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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Aumento de $4.000 y Ganancias: Cómo afecta el impuesto a los trabajadores

El incremento salarial decretado por el gobierno nacional para los privados regirá a partir de febrero, y con él, miles de trabajadores deberán hacer frente a un salto importante en el pago del impuesto a las Ganancias. Los estatales, por ahora, quedan exentos del aumento.

Jonatan Beltrando

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A partir del próximo lunes todos los trabajadores del sector privado comenzarán a recibir el incremento salarial dispuesto por el gobierno de Alberto Fernández durante los primeros días de enero. Se abonará en dos tramos de $3.000 y $1.000 y será de carácter remunerativo. Como el incremento forma parte del salario será alcanzado por el pago de Ganancias para aquellos que deban hacer frente al impuesto.

Las escalas, según dispuso la AFIP, serán para 2020 de $55.261 para los trabajadores solteros, $64.145 para los casados y $73.104 para los casados con dos hijos. El impuesto se establece sobre el haber neto (sueldo en mano). Es decir, que un trabajador soltero que cobra el mínimo a partir del cual debe abonar el impuesto, estará aportando $176 mensuales, lo cual no representa una suma significativa en el salario de dicho trabajador.

Ahora bien, en el caso de un trabajador soltero que percibe $56.000 de bolsillo ($ 67.521 bruto)  está aportando $42,32 mensuales, lo que representa en la medida anual $507,84, un 0,06% de descuento sobre el sueldo bruto, ya que los $11.478.57 restantes son aportes a la seguridad social. Con el aumento, pasará a cobrar $60.000 de bolsillo, y deberá abonar $335,90 mensuales, lo que lleva la cifra anual a $4030,85, un 0,46% del sueldo bruto. De esta manera, el sueldo se incrementa en un 0,7% mientras que la cifra de Ganancias asciende alrededor de 800%.

Si bien el espíritu del impuesto es progresivo (quien más gana más paga), el aumento de $4.000 se vería desinflado con los porcentajes alcanzados.

En otros niveles, un trabajador soltero que recibe $80.000 neto debe pagar mensualmente $5.118,51, y anualmente $61.422,13. En tanto, aquellos que cobran $90.000 deben aportar $9252,48 por mes y $111.029,80 al año, es decir, más de un sueldo a lo largo de 12 meses.

En el caso de las personas casadas con hijos, el impuesto tiene el piso en $73.104, con un impuesto base al igual que en el caso de los solteros, de $176. Los trabajadores que perciban $80.000 mensuales le aportarán al Estado $574,05 ($6888,61 anual), mientras que aquellos que cobren $90.000 deberán pagar $2638 mensuales y $31546 anuales, poco más del 30% de un salario.

Los trabajadores estatales, por su parte, aún aguardan la aplicación del aumento, aunque ya se sabe que será del mismo monto que para los privados, de $3.000 con los sueldos de marzo y $1.000 con los haberes de abril. La particularidad aquí, es que el gobierno estableció un tope con aquellos trabajadores que cobran $60.000.

Con esta cifra, un trabajador que recibe $59.000 mensual se hará del incremento y pasará a cobrar, en líneas generales, alrededor de $63.000. Con lo cual cientos de empleados que se encuentran cerca del techo del beneficio verán desinflado el aumento otorgado.

Veamos este caso: Un empleado que percibe $59.000 debe aportar $227,87 mensuales en Ganancias y $2735 anuales, lo que representa un 0,32% del sueldo bruto. Con el aumento total, alcanza los $63.000 y pasa a pagar $699,81 mensuales y $8397,72 anuales, lo que eleva la cifra del sueldo bruto a 0,91%. En este sentido, el trabajador recibe un incremento de suma fija del 0,7% y eleva su aporte en ganancias por encima del 300% respecto del monto anterior.

A mediados de 2019 las personas alcanzadas por el impuesto a las ganancias ascendían a 2,2 millones, mientras que en 2015 eran apenas 1,2 millones. El mínimo no imponible para un soltero en 2019 era de $38.300, aunque a mediados de agosto, luego de las PASO, Mauricio Macri decidió aumentarlo 20%, llegando a $46.000 para los solteros.

