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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Conciliación Laboral SA

Por Raúl Ferrara (abogado laboralista y columnista de Mundo Gremial)

Mundo Gremial

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Hace pocas semanas el senador provincial de Cambiemos, Gabino Tapia, presentó un proyecto de ley para crear la Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria (ICLO), destinada a la resolución de reclamos individuales y/o pluriindividuales que versen sobre conflictos de competencia de la Justicia del Trabajo de la Provincia, cuyo resultado, mirado desde el punto de vista del bien jurídico tutelado por el derecho laboral (el trabajador), no parece ser alentador.

Todos quienes nos relacionamos con el mundo del trabajo sabemos que el Derecho del Trabajo es, esencialmente, protectorio y dotado de un Orden Público Laboral que fija un piso mínimo de derechos irrenunciables. Ese principio tiene rango constitucional al expresar el art. 14 bis de la Carta Magna que las leyes “protegerán al trabajo en todas sus formas” y de ello se deriva que las leyes laborales fortalecen la posición del trabajador para equilibrar la desigual relación existente con su Empleador durante toda la relación contractual, y aún después de finalizada esta.

El conflicto de trabajo se desarrolla dentro de relaciones ordenadas jerárquicamente. Al empleador se le reconoce una potestad de mando y al trabajador un deber de obediencia. No es un conflicto entre iguales o entre quienes se miran como tales. La desigualdad de poderes es una cuestión estructural e inherente a la relación laboral e informa todo el conflicto laboral.

Si vamos a hablar de la conciliación en el ámbito laboral, también van a existir elementos que otorgaran características propias cuando se la aplica en esta materia.

El artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.774 y sus modificatorias), en su parte pertinente establece: “Los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios solo serán válidos cuando se realicen con intervención de la autoridad judicial o administrativa, y mediare resolución fundada de cualquiera de éstas que acredite que mediante tales actos se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes…”. Está claro que la norma establece que la participación en la instancia conciliatoria de la autoridad administrativa o judicial no es ni secundaria ni formal, si no muy por el contrario adopta un rol trascendental para garantizar al trabajador el entendimiento de los alcances del acto, su libertad de expresión, logrando de esta manera que no le queden dudas del significado real del acuerdo al que se ha arribado, liberándolo de cualquier tipo de presiones.

Hace casi 18 años el Dr. Rodolfo Aníbal González (Equipo Federal del Trabajo, “Ley 24.635: A cuatro años de la creación de SECLO”) expresaba que “El escenario judicial, ámbito donde antes se celebraban las audiencias o el del Ministerio de Trabajo, a pesar de su precariedad edilicia, infundía al trabajador un lógico sentimiento de protección; era el ámbito del Estado, al cual recurría para recibir la protección de sus derechos (…) Ya no hay bandera ni escudo en la puerta. Ni funcionarios en las oficinas. El reclamante concurre a un estudio jurídico privado. La eliminación de los símbolos tiene fundamental importancia tanto desde un aspecto psicológico como sociológico (…) el símbolo trae a la mente del sujeto receptor el concepto de la cosa significada.

El trabajador que acude para que se haga Justicia en su reivindicación, se encuentra de pronto en una reunión de abogados, donde “juega de visitante” y el empleador de “local”. La importancia de estas circunstancias la conoce cualquier estudiante de psicología. Todos nos damos cuenta, aplicando un mínimo de sentido común. El conciliador, por más buena voluntad que ponga en su gestión, no es un funcionario administrativo o judicial.

Ello se ve favorecido por las urgencias económicas de los reclamantes en época de crisis y desocupación. Se juega y especula con esta realidad ofertando sumas irrisorias. Se reiteran argumentos sobre la lentitud de la Justicia; el remanido y lamentable “más vale un mal arreglo que un buen juicio”, expresado por abogados que mancillan su profesión; la amenazante manifestación de una inminente cesación y desaparición de la empresa”.

Creemos juntamente con la Dra. Hilda E. Bustamante Ojeda (Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social, 2008 A, pag. 232/233), “que resulta razonablemente criticable la delegación de la función conciliatoria en sujetos privados, cuya retribución depende en buena medida de que las partes lleguen efectivamente a un acuerdo con el riesgo de que no se arribe a una solución justa del conflicto”.

