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Fallos laborales

Cierre de establecimiento. Tutela sindical.

La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Fadini, Ángel O. v. Algodonera San Nicolás SA”, consideró configurado el presupuesto de inoponibilidad de la tutela sindical previsto en el art. 51, ley 23.551, al producirse el despido del trabajador en forma contemporánea y con motivo del cese de actividades del establecimiento

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La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Fadini, Ángel O. v. Algodonera San Nicolás SA”, consideró configurado el presupuesto de inoponibilidad de la tutela sindical previsto en el art. 51, ley 23.551, al producirse el despido del trabajador en forma contemporánea y con motivo del cese de actividades del establecimiento, aun cuando la actividad industrial pudiera continuar desarrollándose en otra planta distinta, pues al haberse desvinculado la totalidad del personal que cumplía tareas en el establecimiento desapareció la unidad de representación sobre la que recaía la función gremial desarrollada y por tal motivo devino carente de sustento la tutela sindical.

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Fallos laborales

Trabajó 27 años en “negro” y la Corte resolvió que tiene derecho a ser indemnizado

Se trata de un empleado de un local gastronómico de Salta.

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma de los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, y de Carlos Rosenkrantz en un voto concurrente, declaró arbitraria una sentencia de la Corte de Justicia de Salta que desconoció el derecho a ser indemnizado a un trabajador que perdió su puesto de trabajo por cierre del local gastronómico en el que se había desempeñado durante 27 años.

Se trata del caso de un “encargado” que trabajó sin haber sido nunca registrado, para la confitería situada en un hotel salteño que cerró sus puertas a principios de diciembre de 2006. El 28 de diciembre de ese año el trabajador intimó para que se le aclarase su situación recibiendo como única respuesta el desconocimiento de la relación laboral. Frente a eso se consideró despedido y promovió demanda para cobrar las indemnizaciones legales.

Los tribunales de primera y segunda instancia reconocieron que entre las partes existió una relación laboral que se mantuvo “en negro” durante 27 años. Sin embargo, consideraron que el trabajador no tenía derecho a ser indemnizado por haber perdido su trabajo dado el tiempo que dejó pasar desde la fecha en que cerró la confitería y la que envió la intimación para que se definiera su situación.

Argumentaron que “…el principio de contemporaneidad es de aplicación simétrica, a ambas partes de la relación de trabajo, imponiendo que la reacción de una de ellas a determinada actitud de la otra, mantenga una razonable relación causa-efecto…” en tanto que en el caso “…el tiempo que el trabajador dejó transcurrir antes de pedir que se le aclare su situación laboral excede todos los criterios, aun los más elásticos, de valoración de los tiempos de reacción de una de las partes del contrato…”.

El trabajador acudió a la Corte de Justicia de Salta para que se revise la decisión pero su recurso no fue admitido.

El fallo de la corte provincial fue apelado por el actor mediante un recurso extraordinario que, al no ser concedido, motivó una presentación directa ante el Máximo Tribunal.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a la queja por considerar que la sentencia apelada resultaba arbitraria. El voto firmado por los jueces Highton de Nolasco, Maqueda y Rosatti señaló que carecía de base legal concreta el argumento referido a que fue tardía la intimación del trabajador a que se aclarase su situación porque habían pasado más de 20 días desde el cierre de la confitería.

Para el Alto Tribunal, además, esa deficiencia no lograba ser suplida con «la dogmática afirmación relativa a que el tiempo que se dejó transcurrir “excede todos los criterios, incluso los más elásticos” sin referencia a norma alguna».

Puntualizó la Corte finalmente, que «lo resuelto tampoco se compadece con una adecuada ponderación del contexto fáctico del caso en el que el trabajador, cuyo vínculo laboral se extendió durante más de 27 años fuera de todo registro, tuvo que intimar formalmente a su empleador ante el sorpresivo “cierre de establecimiento” decidido por aquél».

En su voto concurrente, el juez Rosenkrantz coincidió con la mayoría en que, por las razones mencionadas, la decisión no ponderó adecuadamente el contexto fáctico del caso.

Por consiguiente, el Alto Tribunal dispuso la descalificación de lo resuelto y ordenó que el expediente vuelva a la justicia provincial para el dictado de un nuevo fallo.

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Madrid: Repartidores de plataforma digital “son empleados y no autónomos”

Lo estableció la Justicia madrileña en un caso que marca precedente. El fallo condena a la empresa Deliveroo – Roofoods Spain.

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El juzgado de lo social nº 19 de Madrid reconoció la existencia de relación laboral entre la empresa Deliveroo (Roofoods Spain SL) y sus repartidores, como resultado de una demanda interpuesta por la Tesorería General de la Seguridad Social que afecta a más de 500 trabajadores.

Esta sentencia, de fecha 22 de julio de 2019, se suma a otras en las que varios tribunales en España vienen reconociendo la laboralidad de los repartidores de esta y otras plataformas digitales de reparto.

El fallo establece que la existencia o no de una relación laboral “no depende sin más del nombre que las partes hayan dado a su contrato, ya que lo esencial es el contenido real de las obligaciones que las partes asumen”.