A lo largo del año pasado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) recaudó 1,1 billones de pesos en Ganancias, casi un 50% más que en 2018. En líneas generales, y tomando como referencia un universo de 2 millones de trabajadores que pagan Ganancias, cada uno estaría aportando al Estado $550. Si bien el ejemplo es ilustrativo, ya que hay empleados que pagan la mínima retención, de apenas $176 y otros llegan a pagar montos que superan los $150.000 anuales, las cifras reflejan la contundencia de los montos con los que cuenta el Estado cada año, sólo tomando como referencia este impuesto.

Licenciado en Comunicación Social. Soy de Baigorrita (Bs. As) y me desempeño como redactor en Mundo Gremial.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Programa para la generación de trabajo genuino y decente

Por Lucas Fernández Aparicio (ExSecretario de Trabajo de la Nación)

Mundo Gremial

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Argentina, al igual que la mayoría de los países del mundo, ha demostrado estar dispuesta a hacer un gran esfuerzo en medidas de contención dirigidas principalmente a cubrir las
necesidades básicas de los ciudadanos, preservar los empleos y ayudar a las empresas a sobrevivir.

Estas son medidas de corto plazo, que atienden la coyuntura y asisten las necesidades más urgentes de las empresas y los sectores más vulnerables. Si algo nos dejó en claro esta pandemia es que, cuando la situación se complica, recurrimos directamente a tocar la puerta del Estado pidiendo asistencia y respuestas inmediatas, bajo la concepción que puede omni comprensivamente contener todos los daños.

Ahora bien, el Estado asumió el papel protagónico de ser prestamista, pagador y asegurador de los recursos básicos, pero la asistencia económica por parte del gobierno nacional para atender la crisis de producción y trabajo no será eterna ni suficiente, tampoco debería serlo. Su prolongación en el tiempo tendrá los límites naturales de las cosas finitas, de hecho, los presupuestos nacionales lo son.

Teniendo en cuenta lo antedicho y como en toda crisis, nos enfrentamos a una oportunidad de transformación. Transformar una cultura que es contraria a la defensa del trabajo por una que concientice a los actores del sistema laboral y a la comunidad de su importancia vital y la necesidad de generarlo, mantenerlo y protegerlo entre todos.

Necesitamos innovar mediante el diseño e implementación de soluciones colaborativas y constructivas que corrijan problemas sistémicos que nos hacen caer continuamente en la trampa cíclica de no poder crecer. Sabemos cual es el mejor camino para salir adelante, el diálogo. Pero al diálogo hay que incentivarlo. Cotidianamente lo incentivamos en varios ámbitos de nuestras vidas, en el trabajo, en la familia y siempre con las mismas reglas. Creamos ambientes positivos y de confianza, hacemos partícipes a los involucrados en la toma de decisiones, ejercitamos la escucha, identificamos los temas de interés y los alineamos.

Aprovechar la oportunidad y nuestra capacidad colectiva.

“Nadie pone una moneda donde no gane una moneda y algo más, a no ser que sea filántropo o se encuentre realizando una acción solidaria”

Debemos ser conscientes que la generación de empleo no es responsabilidad exclusiva, y mucho menos excluyente, del Estado. El tiempo vivenciado como gestor de políticas públicas me dejó un aprendizaje: en los intentos de generación de espacios de diálogo, la participación del Estado suele estar subsumida a un rol de mediador, a una dimensión únicamente regulatoria o a cuestiones relacionadas con la facilitación de infraestructura, cuando en realidad debe sentarse en la misma mesa a negociar como una parte más. Esta es una de las razones fundamentales por la que no logra los resultados esperados, resultados que no le son indiferentes. Creo fundamental que el Estado debe asumir una participación proactiva, donde deba aportar al igual que los demás para la concreción y el logro de los objetivos planteados y consensuados entre las partes.