El éxito de una conciliación no se mide solo por el logro de un acuerdo, sino porque además sea un buen acuerdo.

Es cierto que existe una crítica que muchos juristas realizan y en la que basan la instauración de estas vías alternativas de solución de conflictos, en cuanto a que nuestros tribunales, con su estructura actual no pueden resolver los conflictos individuales con la celeridad que se merecen, haciendo notar que la duración promedio de un juicio laboral es de tres años y medio.

Ante tal afirmación nos preguntamos ¿y en el caso de que, en esta instancia previa a la interposición de la demanda, no se llegara a ningún acuerdo?, ¿Cuánto demoraría el juicio laboral?… ¿cuatro años tal vez? Y en tal caso ¿Dónde queda el carácter alimentario de las remuneraciones del trabajador? ¿Quién se beneficia al compeler al trabajador a una instancia previa?

Sin dudas es el empleador quién aumenta su poder negocial y minimiza con el paso del tiempo sus costos laborales. El trabajador… bien, gracias.

¿Cuál sería entonces la alternativa a ese sistema de mediación privatizada y obligatoria que proponen algunos sectores?

Por un lado, aquel que garantice debidamente la libertad y voluntariedad de sometimiento a la instancia previa por parte del trabajador pero que, a la vez, faculte a la autoridad administrativa del trabajo a compeler la asistencia del empleador. Vale decir, un sistema en el que la comparecencia del mismo sea obligatoria, pero sólo ello, en tanto a partir de ese momento la voluntad negocial y conciliatoria requiere del acuerdo de ambas partes.

Por el otro, su realización en un ámbito imparcial, en el que la autoridad administrativa tenga un rol activo y protagónico en la solución del diferendo y no una mera intervención como “controlador formal” de la actividad conciliatoria que realizan terceros en un ámbito ajeno al del propio Estado.

La Provincia de Buenos Aires, cuenta con los elementos tanto normativos como operativos para cumplir con esas dos premisas fundamentales para una solución efectiva de los conflictos individuales y pluriindividuales del trabajo mediante la conciliación.

Así, la Ley 13.757, en su art. 23 establece: “Le corresponde al Ministerio de Trabajo…: inc. 4- Intervenir en el tratamiento de los conflictos individuales o colectivos de trabajo públicos, provinciales o municipales y privados, ejerciendo facultades de conciliación y arbitraje con arreglo a las normas aplicables…”

Por su lado, la Ley 10.149 en su art. 3, dispone que tiene a su cargo el conocimiento de las cuestiones vinculadas con el trabajo en todas sus formas y especialmente: inc. a) Intervenir y decidir en la conciliación y arbitraje de las controversias individuales del trabajo y en los de instancia voluntaria; estableciendo a su vez en su art. 7 la obligatoriedad en la asistencia a la primera audiencia y el apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública sin perjuicio de las sanciones que pudieran aplicarse (art. 8)

Tales atribuciones legales otorgan a la cartera laboral la entidad de verdadera casa de los trabajadores, encargada de velar por sus derechos y que los mismos no sean vulnerados.

En los aspectos operativos, el Ministerio de Trabajo provincial cuenta con cuarenta y seis (46) Delegaciones Regionales de Trabajo y Empleo y llegó a tener hasta hace poco tiempo otras tantas subdelegaciones distribuidas a lo largo y a lo ancho de la provincia estableciendo un cercano y estrecho vínculo con la población y el personal con experiencia para el abordaje de las mismas.

Salvo que la idea de la actual gestión sea el desmantelamiento de la administración laboral (hecho que se infiere del cierre de varias dependencias en estos 3 años) no se advierte la necesariedad de “privatizar” esta función del estado de trascendental importancia. El impulso oficialista a un proyecto de estas características en vez de potenciar y dotar de mejores recursos a un servicio que ya existe y que se autofinancia con las tasas retributivas que se abonan en cada acuerdo, trasuntan la voluntad política de generar un negocio privado sacrificando los principios del derecho del trabajo y, en definitiva, al trabajador y al sentido de justicia.

