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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Cautela gremial ante anuncios de competitividad de la marina mercante

Los sectores gremiales vinculados a la actividad de la marina mercante nacional señalaron hoy su «cautela» ante los anuncios del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, sobre «consensos logrados» para trabajar en «la aplicación de medidas de mejora de la competitividad».

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La Comisión Tripartita para la actividad, que integran funcionarios, sindicalistas y empresarios, firmó una primera declaración en ese sentido, aunque hoy los referentes patronales y sindicales expresaron su «cautela» ante las posibles futuras regulaciones a aplicar por el Estado a favor de la competitividad.

En el encuentro participaron funcionarios de transporte, empresarios, gremialistas y referentes de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y, esa Comisión Tripartita, se constituyó como mesa de diálogo y trabajo para identificar los problemas de contexto que afectan hoy a la marina mercante.

En un comunicado, Transporte destacó el acuerdo alcanzado sobre «las necesidades de implementación de modificaciones impositivas para reducir el impacto del costo de combustible de los buques y la disminución de los aranceles de importación de insumos o piezas destinadas a la construcción o reparación en el país, dos medidas que serían fundamentales para mejorar los costos logísticos». Los gremios expresaron su «predisposición» a reducir el porcentaje de francos laborales para potenciar al máximo el desarrollo del sector ante la inminente incorporación de nuevos buques, aunque todo ello está sujeto a «un análisis de la Comisión Tripartita».

Desde el sector gremial se coincidió en que «la iniciativa del ministro fue muy positiva, pero no dejó de ser un anuncio de buenas intenciones y en realidad preocupa la implementación». Así lo destacó el secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Cabotaje y Pesca, Julio Insfrán, quien agregó que «la preocupación existente es que Dietrich trace una política previsible que nos haga competitivos, aunque ello no puede suceder a cualquier costo o por una situación traumática».

Insfrán también aclaró las versiones sobre «costos laborales diferenciados para empresas internacionales», las que negociarían el ingreso al país de barcos para competir en el cabotaje fluvial. «No es así. Solo se habló de un régimen más competitivo para los buques gasíferos, pero no hay costos inferiores para empresas. El convenio de trabajo es cumplido por todos por igual y no se aceptarán condiciones precarias o a la baja, aunque hay distorsiones en costos laborales regionales», puntualizó. Para el sindicalista, que no oculta su simpatía por el actual gobierno pero opta por la «cautela» a la hora del consenso, «el sector estaba en diciembre arrasado y las políticas de la marina mercante deben ajustarse a las reglas del mercado», y añadió que «la Hidrovía paraguaya marca la cancha por las condiciones de competitividad, pero no se perdieron puestos de trabajo». «El desafío es tener condiciones previsibles de operaciones con políticas consensuadas tripartitas. De lo contrario, la hipótesis de conflicto será una realidad» irreversible, agregó.

El secretario adjunto del Sindicato Flota Petrolera e Hidrocarburifera (Supeh), Jorge Fedenczuk, reconoció que «los nuevos funcionarios de transporte son más dialoguistas y procuran construir puentes», pero se diferenció de Insfrán respecto de las políticas discriminatorias de costos laborales para buques extranjeros, porque afectarán «las dotaciones nacionales». Agregó que «Dietrich y su equipo analizan dónde reducir costos, aunque sería una locura el régimen diferenciado porque la consecuencia sería la conflictividad sindical. Hay incertidumbre».

El titular del Sindicato de Conductores Navales (Siconara), Armando Alessi, confió hoy al portal Notitrans que «si el gobierno procura una nueva política de marina mercante para ser competitivos debe atacar la voracidad fiscal del Estado». Alessi explicó que «un empresario argentino que paga un 35 por ciento de ganancias no puede competir mientras instalado en Paraguay tributa entre el 8 y el 10 por ciento». Los empresarios expresaron que la reunión fue «positiva», aunque señalaron que «resta mucho por hacer».

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