Programa para la generación de Trabajo Genuino y Decente

La propuesta de implementar un programa para la generación de trabajo genuino y decente se basa en establecer mecanismos de incentivos aplicados a negociaciones inteligentes y productivas por actividad económica. El Estado debe invertir el orden y generar una propuesta basada en incentivos económicos, financieros e impositivos dirigidos estratégicamente a aquellos que transiten el camino de lograr acuerdos inteligentes.

¿Qué logramos con esto? Básicamente dirigir los esfuerzos, finitos, del Estado y los recursos disponibles a aquellas actividades que hayan trabajado de manera colaborativa y constructiva en lograr la implementación de transformaciones consensuada necesarias para tener la potencia de generar nuevas inversiones y nuevos puestos de trabajo. Este recorrido implica transformar cultura.

Cuando hablo de transformaciones consensuadas, hablo de esos cambios que tanto los sectores, Empresarial y Sindical, como el propio Estado tienen en agenda hace décadas y que, por distintas razones, todas atendibles, siempre quedan postergados. Cualquier dirigente sindical o empresarial puede listarlos sin mucho esfuerzo.

Todas esas postergaciones paralizan, pero el mundo sigue en movimiento. Cuando algo se paraliza en un entorno que se mueve, no significa que se queda en el mismo lugar que estaba, significa que retrocede. En palabras de Otto Scharmer estamos viviendo en una época de enormes fracasos institucionales, que de manera colectiva dan lugar a resultados que nadie desea para nuestro bienestar social, económico, ecológico y espiritual y necesitamos de una nueva conciencia y una nueva capacidad de liderazgo colectivo para hacer frente a los retos de manera más consciente, bien intencionada y estratégica.

La aplicación de programas de incentivos en latinoamérica y, hasta diría en el mundo, se basa en la lógica de estimular la concreción de objetivos claros y terminados, la generación
de empleo registrado, la aplicación de tecnologías de la información, pero quién define estos objetivos? o mejor dicho, como se definen? . Debemos invertir la lógica de los programas de incentivos para generar cambios culturales reales: debemos invertir en incentivos al diálogo.

Existen diversos elementos a tener en cuenta a la hora de pensar las actividades productivas y los ejes para trabajar con ellas. A modo de ejemplo: si la actividad es proveedora de insumos para otros sectores, si genera productos de exportación, cuál es el impacto que tiene en los índices de empleo registrado, cuáles son las posibilidades de creación de empleo, si cuenta con recursos humanos calificados, si cuenta con una alta presencia de PyMES o si tenía inversión proyectada previo a la pandemia.

El final del camino

El final del camino es que todas las partes ganen, incluso el propio Estado, ya que lo que eventualmente signifique un esfuerzo económico para este, le será retribuido con el crecimiento de las actividades productivas. En definitiva, lo hecho hasta aquí no ha dado resultado, porque los espacios de diálogo intentados no generaron la transformación cultural necesaria, empezando por el Estado, ni tampoco el crecimiento de la actividad económica, ni la mejora en la competitividad, ni en consecuencia la generación de trabajo genuino y decente. El crecimiento económico no ocurre de la nada. Se requieren herramientas básicas pero lo suficientemente potentes para impulsar el proceso de desarrollo, y se necesita aún más fuerza para mantenerlo. En el contexto económico actual y frente al futuro incierto que se presenta, la creación de espacios de diálogo que trabajen la resiliencia económica y mejoren la competitividad, impulsen la investigación, centren esfuerzos en desarrollar las habilidades del mañana y analicen la incorporación de nuevas tecnologías, es crucial.

Si los gobiernos son llamados a garantizar, de la noche a la mañana, la supervivencia de los trabajadores y de las empresas, su rol debe cambiar. La salida de la crisis y el posterior
desarrollo económico sostenido que mejore la competitividad de los sectores productivos y el nivel de vida de todos los argentinos, requiere de un abordaje estratégico e inteligente.

