Trabajadores que fueron despedidos de sus puestos de trabajo, sin causa alguna, por la ha puesto en el centro de atención a la Caja de Compensación Familiar de Antioquia (COMFAMA), tras la revelación de un comunicado dirigido a la opinión pública. En él, se detallan presuntas irregularidades y prácticas de favoritismo que involucran a la alta dirección de la entidad, encabezada por David Escobar Arango.
El comunicado denuncia que durante 23 años, los directivos de COMFAMA han buscado que los trabajadores afectados renuncien a sus derechos mediante diversas tácticas de represión, incluyendo la vulneración del derecho a la protesta pacífica.
Según el documento, estos esfuerzos han sido apoyados por empresarios, gerentes de diferentes IPS, administradores, e incluso autoridades locales como la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.
Los denunciantes sostienen que los fallos de los juzgados laborales, penales y civiles han favorecido sistemáticamente a COMFAMA, a pesar de las evidencias de fraude procesal presentadas en las demandas. Este favoritismo, argumentan, se debe al temor y la presión ejercida por el poder político y económico detrás de la entidad. Se acusa a COMFAMA de utilizar su plataforma para el pago de favores políticos, un hecho evidenciado por el reciente nombramiento del Presidente de la Mesa Directiva de ASOCAJAS.
La situación ha captado la atención de la Presidencia de la República. En una carta fechada el 2 de julio de 2024, la oficina de relacionamiento con la ciudadanía, bajo la administración del presidente Gustavo Petro, expresó su inquietud sobre la gestión de los recursos de las cajas de compensación, en particular de COMFAMA. La carta, dirigida a Fabián Jaramillo Jaramillo, uno de los afectados, reconoció la gravedad de las acusaciones y la necesidad de una intervención exhaustiva.
