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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Bono 2018: El cuento del ¿gran? bonete

Por Raúl Ferrara (abogado laboralista y columnista de Mundo Gremial)

Mundo Gremial

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Desde hace unos días el eje de la discusión mediática se concentra en el monto y condiciones de pago del “bonete” de fin de año que neutralizó un paro general no deseado ni por el gobierno ni por la cúpula CEGETISTA.

Mientras tanto hoy se publicó en el boletín oficial el decreto por el que se materializa la letra chica del acuerdo.

Las críticas se hacen oír desde todos los frentes.

Para los trabajadores el monto es insuficiente para compensar el 15% de pérdida del poder adquisitivo del salario en lo que va del año, aun en aquellas actividades que han logrado los mejores acuerdos paritarios. No existe ninguna actividad que requiera un bono inferior a los $ 40000 para compensar esa pérdida acumulada… y ese es solo el piso.

Los empresarios PYMES si bien reconocen la necesidad de atender las necesidades de sus trabajadores en un contexto recesivo e inflacionario, manifiestan enormes dificultades para cumplirlo y critican que la falta de previsión de mecanismos de asistencia y financiamiento del “bonete” resultan un obstáculo para su implementación.

El debate está instalado y pareciera que en vez de resolver o al menos paliar los problemas reales de la gente las autoridades impulsan una discusión mano a mano de trabajadores y empresarios (sobre todo del sector PYME) con el gobierno como espectador de lujo.

Un elemento incluido en el decreto presidencial y que no ha sido objeto de análisis profundo es el procedimiento previo de comunicación de despidos hasta el mes de marzo de 2019. Parecería que mediante el mismo el gobierno aspira a frenar la sangría de puestos de trabajo que viene sufriendo el mercado de trabajo y que, lamentablemente, llevará a los dos dígitos el índice de desempleo antes de fin de año.

Dicho esto… ¿será efectiva la herramienta elegida o se trata solo de un título vacío?

Para contestar esa pregunta cabe evaluar si la omisión en el cumplimiento de ese procedimiento de comunicación previa de despidos es sancionada con la nulidad del propio despido. La respuesta es NO. El despido realizado sin causa durante la vigencia del decreto queda firme e irrevocable.

Recordemos que en tiempos de crisis se sancionó la Ley 25561 (2002) que prohibía los despidos por 180 días y que, si bien no sancionaba con la nulidad los despidos dispuestos en violación a esa prohibición, establecía la duplicación de las indemnizaciones del trabajador afectado. Con ese mecanismo se desalentaban por un lado los despidos por el incremento del costo y, por el otro, se otorgaba una mayor protección al trabajador que frente a la crisis de empleo enfrentaba un horizonte de desempleo de mayor duración.

El gobierno no ha elegido ni la protección plena de la estabilidad en el empleo (nulidad del despido) ni la de otorgar una protección real al trabajador despedido en tiempos de crisis (agravamiento indemnizatorio).

Ha optado sencillamente por “sancionar” al empleador que omite el procedimiento con la aplicación de las multas que prevé el Pacto Federal del Trabajo (Ley 25212). Pero… ¿alguien se tomó el trabajo de analizar si esa norma le es aplicable a este tipo de violaciones? Parecería que no.

La referida ley enuncia una seria de conductas específicas reprochables y les determina una sanción a cada una de ellas. Ninguna hace referencia al incumplimiento de un procedimiento de comunicación de despidos por la sencilla razón de que no existía al momento de sancionarse.

¿Es posible aplicar “por analogía” las sanciones de otro tipo de infracciones previstas en el Pacto Federal de Trabajo a estos despidos?

La respuesta es también negativa pues rigen para el procedimiento infraccionario las mismas garantías que para el proceso penal … no hay delito sin ley preexistente al hecho. Un decreto no puede modificar la ley y crear “nuevos delitos”… al menos no en un estado republicano de derecho.

Pero si aún por hipótesis pretendiéramos extender las multas a las violaciones del procedimiento pre-despido que establece el Decreto del “Bonete”, lo cierto es que el beneficiario de estas no será el trabajador que es el afectado directo y quien requiere ser protegido en la contingencia indeseada de pérdida de su trabajo sino el ministerio de trabajo.

La conclusión es que el debut del Ministro Sica al frente del área de trabajo y la aparente despedida del Secretario Triaca no parecen modificar la línea directriz del gobierno de Macri que es dejar librado al trabajo a los avatares del mercado.

Somos una agencia de noticias sindicales. Nuestra misión es dar un espacio de encuentro e información a todos los sectores de la actividad, sin discriminar su capacidad y potencial

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Moyano y Grabois, una unidad con la bendición de Papa que llega a El Calafate

Por Nicolás Alberio, columnista de Mundo Gremial

Mundo Gremial

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Hugo Moyano es el referente de los Camioneros desde hace décadas, mientras que Juan Grabois tiene su base política en otro sector de la sociedad, en los trabajadores informales, en los excluidos. ¿Pero qué tienen en común? ¿Por qué se los ve cercanos a pesar de la diferente procedencia? El Papa Francisco es el puente que une a estos dos mundos.

