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Camioneros pidió la liberación de los detenidos en San Nicolás y aseguran que están criminalizando la protesta sindical

Los trabajadores nucleados en el gremio de Hugo y Pablo Moyano se convocaron en la fiscalía nicolense. Cabaleyro y Espíndola seguirán detenidos.

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El Secretario Adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, movilizó junto al secretario gremial Marcelo Aparicio y un grupo de trabajadores hacia las puertas de la fiscalía de San Nicolás, para pedir por la liberación de los dirigentes detenidos Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, en la causa por presunta extorsión.

El abogado Javier Moral se presentó en la audiencia con el Dr. Ramón Parodi, quien quedó al frente de la causa luego de que la jueza de Garantías, María Eugenia Maiztegui, se apartara por un pico de stress. Al salir de la sede judicial, Moral confirmó que sus representados seguirán bajo esta medida preventiva.

“Ratificaron el escrito que en 70 hojas lo único que habla de riesgo procesales son solo 2 párrafos. Los chicos tienen arraigo, no tienen ningún riesgo procesal. No existe razón alguna para que estén detenidos hace 35 días”, declaró el letrado defensor del gremio.

Se investiga a los gremios por principio de culpabilidad y no de inocencia. Todos los sindicalistas tienen que salir a probarla en vez de que le prueben la criminalización”, indicó Moral y enfatizó que “vamos a sostener la causa de la criminalización de la protesta sindical. Se lo ve como una extorsión. Es un punto de inflexión. Esperamos que el doctor Parodi pueda resolver con objetividad y sin condicionamientos personales”.

La movilización que se dio esta mañana en la fiscalía de San Nicolás.

El abogado de los dirigentes de Camioneros aseguró la inocencia de los mismos ya que “no puede haber extorsión en base a audiencias via Zoom y un acuerdo firmado con el Ministerio de Trabajo”.

Moyano denunció un nuevo lawfare y presentó chats como prueba

Cabe destacar que Hugo Moyano denunció días atrás ser víctima de un nuevo lawfare, al descubrir mensajes en el que un presunto informante, vinculado a los servicios de inteligencia, pagaba dinero por datos e informaciones que se usen en contra del sindicato.

Sin embargo, esto fue ocultado en el expediente, afectando al derecho constitucional de la defensa.

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