El líder de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), Adrián Palacios, denunció que “con la caída de las ventas han cerrado muchos kioscos a nivel nacional” para ser más precisos anunció que “33 mil kioscos fueron cerrados en el gobierno de Mauricio Macri”.

Y aseguró que el Gobierno “por supuesto lo ha hecho a propósito contra la clase trabajadora, las Pymes. A los comercios no les ha tirado ningún centro y donde terminamos afectados, el consumo interno se derrumbó y el efecto es que cierran hasta las multinacionales”.

“El termómetro lo tenemos a diario el que hacía changas hoy no la hace y viene a pedir fiado en nuestro kiosco. Es el dueño del kiosco que no le da fiado cigarrillos ni bebidas alcohólicas, le da un paquete de fideos, un paquete de arroz, una lata de tomate y un quesito rayado para que ese vecino al que conoce hace 40 años en el barrio, pueda enfrentar la situación como desocupado o jubilado, porque este gobierno les ha quitado todo. Desde los jubilados hasta los jóvenes ha quitado la comida de la boca”, dijo en diálogo con Agencia Comunas.

En este marco remarco que “hasta el día de hoy viene a pérdida la carga de SUBE en los kioscos porque es un débito y solo se utiliza para el transporte público. Por eso le pedimos a este gobierno varias soluciones, pero no aceptaron ninguna de nuestras propuestas”.

Por último, aseguró que con “el próximo gobierno de Alberto y Cristina los reclamos van a ser los mismos y vamos a tratar de que sea una política de Estado la carga de la SUBE para el transporte público y también en las provincias, donde una de las propuestas que hicimos era que el Banco Nación, y los bancos provinciales que son públicos tomen lo que es el crédito de la carga de transporte público y se lo otorguen al dueño del Kiosco como un crédito y después el kiosquero deposite lo que consume y necesite para su comercio”.

Como consecuencia de la caída de las ventas, la Cerámica Loimar, ubicada en Tandil, anunció a sus trabajadores que dejará de producir, por ende ya son cuarenta los suspendidos y hay amenazas de despidos. La cartera de Trabajo de la Provincia, dictó la conciliación indagatoria por 15 días.

Alberto Algañaraz, delegado de la planta, señaló: “Hemos venido para denunciar el apagado del horno de planta que es el que fabrica ladrillos” y agregó que el miércoles pasado, mantuvieron una reunión, en la cual “nos comunican que piensan trabajar con el horno de planta C, que es el que produce pisos. Hablan de hacerlo a full para poder seguir sosteniendo la empresa”, informó portal local El Eco.

El ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires intervino y dictó el inicio de un período de conciliación obligatoria en el conflicto en Loimar, que las partes deberán acatar por quince días mientras se avanza en un proceso de negociación.

Encargados de la plata informaron que “van a llegar cerca de 40 suspensiones y que podría llegar a haber desvinculaciones, hablaban de 10, 11 ó 13”.

En este sentido, los trabajadores de la ladrillera decidieron que en cuanto les informen del primer despido irán a paro y no descartaron adelantar la medida a partir del impacto que genera la notificación de los telegramas que confirman las suspensiones.

La compañía tabacalera Massalín Particulares anuncío el cierre de su fábrica en la localidad correntina de Goya,  a través de un comunicado y dejará sin trabajo a 220 familias. La empresa adujo la medida a la caída de ventas y a la presión fiscal.

La firma, que se encuentra afiliada a la reconocida marca Philip Morris Internacional afirmó que “lamenta verse obligada a desvincular a alrededor de 220 empleados que desarrollaban actividades en el establecimiento que operó por más de 65 años”.

Al mismo tiempo, desde Massalín Particulares anunciaron que mudarán todas las líneas de producción a la planta ubicada en la localidad bonaerense de Merlo, la cual recibirá unos 30 operarios relocalizados.

“Todas las desvinculaciones se harán con absoluto respeto de la legislación laboral. Adicionalmente a los paquetes indemnizatorios, la compañía otorgará beneficios para los trabajadores despedidos y está colaborando en la puesta en marcha de un plan de asistencia a la comunidad de Goya”, aclararon en el comunicado.

La empresa es la compañía líder de cigarrillos en el país. Cuenta con 2.100 trabajadores, además de los centros de compra y acopio de tabaco en distintas provincias. Además cuenta con una planta de procesamiento de tabaco en Rosario de Lerma, Salta.

Desde la compañía también argumentaron que las empresas de la actividad que cumplen con los requerimientos fiscales en el país, soportan “una carga fiscal de casi el 80% del precio de venta al consumidor”, lo que implica una de las presiones tributarias más fuertes del mundo.

Explicaron, en consecuencia, que la ventas se redujeron considerablemente debido al “aumento de la participación de mercado de empresas que no pagan los impuestos correspondientes”, avaladas por medicas cautelares otorgadas por la Justicia Federal.