Siguiendo las estructuras de análisis sociológicas del Siglo XX, los trabajadores fueron históricamente el sector popular. El peronismo nació con un discurso que los interpelaba, que les otorgaba derechos. Por convicción, para ganar elecciones, todo es materia opinable, como sucede siempre cuando se habla del líder justicialista. Pero lo cierto es que así fue concebido. En esta matriz, el sindicalismo se alineó como parte esencial del Movimiento Nacional. Sin embargo, desde mediados de la década del 70, la Argentina ya no incluye a personas al mundo del trabajo, sino que sistemática expulsa a más y más fragmentos de la sociedad.

Moyano es heredero de esa vieja tradición. No quiere decir que represente al conjunto de los trabajadores, ya nadie lo hace, pero sí su condición de sindicalista lo embiste con características muy peculiares para la época. El movimiento obrero organizado, como se le decía, son los privilegiados de la sociedad. Vaya paradoja. Son quienes tienen un sueldo, vacaciones pagas, convenios colectivos de trabajo, aguinaldo, obra social, y la lista sigue.

Por su parte, Grabois comenzó su actividad política en la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), es decir, quienes hacen changas, los trabajadores que no tienen asegurado un plato de comida a diario.

Grabois y Moyano son dos mundos paralelos, que casi no se tocan. Salvo cuando el trabajador formal sale de la fábrica y en un semáforo alguien se acerca para limpiarle el vidrio del auto, o cuando contrata a alguien temporalmente para que le corte el pasto de la casa.
A pesar de ello, durante el 2018 se los vio muy cercanos. Toda una novedad ver a sindicatos formales junto a movimientos sociales. Un ejemplo claro fue la misa que organizó el camionero y a la que asistió Grabois en Luján. Conclave que jamás se podría haber realizado sin el visto bueno del Vaticano, a pesar que luego se negó rotundamente su participación.

La ceremonia eclesiástica, en la cual se criticó en duros términos la gestión de Mauricio Macri y sus consecuencias en el mundo del trabajo, dejó de manifiesto quién ejerció el rol de unir a ambos sectores: el Papa Francisco.

A pocos puede sorprender que Francisco tenga un rol político, siempre fue así a lo largo de los 2000 años de la Iglesia. Los papas son jefes de Estado y como tales participan en la arena política, con mayor o menor intensidad. Puede gustar o no el posicionamiento que toma, pero la realidad es que Bergoglio busca que los sectores formales e informales del mundo del trabajo establezcan una plataforma común de cara a las elecciones del 2019.

Aquí comienza a tomar relieve una figura que como el sol, aunque no la veamos siempre está: Cristina Kirchner.

Pocos meses atrás, Moyano se reencontró luego de más de 6 años de fuerte distanciamiento con la líder de Unidad Ciudadana. Si bien, donde hubo fuego cenizas quedan, los intereses de ambos volvieron a cruzarse en el camino. Cristina Kirchner sabe que se necesita al camionero para ganar elecciones y él quiere que Macri no sea reelecto, al tiempo que lo culpa de todas las causas judiciales en su contra.

En este esquema, Grabois de estrechísimos vínculos con el Papa, recorre los medios y realiza actos partidarios, ahora enmarcado en Patria Grande, desde donde plantea que Cristina Kirchner es la mejor candidata a presidente, pero aclara “con el kirchnerismo, pero sin los corruptos”.

En los próximos meses la unidad entre Moyano y Grabois ingresarán a la recta final y hay que estar atentos a los distintos movimientos que realizarán hasta el cierre de lista. Sí, no leyeron mal. La confección de las candidaturas es la fecha a tener en cuenta y no los comicios generales. La gran incógnita es si Cristina Kirchner se presenta o no. Si lo hace ambos espacios confluyen y si no, ninguno de los dos recordarán haber tomado un café juntos.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Asume el reemplazante de Triaca con el objetivo de recomponer lazos con gremios

Será esta semana. Se trata de Lucas Fernández Aparicio, un hombre del riñón del ministro Guillermo Dietrich y de extenso diálogo con los sindicatos, sobre todo del sector transporte.

Mundo Gremial

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Lucas Fernández Aparicio se convertirá en el nuevo Secretario de Trabajo de la Nación en reemplazo de Jorge Triaca, quien había ocupado ese cargo tras la eliminación del ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

La asunción del funcionario renueva las esperanzas en el movimiento gremial, que tratará de encontrar un nuevo canal de diálogo para alcanzar respuestas a sus reclamos tras los cortocircuitos con Triaca y compañía.

La designación logró consenso en el seno del gobierno y del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, que ahora delegará a Fernández Aparicio algunas relaciones con sindicatos y delegaciones de Trabajo en el interior del país.

El nuevo secretario laboral logró buena relación con todas las delegaciones del exministerio de Trabajo por su antigua función dentro de la cartera cuando encabezó la Secretaría de Atención Ciudadana y Servicios Federales.