Finalmente una herramienta potente que forme parte de ese abordaje estratégico puede ser otorgar beneficios económicos a quienes estén dispuestos a dialogar la salida.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Teletrabajo: 17 proyectos y una agenda legislativa poco eficaz

Por Gerardo Juara y Cintia Zippan (*)

Mundo Gremial

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Más de 10 proyectos de ley pretenden regular el teletrabajo. En líneas generales, casi todos concuerdan en la definición, con la salvedad de que el trabajo a distancia puede hacerse con medios informáticos (teletrabajo propiamente dicho), que debe respetarse el principio de igualdad, que ya está en el Artículo 81 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) como regla general, en el 171 referido al salario, en el 187 respecto del trabajo joven. A su vez, siempre en la misma ley: el respeto a la dignidad del trabajador (artículos 68 y 75), las limitaciones al control (artículos 70 ,71 y el 72), el deber de seguridad sobre la persona (artículo 75), la limitación de la jornada (artículo 197 y en la ley 11544), la igualdad salarial (artículo 119 ) el derecho a la formación en igualdad de condiciones, (que ya la ley 24576 incorporara a la LCT en el año 1995) el reintegro de los gastos y los daños (articulo 76).

En fin, como puede apreciarse, más de 10 proyectos de ley tendientes a reafirmar que el teletrabajador estará protegido como si fuera un trabajador.

Claro, para esto deberá demostrar su relación de dependencia. Esto no sería un gran detalle si no fuera que, en el mar de propuestas donde nuestros legisladores diseñan su ley, solo el 65 por ciento de los trabajadores están registrados. Dicho de otro modo: uno de cada tres trabajadores está fuera del alcance de las protecciones de la ley. Este detalle debería llamar la atención de los legisladores porque la eficacia de las normas es también parte de su trabajo.

Una buena ley no sólo debe estar bien redactada (condición rara de encontrar) sino que debe ser eficaz. La eficacia depende de algunos elementos que solemos olvidar: que las conductas que describa y las sanciones que imponga sean de cumplimiento posible. Y es aquí donde aparece una pregunta: ¿si no hemos podido ser eficaces con las normas que regulan el trabajo “de cerca” como podremos ser eficaces con el trabajo “a distancia”?.

Dejamos a los legisladores un desafío: cuando vuelvan a sentar en el Congreso al bello ramillete de representantes empresarios, pregúnteles por el trabajo sin registrar. Mientras, podría despertar de su siesta al proyecto que incluye delitos contra los derechos de los trabajadores, el acoso laboral, penas de prisión por impulsar un lockout empresario y la pena carcelaria al que contrate trabajadores en forma clandestina, entre otros temas, que acunó (hasta adormecer) la Comisión de Derecho Penal.

¿Estamos diciendo que no debería regularse el teletrabajo? No. Debería, al igual que los otros temas señalados. Lo que queremos advertir es que la agenda legislativa parece “tribunera” y como tal, poco eficaz, pues corre el riesgo de lanzar al teletrabajo a la bolsa de la informalidad de hecho, dada la acreditada ineficiencia en fiscalizar el empleo real. ¿Cuál es el Estado (Nacional, provincial, Municipal) que pueda fiscalizar el teletrabajo, el trabajo a distancia, e desmoralizado respecto del lugar físico, cuando no puede “encontrar” a los trabajadores “no registrados” en los despachos de pan, en las obras en construcción, en los estudios jurídicos y en el propio Estado?.

Mientras… deberíamos aprovechar el debate para hacer el camino inverso que hicieron algunos legisladores: en vez de poner en el proyecto lo que la LCT ya dice, hacerle decir a la LCT lo que hasta ahora calla. Por ejemplo: que la desconexión es un derecho de todos y no solo del teletrabajo, que las tareas de cuidado ameritan ser contempladas al igual que el derecho a conciliar la vida familiar con el trabajo, que la aplicación de la norma más favorable al trabajador debe contemplar las condiciones laborales del lugar del empleador o del beneficiario del resultado del trabajo (como incluyen dos de los proyectos analizados).

Esperemos a salir del túnel del aislamiento social preventivo obligatorio: revisemos nuestras experiencias y volvamos a armar una agenda legislativa real, eficaz y progresiva.

