron menos poderosas que las anteriores, sean políticas, eclesiásticas, militares u empresariales, entre otras. Tienen menos poder, capacidad de giro, podríamos decir. Naim compara [...]
Juan Manuel Morena

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Moises Naim, periodista venezolano, escribió en el 2013 un libro que se llama El fin del Poder. En el mismo, el autor busca analizar las estructuras del poder y cómo se tornaron menos poderosas que las anteriores, sean políticas, eclesiásticas, militares u empresariales, entre otras. Tienen menos poder, capacidad de giro, podríamos decir.

Naim compara un presidente de EEUU de mediados de siglo, con los últimos. A las empresas emblemas como la Ford, con las actuales. En la tapa del libro se puede leer: “Empresas que se hunden, militares derrotados, Papas que renuncian y gobiernos impotentes: Cómo El Poder ya no es lo que era”.

El libro es muy interesante, pero si uno reflexiona sobre las cuestiones locales, y en particular el mundo sindical, las opciones son muy interesantes. Nos podemos hacer las preguntas correspondientes. ¿La CGT de hoy es más o menos poderosa que antes? ¿Hoy un secretario general de la CGT es menos poderoso que en los 80 o en los 90?

¿El secretario general de la UOM es menos poderoso que todos los secretarios anteriores? ¿El desplazamiento de Omar “Tano” Viviani con la directora de la Directora Nacional de Asociaciones Sindicales (DNAS) de su lado era posible en otros tiempos? Parece que los tiempos cambian.

Este ultimo caso, el de Viviani, es interesante. Se confirmó hace horas su renuncia a la secretario general del Sindicato de Taxistas después de casi cuatro décadas y poco más de un año de renovar mandato. El poderoso Tano, quien fue uno de los actores centrales de los armados sindicales en los últimos años, adelantó su alejamiento mediante un comunicado que dio a la comisión directiva, la abogada Mónica Risotto, titular de la DNAS.

Varios puntos para analizar. ¿La Directora Nacional de Asociaciones Sindicales sigue participando en la vida institucional del sindicato? De ser así, podríamos hablar de una incompatibilidad.

Los transcendidos hablan que días pasados al Tano le exigieron la renuncia. El dirigente habría pedido unos días para evaluar, quiso dilatar. En el medio hubo encontronazos físicos, y hasta se habla de “una paliza” a golpes al dirigente. Los tiempos se aceleraron y su salida es un hecho.

Internas gremiales y el fuerte avance de las aplicaciones de transporte Uber y Cabify empujaron a Viviani a renunciar frente a la casi inevitable legalización de los servicios, una situación que significará un nuevo golpe en la representación sindical, que perdió decenas de miles de afiliados a nivel país.

Cansancio y decepción son las palabras que salen del entorno del dirigente para justificar la decisión de bajarse de la conducción del sindicato, previendo tiempos críticos. Su preponderancia en la labor sindical quedó aplastada por el nuevo reordenamiento del sistema de transporte y el posicionamiento inevitable en el país de las apps.

El otro caso emblemático es el de la poderosa UTA, el mundo de los colectiveros. En un país que los trenes se desplomaron y con las dimensiones que tiene, y con la centralidad político sindical que supo desarrollar Juan Manuel Palacios, hoy vemos una UTA quebrada, vallada, con una obra social fundida.

Su secretario general, Roberto Fernández, solo viene sosteniendo su poder con un estatuto antidemocrático y relaciones de poder. Pero cuando uno ve el desmembramiento en el interior, las movilizaciones de los sectores opositores en la región AMBA, entiende que eso que Palacios construyó no existe más. La renovación toca la puerta todos los días.

El caso de la UOM también es representativo. Se habla de los mismos cuestionamientos que a Viviani: una industria que se transformó y una organización que dejó de ser lo que todos supimos conocer. Hoy Antonio Caló, su secretario general, tiene grandes cuestionamientos internos, por la falta de protagonismo y otros privilegios en el tablero económico que ya lo poderosos metalúrgicos no tienen.

En el universo CGT también hay grandes procesos de cambios, que la pandemia tal vez aceleró, y que deja a la CTA con un “Carrocho” Godoy o un Hugo Yasky como los nuevo burócratas de más de 70 años.

El poder está cambiando, y no es el mismo.

* Juan Manuel Morena, director de Mundo Gremial

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