INTERNACIONAL

Central de Trabajadores/as ASI Venezuela denuncia violaciones a los derechos sindicales y laborales

exigen que se inicie una investigación a funcionarios públicos y civiles por su presunta responsabilidad en actos que vulneran los derechos humanos y la libertad sindical.

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La Central de Trabajadores/as ASI Venezuela emitió un comunicado en el que denuncia una serie de prácticas antisindicales y anti laborales en el país, tanto por parte de representantes de instituciones públicas como de empresas del sector privado.

Estas prácticas, según la central sindical, violan las garantías y derechos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los convenios internacionales ratificados por el país.

En su pronunciamiento, ASI Venezuela resalta que las acciones denunciadas incluyen despidos sin justa causa, jubilaciones forzadas, intimidación, acoso y la falta de debido proceso para los trabajadores. En este contexto, la central sindical subraya que «hemos recibido denuncias de la existencia en el país de un conjunto de prácticas antisindicales y anti laborales», las cuales califican como un «atentado» contra los derechos de los trabajadores y dirigentes sindicales.

El comunicado también hace referencia a un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en 2021 destacó la persistencia de hostigamiento hacia la acción sindical en Venezuela. «Dicho informe estableció en sus conclusiones y recomendaciones el inicio de un proceso de diálogo socio laboral», menciona ASI Venezuela, señalando que dicho proceso, que se instaló hace dos años, actualmente «está débil» debido a las violaciones denunciadas.

La organización sindical solicita al Estado venezolano que garantice la paz en el territorio nacional y que «garantice el cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión».

Por otro lado, la central convocó a se respeten los derechos al trabajo, la estabilidad laboral y la inamovilidad laboral. Además, exigen que se inicie una investigación a funcionarios públicos y civiles por su presunta responsabilidad en actos que vulneran los derechos humanos y la libertad sindical.

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