* Gerardo Juara es abogado laboralista y asesor sindical. Cintia es abogada y especialista en derecho del trabajo.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Los desafíos de la inspección del trabajo en el teletrabajo

Por Oscar Cuartango y Raúl Ferrara (*)

Mundo Gremial

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La inspección del trabajo es fundamental para garantizar el cumplimiento de la normativa laboral. Los inspectores del trabajo examinan cómo se aplican las normas y aconsejan a empleadores y trabajadores respecto de la manera de mejorar la aplicación de esa legislación. Además, tienen como misión señalar a las autoridades las lagunas y deficiencias de la legislación y desempeñan una importante función en la garantía de que ésta se aplique de modo igualitario a todos los empleadores y trabajadores.

Desde su aparición, una de las mayores dificultades que encontró la inspección del trabajo estuvo representada por el ejercicio del poder de policía cuando el trabajo remunerado se desempeña en domicilios particulares. Está problemática no es nueva, ya que alcanza desde el sector de trabajadores y trabajadoras de casas particulares, hasta los tristemente célebres “Talleres Clandestinos” que refiere a trabajadores y trabajadoras de los sectores textil y del calzado alcanzados el Régimen de Trabajo a Domicilio (regulado por la Ley Nº 12713 del año 1941), entre otros.

El uso extensivo de las TIC´s y la masificación del teletrabajo amplía los desafíos para la inspección del trabajo a otros nuevos sectores, con un alcance final aún hoy desconocido. Por ello, una inspección del trabajo moderna y eficiente en materia de Teletrabajo, debería contar con herramientas tecnológicas que permitieran por un lado detectar las situaciones de teletrabajo y por otro efectuar los controles sobre el cumplimiento de la normativa aplicable.

En este sentido, sería deseable la creación de registros estatales especiales y obligatorios en el que las empresas asienten la plantilla de trabajadores y trabajadoras que prestan tareas bajo esta modalidad permitiendo por un lado su fiscalización por parte de los servicios de inspección y, por otro, establecer mecanismos sancionatorios adecuados que incentiven la registración de los teletrabajadores disuadiendo el teletrabajo clandestino o en fraude laboral.

Por otro lado, la trazabilidad interna y externa de labores y tareas e incluso de toda la cadena de valor debería fomentarse como mecanismos tendientes a evitar el “ocultamiento” liso y llano o “disimulación” bajo figuras no laborales de teletrabajadores informales o clandestinos en estructuras o cadenas de valor complejas. Su uso como mecanismo de control combinado con la extensión y perfeccionamiento en el uso de parámetros como el IMT -Indicador Mínimo de Trabajadores- podrían resultar beneficiosos para ese objetivo.

El uso de TIC´s para la inspección del teletrabajo podría resultar en un mecanismo que, resguardando la intimidad y confidencialidad y respetando el domicilio del teletrabajador, permita al estado verificar en cada caso el cumplimiento de la normativa.

Por último, los servicios de inspección modernos deberían incorporar nuevos mecanismos de control especializados en análisis económico y productivo. La inspección del trabajo tradicional encarnada en un inspector que se apersona en un establecimiento o domicilio para indagar personalmente sobre la existencia y condiciones del trabajo remunerado no resultará eficiente en una nueva realidad de trabajo deslocalizado y conectado remotamente a un ciclo productivo mediante TIC´s.

El fortalecimiento de la Unidad Especial de Fiscalización del Trabajo Irregular (UEFTI), creada por Ley Nº 26940 del año 2014 “con el objeto de analizar, investigar y evaluar situaciones de trabajo no registrado en sectores complejos de fiscalizar, así como todas las formas de subcontratación ilegal y fraude laboral y a la seguridad social”, podría resultar la herramienta indispensable a esos efectos, acompañada de medidas legislativas que brinden un adecuado marco regulatorio a esta modalidad de trabajo.

* Oscar Cuartango es abogado laboralista y fue Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires (2007-2015)

* Raúl Ferrara es abogado laboralista, asesor del Ministerio de Transporte y fue Director Nacional de Fiscalización del MTEySS, Director Provincial de Asuntos Legales y Director Provincial de Inspecciones del MTBA, consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Docente en Diplomatura en Actividad Sindical de la UNLZ

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