Asimismo se fundamentan de forma detallada los elementos que prueban la existencia de ajenidad y dependencia en la relación entre la empresa y los trabajadores:

– Los medios y activos de mayor importancia para el desarrollo de la actividad -la aplicación Deliveroo y la marca– son propiedad de la empresa.

– Los repartidores se limitan a la realización de un servicio de transporte y a percibir una retribución. Por tanto no asumen ni los riesgos ni los beneficios de la relación entre la empresa, los restaurantes y los clientes finales.

– Los repartidores prestan sus servicios de una forma completamente organizada y regida por la empresa, incluso en sus más pequeños detalles.

Además el fallo impugna los argumentos dados por la empresa y saca a la luz algunas de las estrategias utilizadas para ocultar la relación laboral que asiste a los trabajadores:

– Lo que la plataforma ofrece no es una mera labor de intermediación entre restaurantes y clientes, sino un servicio asociado a la marca Deliveroo y a su aplicación informática.

– El margen de autonomía de los repartidores se limita a aspectos que no son determinantes como la elección del medio de transporte, la ruta concreta y la posibilidad de rechazar un pedido.

– El rechazo de un pedido no es intrascendente para el repartidor, sino que puede tener consecuencias negativas.

– Que los repartidores pudieran prestar sus servicios para otras personas no es necesariamente contrario a la laboralidad.

– La posibilidad de realizar el servicio por medio de otras personas, más parece una cláusula destinada a desfigurar la verdadera naturaleza laboral del contrato.

La existencia de una relación laboral, como ha fallado el juzgado, tiene profundas consecuencias para las condiciones laborales de los repartidores, ya que al estar bajo el Estatuto de los Trabajadores y el ordenamiento laboral que asiste a los trabajadores tienen derecho a un salario y una jornada laboral máxima.

Como así también al abono de las cotizaciones sociales establecidas en el Régimen General y por tanto al acceso a las prestaciones del sistema de protección; a vacaciones, descansos y permisos reconocidos; a los derechos colectivos como son el de organizarse sindicalmente, elegir representantes y negociar el convenio colectivo y condiciones laborales; y también el derecho a huelga.

Desde la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de España (CCOO) consideraron la sentencia como “muy positiva” por la detallada y rigurosa fundamentación que la acompaña.

“A juicio del sindicato, rebate de forma sólida las objeciones planteadas por parte de la empresa, tenidas en cuenta en otros procedimientos judiciales que no han sido favorables a los trabajadores”, concluyeron.

Desde las CCOO que conduce Unai Sordo exigieron a las denominadas plataformas digitales “que respeten nuestros derechos laborales y cumplan con nuestro sistema de protección social”.

“Seguiremos luchando desde la movilización, la denuncia y la negociación contra este fraude que pone en riesgo nuestros derechos, nuestro sistema de protección social y nuestro Estado de Bienestar. Nos ponemos para ello a disposición del conjunto de trabajadores de estos nuevos modelos de negocio”.

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La Cámara del Trabajo consideró “injustificado” un despido por la crisis

La decisión se apoyó en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo y desatendió los extremos invocados para subsumir el despido en los lineamientos del artículo 247 del citado cuerpo legal.

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La Cámara del Trabajo falló a favor de un trabajador y consideró injustificado el desempleo del mismo por parte de una empresa, que fundamentó su decisión en las dificultades económicas por la crisis de la actividad agropecuaria y agroexportadora que atravesó el país. Así, la Justicia admitió el reclamo de las indemnizaciones correspondientes.

“La situación no le es imputable, es decir que se debe a circunstancias objetivas y que no hay ni culpa ni negligencia empresaria”, señalaron los magistrados y destacaron que “se respetó el orden de antigüedad y perdurabilidad” establecidos por la ley. “De faltar alguno de estos requisitos, como resulta de las constancias de autos, el despido no puede justificarse en base a la causal prevista por el art. 247 de la L.C.T.”

Desde la Cámara del Trabajo confirmaron la resolución de primera instancia, la cual establecía el reclamo de las indemnizaciones derivadas del despido. La decisión se apoyó en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo y desatendió los extremos invocados para subsumir el despido en los lineamientos del artículo 247 del citado cuerpo legal, informó DiarioJudicial.com.

Hicieron hincapié en que las manifestaciones efectuadas por la demandada respecto a las dificultades económicas por la crisis de “la actividad agropecuaria y agroexportadora” que atravesó el país “no resultan suficientes –por sí mismas- para acreditar los extremos a los que hace referencia la norma citada, ya que ésta es una situación que puede obedecer a distintas causas, de las cuales no cabe descartar la errónea conducción económica de la empresa. Desde esa perspectiva, es el empresario quien debe asumir el riesgo empresario como contrapartida del lucro o beneficio que obtiene”.

“En tal sentido, las objeciones formuladas en torno a la omisión del auto de apertura a prueba del libramiento de oficio a la institución bancaria que la recurrente afirma haber ofrecido en forma subsidiaria no pueden prosperar puesto que la providencia no mereció objeción alguna de la parte interesada, lo cual importó la convalidación de los actos probatorios producidos en el trámite de la causa por defecto en su producción o por omisión de alguna de ellas, operándose la preclusión del derecho del interesado a efectuar el planteo” justificó el Tribunal.

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