Somos una agencia de noticias sindicales. Nuestra misión es dar un espacio de encuentro e información a todos los sectores de la actividad, sin discriminar su capacidad y potencial

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

De esto no se habla

Mundo Gremial compartió con un profesor universitario un día de clases: un pliegue de la pandemia que cayó en el olvido.

Pablo Maradei

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No es apasionante, mucho menos aventurero; pero es la realidad tediosa y compleja en la que se ha convertido dar clases universitarias. Mundo Gremial compartió un día laboral en pandemia con un docente universitario de la ciudad de Buenos Aires. A nivel periodístico, nada deslumbrante por eso nadie lo registra: la producción consistió solamente en ir en auto hasta su casa y permanecer sentado, manteniendo los dos metros de distancia, mirando, mientras que hablamos, cómo el CoVid-19 trastoca toda la vida normalmente concebida.

Claro está: acompañar a un maestro rural que va en caballo, caminando o en vehículo hasta la casa de sus alumnos es mucho más apasionante y periodístico. Y más llevadero a nivel visual si se recorre una estepa hermosa de las tantas que tiene nuestro país. Como también lo es acompañar a cualquier trabajador de la salud o del transporte en su también ajetreado día y en el que se juegan la vida por el resto.

El profesor con el que se trabajó prefirió el anonimato porque entiende que en él se refleja al resto (obviamente siempre y cuando tengan más o menos la misma carga horaria).

Pero un perfil nos da cuenta de que hace 40 años que da clases (de no creer está empezando el trámite de su jubilación que lo agarró en el medio del río de cambios); es Matemático y fue docente en el profesorado Joaquín V. González y en el Colegio Nacional de Buenos Aires hasta el año pasado. Actualmente ejerce la docencia dando clases de Análisis Matemático en la UTN y en la facultad de Ciencias Económicas de la UBA. También dicta un Posgrado en esta misma casa de estudios y completa con una materia en Filosofía y Letras, también de la Universidad de Buenos Aires. Es titular de Cátedra.

Nos recibe en su casa ubicada en la zona del Abasto con café y yo llevo medialunas: es un jueves fresco que nos va poniendo en clima a la llegada del invierno. Es temprano porque a las nueve se tiene que conectar para responder consultas online de Análisis Matemático I a unos 50 alumnos que siguen para alguna de las carreras que se dictan en Económicas (Administración de Empresas, Contador, Actuario, Economía y Sistemas de Información).

Salvedad: ningún alumno está obligado a conectarse en un horario fijo porque no se puede obligar a nadie a tener “sincronicidad”; por lo tanto, no hay clases en un horario preestablecido y obligatorio. Esto es así porque se puede dar el caso de que muchos chicos compartan con sus familiares una sola computadora en sus casas; otros que directamente no tengan; otros que pueden sufrir un corte de luz y así la lista puede seguir como que en ese momento tenga que realizar alguna tarea para su trabajo.

Pero, ¿cómo explicar virtualmente cuestiones complejas de la matemática?, pregunto. “Explicar derivadas o integrales, digamos en el aire y sin un pizarrón, es prácticamente imposible; más teniendo en cuenta el contexto actual de bajo conocimiento con el que llegan los chicos a la universidad”, cuenta mientras se loguea al campus virtual.

Paréntesis. Económicas, como hace regularmente año tras año, es la primera facultad de la UBA en arrancar el ciclo lectivo: lo hizo antes de que se decretara el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio el 20 de marzo. Es decir que a días de arrancada las clases presenciales se hizo un bache de semanas hasta que se pudo aceitar el sistema virtual: fue un caos.

Retomando: nuestro profesor está contestando preguntas de los alumnos o que dejaron asentadas durante la noche o la tarde de ayer. Ahora bien: para poder estar al día con la materia los chicos debieron ver primero un video que el profesor grabó en un canal de YouTube que se autogeneró para poder dar clases. Ah, y a la par se compró un pizarrón que está colgado detrás de mí en una de las paredes de su casa. Todo el material didáctico lo fue armando así para esta materia y lo fue subiendo al campus junto con material de lectura.