En aquel momento tomó un fuerte protagonismo en las provincias del país llevando las políticas de empleo y capacitación laboral, impulsadas desde el gobierno.

Así sumó influencia y un poder dentro de las estructura del ministerio de Trabajo, que hoy lo lleva a ocupar el puesto que dejó vacante Triaca, temporalmente suplantado por Horacio Pitrau.

Ahora tendrá el duro objetivo de recomponer las heridas que dejó la gestión Triaca y evitar un escenario caótico en 2019, el último año de la presidencia de Mauricio Macri y con un calendario electoral clave en las aspiraciones de todo Cambiemos.

Un hombre de Dietrich. Fernández Aparicio comenzó sus pasos en la gestión pública de la mano del actual ministro de Trasporte, Guillermo Dietrich, como miembro permanente de la Comisión Especial de Renegociación de Contraros.

De allí, apadrinado por Dietrich, llegó al ministerio de Trabajo como Secretario de Atención Ciudadana y Servicios Federales para retornar luego a Transporte como Presidente de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE).

Esta semana, confirmará su retorno a la estructura de la cartera laboral, ahora ministerio de Producción y Trabajo.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

El patrimonio del SOEME, la nueva caja de Vidal para “jugar a la política”

Afiliados apuntan al interventor Reinke por utilizar los bienes del gremio para “hacer política” con complicidad de la gobernadora.

Mundo Gremial

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“Los gremios son de los afiliados”, acostumbran a decir los dirigentes sindicales. Y las intervenciones, también. En la teoría debe ser así, pero muchas veces la práctica demuestra lo contrario.

Son constantes las denuncias recibidas por parte de afiliados de distintas organizaciones gremiales sobre la falta de espacios de participación y, sobre todo, en la decisiones sobre el patrimonio de los -sus- sindicatos.

En ese marco, en los últimos días se conoció una grave acusación contra una de las intervenciones en gremios que dejó la gestión de Jorge Triaca. Hablamos del SOEME -Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación-, hoy a cargo del abogado Conrado Reinke.

Lo acusan de “apropiarse” de los bienes del gremio sin el consentimiento de los afiliados, con el agravante que las acusaciones son hacia un interventor que, según la teoría, tiene por función “devolver el gremio a los trabajadores”. Eso no estaría sucediendo.

Reinke y la gobernadora María Eugenia Vidal utilizaron las instalaciones del camping del SOEME en José C. Paz, a espalda de los afiliados, para “jugar a la política” bajo el paraguas de la lucha contra las “mafias sindicales”.

Una comitiva de la mandataria provincial llegó al predio de Tortuguitas junto al interventor para anunciar un acuerdo de cooperación con instituciones, con la intención de abrir el camping a la sociedad.

La intervención, Vidal y el padre Gustavo Marconi celebraron la firma de un convenio para que niños carenciados utilicen gratuitamente las instalaciones del predio.

“Las puertas de los sindicatos deben estar abiertas, eso está claro, porque es parte de la función social de un gremio. Lo que rechazamos es la utilización política de Reinke y la gobernadora que se creen los dueños del patrimonio del SOEME sin siquiera consultarlo con los afiliados en asamblea”, denuncian desde la Agrupación Nuevo SOEME.

Sostienen que Reinke se atribuye facultades que no son propias de un interventor. A la denuncia sobre el camping de Tortuguitas se suma la efectuada hace meses cuando cerró una negociación paritaria sin el consentimiento de la asamblea de afiliados y la falta de convocatoria a elecciones, cuando desde la gestión comunican que el sindicato “está saneado”.

Reike, Vidal y el ministro de Trabajo Marcelo Villegas en el camping de SOEME

La acción de Reinke sería llevada a la Justicia lo que podría ocasionar graves problemas a la Provincia ante el supuesto ejercicio ilegal de la intervención, según destacó un abogado especialista en la materia a Mundo Gremial.

Según explican los expertos, la disposición de bienes del sindicato por parte del Interventor “técnicamente es ilegal”, más aún en la situación que se encuentra el SOEME, con un proceso avanzado de normalización que lleva casi un año.

“Si puede disponer del patrimonio, también debería poder llamar a elecciones y no lo hacen. Llegaron con el discurso de terminar con el manejo discrecional de las cajas de los sindicatos y ahora lo hacen desde las intervenciones para hacer un aprovechamiento político”, fustigó un dirigente del SOEME a Mundo Gremial.

El enojo va en aumento contra lo que llaman “abuso en las facultades de la intervención”, a cargo de Reinke, quien desde 2014 está vinculado a la consultora Sentidos de Carlos Grosso, una consultora de mucha influencia en el gobierno nacional, que oportunamente Mundo Gremial ampliará en la investigación sobre el vínculo con la intervención y otras organizaciones sindicales.

En los próximos días, la situación podría tener un capítulo judicial con fuerte respaldo de los afiliados que siguen sin ver los cambios prometidos tras la detención de Marcelo Balcedo.

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