La Confederación Sindical de trabajadores y trabajadoras de las Américas (CSA) reclamó un accionar urgente por parte de los Estados de la región en defensa de las y los trabajadores.

La organización, que represente a más de 55 millones de personas en las Américas, pidió por “la garantía de los derechos y la democracia en actual el contexto de la crisis provocada por la pandemia del nuevo Coronavirus (Covid-19)”.

“El mundo del trabajo se ha visto conmocionado a partir de la llegada del COVID-19. Se ha paralizado gran parte de la producción y con ello, millones de trabajadoras/es en las Américas se ven afectados de una forma u otra por los cambios laborales, muchos de estos enfocados en aspectos económicos y con claras repercusiones en los derechos humanos y laborales”, evaluó.

En ese marco, la CSA que tiene como secretario general al sindicalista brasilero Rafael Freire Neto resaltó la evaluación preliminar de la OIT sobre la posibilidad de una pérdida de 25 millones de empleos en el mundo a causa del avance del Coronavirus.

Y destacó que los efectos directos sobre la región “aún no están estimados, pero ante un cuadro de recesión económica y de aumento de la desigualdad en los últimos años, es de estimarse que sus consecuencias sean aún más nefastas para las/os trabajadoras/es”.

En esa dirección la entidad demandó de los gobiernos “la adopción de medidas urgentes a gran escala para mitigar los efectos negativos provocados por la parálisis económica a raíz de las crisis sanitarias generadas a nivel global”.

“Es indispensable la solidaridad internacional coordinada para poder salir adelante y atender la pandemia sin que los más afectados sean los trabajadores/as y los pueblos”, señalaron.

Las expresiones de la CSA ante la pandemia de Coronavirus

1. La crisis actual encontrará la mejor salida posible si los gobiernos priorizan la vida, la salud, los empleos, los salarios y la protección social de las personas frente a los intereses de las grandes empresas y el capital financiero y fortaleciendo el rol del estado frente a la presión privatizadora sobre los servicios públicos. Igualmente, el Estado debe actuar firmemente frente a las empresas privadas que prestan los servicios de alimentación, salud y otros servicios necesarios e impedir que se imponga el interés de la ganancia, por sobre las necesidades de la población.

2. La CSA demanda la adopción de políticas de tasación de las grandes fortunas, las ganancias y la confiscación de los fondos ilícitos ocultos en las guaridas fiscales en todo el mundo, para atender esta emergencia. Nos oponemos firmemente a las políticas de disminución de salarios, despidos masivos, cierres compulsivos o cualquier medida que ponga a las/os trabajadoras/es a pagar el costo de esta pandemia. Igualmente, sobre la adopción de medidas sin las debidas consideraciones de los impactos económicos, sociales y psicosociales que están ocasionando serias dificultades a las/os trabajadoras/es, como lo son: el teletrabajo, las vacaciones compulsivas, suspensión de jornadas sin goce de salarios, así como el agravamiento de la violencia domestica hacia las mujeres, producto del confinamiento por la cuarentena.

3. Ratificamos nuestra solidaridad con las/os trabajadores/as de la región y del mundo que están enfrentando los efectos de esta pandemia. Asimismo, expresamos la necesidad de colocar en el centro de la respuesta a las personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad, como son quienes viven en situación de calle y de pobreza extrema, las/os trabajadores en situación de informalidad, las/os trabajadoras/es domésticas/os, así como las/os trabajadoras/es de la salud, la alimentación, el aseo urbano y de otros sectores que están en la primera línea de lucha frente al virus.

4. Alertamos sobre las tendencias autoritarias y amenazas a la democracia que, bajo el discurso de los estados de emergencia, de conmoción interna y otras denominaciones están siendo adoptados por los gobiernos para enfrentar la crisis, pero que en verdad se traducen en la disminución de los espacios democráticos, los derechos políticos y el ataque a conquistas históricas de nuestras sociedades.

