Desde que asumió en diciembre de 2015, el diputado provincial de Cambiemos Guillermo Castello no pasó desapercibido. Presentó diversos proyectos que impulsan cambios profundos en las relaciones laborales y, poco a poco, fue convirtiéndose en el legislador con más enemistades entre los gremialistas.
Ejemplo de ello fue su intención de eliminar la feria judicial, el incentivo por el ingreso de Uber a la provincia, las denuncias por irregularidades en el Astillero Río Santiago y, principalmente, su pretensión de declarar a la educación un “Servicio Esencial” con su correlato en la prohibición de las huelgas docentes como las conocemos hasta el momento.
Es sabido que la Provincia de Buenos Aires es la madre de todas las batallas. Lo que sucede allí repercute en la agenda nacional como ningún otro distrito lo hace. En lo específico del mundo gremial, por su dimensión y por el espacio que ocupa en los medios masivos, la paritaria de los docentes bonaerenses reviste la mayor importancia.
Ante los sucesivos paros que se repiten año a año debido a las dificultades para conciliar la paritaria docente, Guillermo Castello presentó en 2017 un proyecto que propone declarar a la Educación como Servicio Público Esencial, garantizando el cumplimiento de los días de clases.
Esta semana el lilito, quien se desempeña como Presidente de la Comisión de Educación, aseguró que “después de 21 días de paro docente, que perjudican a los alumnos de las escuelas públicas, sobre todo a los de menores recursos, habría que evaluar seriamente la necesidad de reglamentar el derecho a huelga de los docentes bonaerenses”.
Y añadió: “Entiendo que el derecho humano a aprender es de jerarquía superior al derecho de huelga, que no es absoluto. Esto implica que el dictado de clases no podrá ser interrumpido por medidas de fuerza, equiparando el deber a las actividades en donde está prohibida su paralización, como por ejemplo, los servicios hospitalarios o el control de tráfico aéreo”.
La iniciativa del diputado marplatense prevé que en caso de conflictos suscitados a raíz de la negociación colectiva o que tengan su origen en la relación laboral, deberán mantenerse, mientras dure el conflicto, los servicios mínimos como el dictado de la cantidad de días de clase en el año determinados por el calendario escolar obligatorio de cada jurisdicción, el funcionamiento de los comedores escolares y el mantenimiento de las escuelas abiertas con una guarda mínima, para que los padres puedan dejar a sus hijos en ellas con seguridad.
Su proyecto para declarar a la Educación como Servicio Esencial descansó durante meses en los cajones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Pero esta semana el titular del cuerpo, Manuel Mosca, le quitó el polvo y salió a respaldar públicamente la iniciativa. “Es una buena variante para analizar, pensando en que no se pueden perder más días de clases en las escuelas”, afirmó.
El aval del proyecto por parte del presidente de la Cámara de Diputados bonaerense implica un claro acompañamiento del Ejecutivo a cargo de María Eugenia Vidal. Pero para ser aprobado necesitará la «ayuda» del peronismo, lo cual pareciera no ser un hecho sencillo.
Desde el Frente Renovador ya expresaron su rechazo a la iniciativa. Así lo hizo saber el presidente del bloque massista, Rubén Eslaiman, quien declaró que no van “a avalar que se restrinja el derecho a la huelga docente”, y le recomendó al gobierno provincial arreglar las escuelas.
Y recordó que la declaración de servicio esencial ya fue planteada por el gobierno de Daniel Scioli y “también el gobierno nacional de la Alianza con una Resolución de la entonces ministra Bullrich que la justicia declaró inconstitucional y la OIT ratificó que la educación no es un servicio público esencial, ante un amparo presentado oportunamente por CTERA”.
En este sentido, Eslaiman acusó a los diputados oficialistas de echar “leña al fuego y exacerbar el conflicto impulsando este tipo de propuestas”.
Lo cierto es que la situación docente en la Provincia se encuentra absolutamente empantanada. Estamos a mediados de septiembre y la paritaria aún no fue firmada. A ello se suman los serios inconvenientes edilicios que presentan los establecimientos educativos que provocaron la muerte de dos trabajadores en Moreno por una explosión de gas y que obligan a que centenares de escuelas deban estar cerradas.
Desde los gremios señalan que la precariedad edilicia y la problemática en los servicios influyeron más en el no dictado de clases que las medidas de fuerzas realizadas por los trabajadores.
Asimismo, en la agenda del oficialismo y de los sindicatos se hace presente un tercer factor que complejiza desde hace meses aún más el dictado de clases: las amenazas de bombas. De forma constante la comunidad educativa de infinidad de colegios debe ser evacuada por llamadas intimidatorias que se realizan al 911 y, por el momento desde el Estado no se brindan respuestas concretas para solucionar esta problemática.
Desde ambos lados del conflicto, porque sí hay una grieta como ya es habitual, se producen acusaciones cruzadas y se incrimina a los sindicatos o las autoridades provinciales de ser los responsables de la situación. El hecho objetivo es que el 2018 va a ser recordado como uno de los peores ciclos lectivos en décadas, con un único damnificado, los chicos.