“Yo como cualquier otro tiene una dinámica incorporada de años de cómo dar clases presenciales; todo eso voló por el aire y se tuvo que arrancar de cero en todo”, explica con cierto fastidio.

Seguidilla, a las 11 y luego de las dos horas de responder dudas matemáticas sigue la clase de Posgrado. La ventana de tiempo que tarda en arrancar el programa es el tiempo que tiene para ir al baño, disculpas de por medio. Vuelve con un café medio a las corridas y me ofrece otro; pero que tengo que ir a buscar yo hasta la cocina. Lo hago y de paso camino y extiendo las piernas. Vuelvo y me cuenta, mientras tiene su micrófono en mute: “si estuviera en época de clases presencial hubiera cortado 10:50 para hacer un café y arrancar el Posgrado a las 11. En cualquier caso, podemos decir que de alguna manera mantuvo la rutina.

En esta instancia superior, la cosa es distinta: el docente optó por complementar los materiales que sube (a otra plataforma que no es la de Económicas) con clases de Zoom presenciales. Es relativamente sencillo porque son menos de 10 alumnos, todos profesionales y con cierto nivel de vida que les permite tener una computadora siempre a mano. Es decir: el recurso tecnológico está cubierto en esta franja social, no así si se corta la luz o se cae el servicio de internet: imponderables. En este caso el ida y vuelta es incesante y se extiende por otras dos horas.

Por la tarde temprano tiene pautado un Zoom con colegas de Filosofía y Letras: será para que quienes dan clases en el primer cuatrimestre cuenten sus experiencias. “Esto es el día a día; y es un caso de prueba y error continuo”, me dice nuestro entrevistado. Arranca el Zoom y el primero que habla cuenta que tiene “350 alumnos y da cuatro horas seguidas de clase vía Zoom”. Pregunta al resto retórico: “¿Cómo hacen ustedes? Yo repito lo mismo cuatro veces seguidas”, arranca. Explica: “Las clases virtuales a través de esta plataforma nos permite hasta 40 minutos y 100 personas”. En su exposición amplía que esto es así porque “la facultad no accedió a pagar los 20 y 15 dólares adicionales” que cobra esta plataforma para poder vincularse con más de 100 personas y mas de 40 minutos que es el tope que da la versión gratuita. También agrega que perdió gestualidad porque está acostumbrado a expresarse con el cuerpo y las manos; cosa que al no poder hacer ahora pierde espontaneidad y que eso incluso le juega en contra a la hora de desarrollar los temas. Daños colaterales que no están a la vista.

Ya es tiempo de que me vaya, y esta altura ya podríamos decir que a mi amigo le quedan otras tantas horas para corregir trabajos: “Tomar examen es una instancia que cambió mucho. Decidí dar trabajos para desarrollar en una semana para luego calificarlos”. Tiene más de 100 para corregir porque son individuales cuando antes eran grupales.

Todo este trabajo silencioso y que se ha complejizado no se ve: es harto sabido lo golpeado que están los salarios docentes desde hace décadas en nuestro país. A eso se le sumó un caudal de trabajo inesperado que conlleva más carga horaria ya sea por el armado previo de las materias a nivel virtual como un incresendo en los tiempos de corrección al exponenciarse los trabajos prácticos y tareas que antes eran grupales y ahora no. Aún no hay convocatoria de paritarias para los docentes universitarios. Cuando haya: ¿Habrá reconocimiento? Es más: ¿Habrá reconocimiento por parte de la sociedad en general?

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

La CGT: entre la desinformación y la no información

La Confederación General del Trabajo no cuenta con canales oficiales de información, algo que deja al desnudo no solo la desidia sino el desprecio por la institucionalidad.

Pablo Maradei

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En la edición del domingo 23 de mayo de “El cohete a la luna”, Horacio Verbitsky publicó su columna dominical llamada “Los 100 de Macrì”. Arrancaba así: “Hace una semana El Cohete a la Luna informó sobre el Top Ten de la fuga de capitales durante el gobierno de Maurizio Macrì. Se ve que hay demasiados temas importantes, porque nadie en la prensa comercial se dio por enterado”. Realidad más ironía.