5. De manera especial la CSA denuncia las medidas adoptadas por varios gobiernos conservadores, de tendencias autoritarias y neofascistas, que en diversos niveles de la administración pública (nacional, estadal y municipal) se están aprovechando de la pandemia para adoptar políticas de destrucción de derechos, criminalización de la acción sindical y represión del legítimo descontento social ante los efectos sociales y económicos de la crisis.

6. Reconocemos y acompañamos las iniciativas de algunos gobiernos por atender la crisis con criterios de mayor equidad y justicia. Hacia ellos expresamos nuestra disposición de seguir fortaleciendo medidas de emergencia y políticas públicas permanentes, centradas en la justicia y la inclusión social.

7. Expresamos nuestra solidaridad y alentamos a las organizaciones sindicales en todos los países, que, en condiciones extremadamente desfavorables, mantienen una posición en defensa de los derechos de las/os trabajadoras/es y en contra de aquellos gobiernos y empleadores que pretenden aprovecharse de la crisis para profundizar la situación de precariedad de la población.

8. Desde la CSA acompañaremos las diversas iniciativas sindicales y sociales que se están adoptando para promover la protección de la población y los derechos de la clase trabajadora frente a la crisis.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó que producto de la crisis económica y laboral provocada por la pandemia del COVID-19 podría aumentar el desempleo mundial en casi 25 millones de personas.

Son datos de una nueva evaluación del organismo internacional sobre el impacto del coronavirus en el ámbito laboral.

Sin embargo, de haber una respuesta política coordinada a nivel internacional, como ocurrió frente a la crisis financiera mundial de 2008-2009, el impacto sobre el desempleo mundial podría ser significativamente menor.

En la nota de evaluación preliminar el COVID-19 y el mundo del trabajo: Consecuencias y respuestas, se pide la adopción de medidas urgentes, a gran escala y coordinadas basadas en tres pilares: proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo, estimular la economía y el empleo, y sostener los puestos de trabajo y los ingresos.

Esas medidas incluyen la ampliación de la protección social, el apoyo para mantener el empleo (es decir, el trabajo a jornada reducida, las vacaciones pagadas y otros subsidios) y la concesión de ayudas financieras y desgravaciones fiscales, en particular a las microempresas y pequeñas y medianas empresas.

Además, en la nota se proponen medidas de política fiscal y monetaria, así como préstamos y ayuda financiera a sectores económicos concretos.

Sobre la base de las diferentes hipótesis por las consecuencias del COVID-19 sobre el crecimiento del PIB mundial, las estimaciones de la OIT indican un aumento del desempleo mundial de entre 5,3 millones (hipótesis “prudente”) y 24,7 millones (hipótesis “extrema”) a partir de un nivel de base de 188 millones en 2019.

En comparación, la crisis financiera mundial de 2008-2009 aumentó el desempleo mundial en 22 millones.

Se prevé además un aumento exponencial del subempleo, ya que las consecuencias económicas del brote del virus se traducen en reducciones de las horas de trabajo y los salarios. En los países en desarrollo, es posible que las restricciones al movimiento de personas (por ejemplo, de los proveedores de servicios) y mercancías en esta ocasión anulen el efecto amortiguador que allí suele tener el empleo por cuenta propia.

Las caídas del empleo también conllevan grandes pérdidas de ingresos para los trabajadores. El estudio estima que éstas se situarán entre 860.000 millones de dólares y 3,4 billones de dólares a finales de 2020. Esto se traducirá en caídas en el consumo de bienes y servicios, lo que a su vez afectará a las perspectivas de las empresas y las economías.

También se prevé un importante aumento de la pobreza laboral, ya que “la presión sobre los ingresos resultante de la disminución de la actividad económica tendrá un efecto devastador para los trabajadores que se encuentran cerca o por debajo del umbral de la pobreza”.

