Cuando es inminente una segunda declaratoria de emergencia económica que faculte al Presidente para legislar por decreto, el tema laboral se pone en el centro de las miradas. Si bien las medidas tendrán el carácter de transitorias adelantarán posiciones y mínimos acuerdos. Desde el sector empresarial se pretende que dichas medidas lleguen para quedarse y funcionen como piso en una próxima reforma laboral.
La polémica estalló el domingo con una nota publicada en el diario Bogotano El Tiempo por parte de el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien expresó la posibilidad de reducir los salarios de todos los empleados, echar mano de las primas y las cesantías de los trabajadores (dejándolas de pagar en este año), no pagar el subsidio de transporte y flexibilizar las obligaciones para implementar turnos en el trabajo nocturno o en días festivos, entre otras propuestas.
La respuesta no se hizo esperar, automáticamente se manifestó el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Diógenes Orjuela, quien expresó “la economía no levantaría cabeza si se escoge llevar a los trabajadores a la miseria”.
Por su parte Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), dijo: “No
se puede superar la crisis sobre la base del empobrecimiento de la población colombiana. Lo que necesitamos es una clase media con una mayor capacidad adquisitiva, que los sectores más empobrecidos vayan en ascenso y no en descenso” y planteó que se debe convocar a “coloquio entre empresarios, trabajadores y Gobierno, para buscar salidas y permitir que el modelo económico sobre el cual se sustenta el país definitivamente tenga un entorno totalmente distinto”.
Entre tanto, el director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, Iván Jaramillo, destaca que la propuesta de desmejorar las condiciones de los trabajadores “es contraria al enfoque de una ‘normalidad mejor’ de cara a las respuestas a la crisis, propuesta por la OIT (Organización Internacional del Trabajo)”.
Según agregó Jaramillo a El Tiempo , “deteriorar los derechos laborales e invertir el principio de ajenidad de los riesgos, por el cual los trabajadores no participan de las pérdidas de la operación, supone el deterioro de la capacidad de consumo y afectación de la demanda, algo no deseado en el periodo de recesión pospandemia”