Hace una semana Mundo Gremial publicaba: “¿La CGT no tiene página web?: La CGT no tiene página web”. En este caso la repercusión que tuvo de lecturas no se condijo con una reacción de parte de la conducción de la CGT: si uno entra a nic.ar y se dirige al buscador de dominios va a encontrar que tanto “cgt.org.ar” como “cgtra.org.ar” continúan liberados.

A saber: cualquier organismo, ONG, Fundación que tenga las mismas siglas se lo puede quedar presentando los papeles correspondientes en Cancillería. Convengamos que si uno escucha o piensa en las siglas CGT la ligazón racional y conceptual se direcciona al sindicalismo y no a otra institución.

Todo lo contrario, pero para mal, pasa en la dirección de Facebook: “CGT RA Organización”. Esa cuenta la maneja Camioneros. En la foto de portada se lo ve a Pablo Moyano como si hubiera concluido un acto para empezar a responder las preguntas de la prensa. El último posteo es del 27 de mayo y muestra una actividad del gremio bajo el Hashtag “cruzada solidaria” en la que se ve una larga cola de compatriotas esperando recibir un plato de comida. Y así podríamos seguir cada uno de los posteos que hace Camioneros en la página web de la CGT RA. Cosa de guapos.

En Twitter si uno busca CGT, lo más parecido a una cuenta oficial es “C.G.T. Oficial” básicamente porque allí está el clásico logo de la Confederación General del Trabajo argentina. El último posteo es de diciembre de 2017: avisan de un paro.

En este crisol virtual que nos da el sindicalismo tradicional quedan al desnudo, no solo la desidia sino el desprecio por la institucionalidad; una arista más del ADN argentino: no nos gusta estar a raya con las normas. Eso sí, si viajamos al extranjero nos maravillamos de ver cómo funcionan las cosas.

Cuentan las malas lenguas, aunque es algo que desde Camioneros desmintieron para esta nota, que es que cuando existían las tres centrales obreras (época que precedió al triunvirato formado en agosto de 2016 y que tenían de titulares a Caló, Moyano y Barrionuevo) la CGT de Moyano tenía activa la web de la CGTRA.ORG, pero la URL (la dirección virtual) estaba en manos de los metalúrgicos con las rencillas del caso.

También es cierto que mantener activas las redes es un arma de doble filo: si se lanza un espacio de comunicación virtual es necesario tenerlo vivo con información; y si una entidad no publica nada desde hace más de 2 años como pasa con el Twitter de la CGT lo que termina mostrando es una foto de abandono.

A contramano nos encontramos con que la mayoría de los gremios informan de sus actividades no solo en las páginas webs sino también en sus redes sociales. Las más pobretonas por lo menos informan del horario del camping junto a los teléfonos y fotos de los hoteles: recordar que el afiliado paga por eso.

El secretismo y lo inorgánico son dos herramientas históricas del sindicalismo; permiten la divergencia de criterios, definiciones según quien te las diga; pero por sobre todo permiten la maleabilidad en cualquiera de los temas. Algún distraído podría pensar que estamos hablando de democracia. Pensar que la ex SIDE, que vive del secretismo, tiene página web: no van enumerar los espías ni las operaciones que hagan pero informan de cuestiones institucionales.

Estamos en el siglo XXI y con un futuro incierto y plagado por la tecnología, con una discusión permanente que nos indaga como sociedad mundial respecto a los cambios de paradigmas laborales. A eso le sumamos la Co-Vid-19. La CGT no podría encargar informes a especialistas; coordinar acciones conjuntas con otras centrales obreras e informar. Pareciera no estar a la altura de las circunstancias.

El tema es infinito como una página web bien armada: en el Conversatorio que propone Mundo Gremial para este martes 2 de junio a las 18 horas continuaremos indagando sobre este tema de la mano del periodista Francisco Basualdo y de Pablo Pérez Paladino, politólogo y docente universitario, además de ser consultor en comunicación política y asuntos públicos.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Teletrabajo: ¿El futuro del trabajo que queremos?