La OIT estima que entre 8,8 y 35 millones de personas más estarán en situación de pobreza laboral en todo el mundo, frente a la estimación original para 2020 (que preveía una disminución de 14 millones en todo el mundo).

“Ya no se trata sólo de una crisis sanitaria mundial, sino también de una importante crisis económica y del mercado laboral que está teniendo un enorme impacto en las personas”, dijo el Director General de la OIT, Guy Ryder.

“En 2008, gracias a que el mundo hizo un frente común ante las consecuencias de la crisis financiera mundial se evitó lo peor. La actual coyuntura requiere de ese tipo de liderazgo y determinación”, añadió.

“Ya no se trata sólo de una crisis sanitaria mundial, sino también de una importante crisis económica y del mercado laboral que está teniendo un enorme impacto en las personas.”

La nota de la OIT advierte que la crisis del empleo podría afectar a determinados grupos de manera desproporcionada, y por consiguiente agravar la desigualdad. Entre ellos se encuentran las personas con trabajos menos protegidos y mal pagados, en particular los jóvenes y los trabajadores de edad. Las mujeres y los migrantes también. Estos últimos son vulnerables debido a la falta de protección y derechos sociales, y las mujeres tienden a predominar en los empleos de baja remuneración y en los sectores afectados.

“En tiempos de crisis como el que nos toca vivir, contamos con dos herramientas clave que pueden ayudar a mitigar los daños y a restablecer la confianza del público. En primer lugar, el diálogo social activo entre los trabajadores y los empleadores y sus representantes, es vital para fomentar la confianza del público y el apoyo a las medidas necesarias para superar esta crisis. En segundo lugar, las normas internacionales del trabajo proporcionan una base de probada eficacia para las respuestas de política que se centran en una recuperación sostenible y equitativa. Es necesario que en este difícil momento se haga todo lo posible para reducir al mínimo los perjuicios para las personas”, concluyó Ryder.

Un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó que el avance del coronavirus hará crecer aún más el desempleo juvenil en América Latina.

Así lo destacó la Oficinal Regional de OIT al citar nuevos datos incluidos en un informe sobre tendencias del empleo.

Hoy las altas tasas de desempleo, informalidad e inactividad asedian a cerca de 110 millones de jóvenes en América Latina y el Caribe.

“El escenario del empleo juvenil en la región es preocupante, y se complicará aún más cuando se sienta el impacto del coronavirus sobre la economía regional”, dijo el Director de OIT para América Latina y el Caribe, Vinícius Pinheiro, al comentar los datos regionales del informe “Tendencias mundiales del empleo juvenil 2020” que se presentó en Ginebra.

Pinheiro explicó que los empleos temporales, a tiempo parcial, o desprotegidos en condiciones de informalidad, como los que suelen tener los jóvenes, son los más afectados por el deterioro de la economía. “El coronavirus contagiará los mercados laborales y afectará los indicadores de empleo juvenil”.

“Cuando hay una crisis los jóvenes están entre los primeros en perder sus empleos, principalmente los que están en la economía informal, y en sectores como turismo, transporte, comercio no electrónico y otros servicios en los cuales el teletrabajo no es una opción”, recordó.

En América Latina y el Caribe hay 9.4 millones de jóvenes desempleados, 23 millones que no estudian ni trabajan ni están en capacitación, y más de 30 millones sólo consiguen empleo en condiciones de informalidad, de acuerdo con el nuevo informe de la OIT.

La tasa de participación laboral de los jóvenes de 48.7% en 2020, ha estado descendiendo en forma leve pero persistente desde el año 2000, cuando era de 53.7%. Esto significa que en la actualidad hay más de 52 millones de personas entre 15 y 24 años en la fuerza de trabajo regional, incluyendo los ocupados y aquellos que están desocupados pero buscan activamente un empleo.

La tasa de desempleo juvenil prevista para 2020 es de 18%. Esta proporción es poco más del doble de la tasa general y tres veces más que la de los adultos, una situación que se repite en casi todos los países.