Desde hace unos días el eje de la discusión mediática se concentra en el monto y condiciones de pago del “bonete” de fin de año que neutralizó un paro general no deseado ni por el gobierno ni por la cúpula CEGETISTA.
Mientras tanto hoy se publicó en el boletín oficial el decreto por el que se materializa la letra chica del acuerdo.
Las críticas se hacen oír desde todos los frentes.
Para los trabajadores el monto es insuficiente para compensar el 15% de pérdida del poder adquisitivo del salario en lo que va del año, aun en aquellas actividades que han logrado los mejores acuerdos paritarios. No existe ninguna actividad que requiera un bono inferior a los $ 40000 para compensar esa pérdida acumulada… y ese es solo el piso.
Los empresarios PYMES si bien reconocen la necesidad de atender las necesidades de sus trabajadores en un contexto recesivo e inflacionario, manifiestan enormes dificultades para cumplirlo y critican que la falta de previsión de mecanismos de asistencia y financiamiento del “bonete” resultan un obstáculo para su implementación.
El debate está instalado y pareciera que en vez de resolver o al menos paliar los problemas reales de la gente las autoridades impulsan una discusión mano a mano de trabajadores y empresarios (sobre todo del sector PYME) con el gobierno como espectador de lujo.
Un elemento incluido en el decreto presidencial y que no ha sido objeto de análisis profundo es el procedimiento previo de comunicación de despidos hasta el mes de marzo de 2019. Parecería que mediante el mismo el gobierno aspira a frenar la sangría de puestos de trabajo que viene sufriendo el mercado de trabajo y que, lamentablemente, llevará a los dos dígitos el índice de desempleo antes de fin de año.
Dicho esto… ¿será efectiva la herramienta elegida o se trata solo de un título vacío?
Para contestar esa pregunta cabe evaluar si la omisión en el cumplimiento de ese procedimiento de comunicación previa de despidos es sancionada con la nulidad del propio despido. La respuesta es NO. El despido realizado sin causa durante la vigencia del decreto queda firme e irrevocable.
Recordemos que en tiempos de crisis se sancionó la Ley 25561 (2002) que prohibía los despidos por 180 días y que, si bien no sancionaba con la nulidad los despidos dispuestos en violación a esa prohibición, establecía la duplicación de las indemnizaciones del trabajador afectado. Con ese mecanismo se desalentaban por un lado los despidos por el incremento del costo y, por el otro, se otorgaba una mayor protección al trabajador que frente a la crisis de empleo enfrentaba un horizonte de desempleo de mayor duración.
El gobierno no ha elegido ni la protección plena de la estabilidad en el empleo (nulidad del despido) ni la de otorgar una protección real al trabajador despedido en tiempos de crisis (agravamiento indemnizatorio).
Ha optado sencillamente por “sancionar” al empleador que omite el procedimiento con la aplicación de las multas que prevé el Pacto Federal del Trabajo (Ley 25212). Pero… ¿alguien se tomó el trabajo de analizar si esa norma le es aplicable a este tipo de violaciones? Parecería que no.
La referida ley enuncia una seria de conductas específicas reprochables y les determina una sanción a cada una de ellas. Ninguna hace referencia al incumplimiento de un procedimiento de comunicación de despidos por la sencilla razón de que no existía al momento de sancionarse.
¿Es posible aplicar “por analogía” las sanciones de otro tipo de infracciones previstas en el Pacto Federal de Trabajo a estos despidos?
La respuesta es también negativa pues rigen para el procedimiento infraccionario las mismas garantías que para el proceso penal … no hay delito sin ley preexistente al hecho. Un decreto no puede modificar la ley y crear “nuevos delitos”… al menos no en un estado republicano de derecho.
Pero si aún por hipótesis pretendiéramos extender las multas a las violaciones del procedimiento pre-despido que establece el Decreto del “Bonete”, lo cierto es que el beneficiario de estas no será el trabajador que es el afectado directo y quien requiere ser protegido en la contingencia indeseada de pérdida de su trabajo sino el ministerio de trabajo.
La conclusión es que el debut del Ministro Sica al frente del área de trabajo y la aparente despedida del Secretario Triaca no parecen modificar la línea directriz del gobierno de Macri que es dejar librado al trabajo a los avatares del mercado.