Por Oscar Cuartango y Raúl Ferrara (*)

Mundo Gremial

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Uno de los grandes debates que ha instalado la pandemia de COVID19 es el de “la nueva normalidad”. Esta figura -que puede parecer una abstracción- se empieza a consolidar como una realidad inminente a partir de algunos discursos que naturalizan situaciones otrora excepcionales.

Desde una mirada positiva, la postpandemia se avizora como una oportunidad para revalorizar el rol de los Estados que intervienen con políticas públicas para modificar la realidad en contraposición con los que dejan librada al mercado el abordaje de la política social y sanitaria de la pandemia.

Sin embargo, existe también una mirada que merece un llamado de atención desde el mundo del trabajo y que no podemos soslayar. En estas últimas semanas hemos escuchado hasta el hartazgo que el “teletrabajo”, “home office” o “trabajo remoto” ha llegado para quedarse, resaltando las bondades de esta modalidad laboral como “beneficio” para los trabajadores y trabajadoras, reduciendo la importancia del trabajo presencial a un mero costo laboral adicional y, por lo tanto, ajustable. Ese relato, parte de una construcción ideológica que -aprovechando la emergencia sanitaria- vuelve a introducir solapadamente la vocación de los mismos sectores que claman por el “libre mercado” de flexibilizar las condiciones de trabajo.

Todos hemos escuchado como se destacan las virtudes de esa modalidad laboral, que justificarían su extensión masiva tanto en el sector privado como en el sector público. La primera reflexión que nos permitimos es que no puede calificarse como “teletrabajo” a las tareas que actualmente realizan desde sus hogares millones de trabajadores: no ha existido una planificación, diseño e implementación de esos puestos de trabajo para ser realizados en esas condiciones. Tampoco ha habido un acuerdo de voluntades previo: los trabajadores que hoy realizan esa modalidad de trabajo no fueran contratados bajo esas condiciones y tampoco fueron consultados sobre la aceptación de la misma. Por ello, queda claro que se trata de una implementación nacida de la necesidad urgente de adoptar una medida de emergencia frente a una situación sanitaria que puso en riesgo la vida y la salud de los 45 millones de habitantes de nuestro país.

A pesar de ello, la figura y el debate se han instalado, y pretendemos arrimar una mirada crítica sobre la modalidad, pero sin caer en una posición arcaica o anti tecnológica. Ser crítico no implica negarse en forma dogmática, sino plantear reservas fundadas sobre una extensión masiva y apresurada y sin un profundo estudio y un adecuado marco regulatorio.

La Organización Internacional del Trabajo ya en 2016 en el “Foro de diálogo mundial sobre las dificultades y oportunidades del teletrabajo para los trabajadores y empleadores en los sectores de servicios de TIC y financieros” elaboró un documento que señalaba que los teletrabajadores “están expuestos a numerosos riesgos, entre otros, la pérdida de autonomía cuando los empleadores tratan de aplicar nuevas modalidades de supervisión del trabajo; una creciente sensación de aislamiento y otros problemas de orden psicosocial; la falta de protección de las condiciones de trabajo debido a que no se realizan inspecciones del trabajo; y, en el caso de las mujeres que trabajan a domicilio, el riesgo de afrontar una doble carga de trabajo al tener que compaginar su actividad profesional con las responsabilidades familiares”.

A aquellas dificultades que -4 años antes de la pandemia- planteaba la OIT, podría agregarse que la deslocalización del trabajo y el aislamiento del teletrabajador rompen el pensamiento colectivo debilitando su posición como trabajadores: en muchos casos no se conocerán entre sí y ni siquiera sabrán de la existencia de otros pares. Ello genera, además, la desaparición de horarios o jornada de trabajo, con una tendencia a extender la misma para alcanzar nuevos estándares impuestos unilateralmente; el teletrabajador podría convertirse en un trabajador a destajo e incluso incorporar a su propia familia a la realización de tele tareas para aumentar su productividad. Se agrega también la potencial falta de provisión de elementos de trabajo que implica, en los hechos, que es el trabajador quien asume costos de la explotación; la difuminación de los límites entre la vida personal y la actividad laboral y la inexistencia o desconocimiento del derecho a la desconexión, importarían, en muchos casos, que el teletrabajo sea una verdadera trampa: bajo la apariencia de “el trabajo del futuro” podría esconderse una peligrosa nueva forma de explotación laboral.

Frente a esos problemas, deben necesariamente adoptarse medidas de resguardo: un marco regulatorio adecuado, pensado estratégicamente y, preferentemente, emanado del diálogo social tripartito. Algunas de las herramientas a implementarse para evitar que el teletrabajo sea sinónimo de precarización y abusos podrían ser desde la reversibilidad de la modalidad a la alternancia con la modalidad presencial; un derecho de desconexión efectivo con medidas técnicas y organizacionales que garanticen un límite real a la jornada de trabajo y los descansos; acciones positivas para garantizar la actividad sindical como una cantidad determinada de jornadas u horas presenciales obligatorias destinadas a la interacción entre trabajadores y sus representantes; la determinación de los costes que serán solventados por el empleador por el uso de la infraestructura y servicios del domicilio del trabajador; la determinación legal de las condiciones de salud y seguridad en las que se prestarán las tareas contemplando también los costos que sean necesarios. En igual sentido, creemos que, debería ponerse especial énfasis en la atención de los riesgos psicosociales de esta modalidad, reforzando los sistemas de prevención y atención dentro del sistema general de riesgos del trabajo. Otro factor para considerar es el de implementar mecanismos que posibiliten el ejercicio del poder de policía estatal: la realización de tareas en domicilios particulares podría ser el instrumento para mantener en la clandestinidad a teletrabajadores o para asegurar que la violación del eventual marco regulatorio quede impune. Un registro público de empresas que empleen teletrabajadores y de sus teletrabajadores sumado a sistemas informáticos seguros pero que permitan a las administraciones del trabajo el acceso y monitoreo de la trazabilidad de las tareas remotas podría resultar indispensable para evitar la vulneración de derechos.

Más allá de las reservas y posibles soluciones que hemos planteado, también existen otros interrogantes relacionados con el potencial de extensión del teletrabajo en nuestro país. El reciente informe de Ramiro Albrieu para CIPPEC concluye que “el porcentaje de trabajos que tiene el potencial para realizarse desde el hogar se encuentra entre un 27% y un 29% de los trabajos totales, ratio que se reduce sensiblemente si corregimos la estimación por el uso efectivo de TIC en los hogares, llegando a una estimación de piso de 18% en el caso de uso de computadoras”.

Es decir, con el actual estado de situación menos de 1 de cada 5 trabajos podría -potencialmente- realizarse en forma remota. Ello pone en evidencia que, además de los problemas regulatorios, nuestro país debería, para incorporar al teletrabajo como modalidad laboral masiva, resolver el retraso tecnológico del entramado productivo, efectuar una reingeniería de procesos pensando al teletrabajo como un eslabón más del mismo y resolver las necesidades de conectividad hogareña y de mejora en las aptitudes de los potenciales teletrabajadores.

Creemos entonces que, ante este cuadro de situación, una mirada prudente es indispensable para evitar que, en la “nueva normalidad”, el teletrabajo sea la excusa para convencernos que, deslocalizando el trabajo, atomizando y ocultando en sus domicilios a trabajadores y trabajadoras, trasladando costos y sobrecargando la jornada de trabajo vamos caminando hacia el futuro cuando en realidad podríamos estar entregando mansamente conquistas de más de 100 años de luchas obreras.

El desafío es enorme y, por ello no debemos caer en el facilismo de creer que el primer día de la postpandemia nos encontrará a todos teletrabajando ni en el obstruccionismo de prohibirlo.

* Oscar Cuartango es abogado laboralista y fue Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires (2007-2015)

* Raúl Ferrara es abogado laboralista, asesor del Ministerio de Transporte y fue Director Nacional de Fiscalización del MTEySS, Director Provincial de Asuntos Legales y Director Provincial de Inspecciones del MTBA, consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Docente en Diplomatura en Actividad Sindical de la UNLZ

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