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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Así es el proyecto de blanqueo laboral que comienza a tratar el Senado

Es una iniciativa del senador oficialista Roberto Basualdo. Contiene 21 artículos y empieza a ser debatido en Comisiones. Qué propone.

Mundo Gremial

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Desde las 16, el Senado de la Nación comenzará a tratar el proyecto de blanqueo laboral impulsado por el oficialismo.

El debate se iniciará en las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y en la de Presupuesto y Hacienda, con participación de representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT).

El proyecto de ley fue titulado “Regularización del empleo no registrado, lucha contra la evasión en la seguridad social y registración laboral” y fue presentado por el senador de Cambiemos, Roberto Basualdo.

Tiene como objetivo blanquear el empleo no registrado, impulsar la creación de nuevos puestos y reducir la litigiosidad.

Entre sus 21 puntos, la iniciativa legislativa propone otorgar un plazo de 365 días a los empresarios para blanquear trabajadores a cambio de una condonación del 100% de la deuda por capital, intereses, multas y punitorios.

A su vez, a los empleadores que contraten personal dentro del año desde la aprobación de la ley se les reducirán por dos años los aportes y contribuciones.

También plantea que se exima de multas a los empresarios y se los retire del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) si registran empleados.

Con respecto al trabajador, se le computarán hasta cinco años de aporte o la menor cantidad de meses por las que se los regularice.

Estos serán calculados sobre un monto mensual equivalente al promedio del salario básico inicial del convenio colectivo de trabajo del que se trate, establece el inciso d del artículo 2° del proyecto.

Para reducir la litigiosidad la norma establece el salario mínimo como unidad de medida para fijar el monto de una multa.

De esta forma al ser sencilla de calcular y unívoca no existe la necesidad de resolverla en la justicia.

EL PROYECTO DE LEY DE BLANQUEO LABORAL

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Regularización de Trabajadores Informales: un proyecto de blanqueo que destiñe

Por Raúl Ferrara, abogado laboralista, docente de Derecho Sindical III para la Diplomatura Universitaria en Actividad Sindical de la UNLZ y columnista de Mundo Gremial

Mundo Gremial

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Dentro del repertorio de frases populares hay una que podría definir la insistencia del gobierno en promover un régimen general de regularización de trabajadores informarles… la archi conocida: “No hay dos sin tres”.

Recordemos que el ejecutivo a través del otrora Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social encabezado entonces por el Lic. Jorge Triaca y envalentonado con el victorioso resultado electoral de 2017, envió un proyecto ómnibus de reforma laboral que recorría variados institutos del derecho del trabajo pero que, en particular, destinaba uno de sus capítulos a la informalidad laboral y la evasión en la seguridad social.

El enorme costo político de la sanción de la reforma previsional en medio de los tristes episodios de violencia en las inmediaciones del Congreso Nacional sumados al fuerte rechazo de los sectores más combativos del sindicalismo y de duros cuestionamientos por parte de jueces del trabajo y abogados laboralistas obligaron al gobierno a resignar su deseo de obtener el triplete de Reforma de Previsional, Laboral y del Sistema de Riesgos de Trabajo en 2017.

Ya en 2018, la estrategia del gobierno tránsito otro carril, pero el mismo sentido de circulación: tomó el proyecto original, eliminó algunos institutos, efectuó otras correcciones menores y lo dividió en 3 proyectos distintos (de dudosa técnica legislativa) que fueron ingresados hace casi un año por el Senador Pinedo.

La controversia se mantuvo durante todo 2018 y ninguno de los tres proyectos logró los consensos en los sectores políticos, sindicales y académicos. En el medio se produjo la salida de Triaca, la degradación del área laboral y su subordinación a la cartera de producción, ocupando el centro de la escena la estrella emergente del gabinete Dante Sica.

En este año electoral y con el FMI condicionando los desembolsos a la implementación de medidas de ajuste, el gobierno parece decidido a no aceptar una nueva derrota y optó por acotar aún más el alcance de las versiones 2017 y 2018, para lo cual el pasado viernes 05 de abril, por medio del Senador Basualdo, ingresó el proyecto que denominó como de “Regularización del empleo no registrado, lucha contra la evasión en la seguridad social, registración laboral

En términos generales, el proyecto recrea la lógica de los anteriores: establecer un periodo de un año para que los empleadores que tienen trabajadores informales los registren, para lo cual establece incentivos y beneficios de distinto calibre.

Ahora bien, ¿cuáles son los incentivos?, ¿quién los financia? ¿qué diferencias existen con los proyectos anteriores para que el gobierno considere que en este caso logrará la ansiada aprobación?

En primer lugar, repite los incentivos que contemplaban los proyectos 2017 y 2018: extinción de la acción penal por evasión previsional y de todas las multas en cualquier estado por emplear trabajadores en negro, baja del REPSAL y condonación de deudas por aportes y contribuciones a la seguridad social de los trabajadores que se regularizan.

A diferencia de los proyectos anteriores, que establecían condonación total durante los primeros 180 días de vigencia y parcial (70%) durante los 180 días siguientes, el nuevo proyecto establece la condonación total durante el año de vigencia del sistema.

A este nada despreciable perdón total de deudas le agrega la “Promo 2019”: el beneficio de eximir al empleador por dos años de abonar contribuciones respecto de los trabajadores que se regularizan. Ud. se preguntará: ¿y con el trabajador que pasa?

Claramente la primera consecuencia es que pasa a estar “en blanco”, es decir registrado con acceso a la seguridad social. Recordemos que, en el país, aprox. el 50% del empleo privado se da en situaciones de informalidad.

Sin embargo, el proyecto 2019 mantiene el tope de 60 meses al reconocimiento a los fines previsionales del trabajador regularizado. Es decir que los trabajadores con mas de 5 años de trabajo en negro serán quienes en gran medida “subsidien” con ese límite arbitrario el blanqueo de las deudas de sus empleadores.

Se destaca como una mejora que el reconocimiento se realiza sobre la base del salario promedio inicial de convenio colectivo aplicable mientras que en los proyectos anteriores apenas lo era sobre el devaluado Salario, Mínimo Vital y Móvil.

Junto a estas modificaciones se agregan otras relacionadas con el régimen de agravamientos indemnizatorios que contempla la Ley 24013 para el trabajo informal, otras con el sistema de otorgamiento de certificados de trabajo y otras con la incorporación de un régimen de exención de contribuciones patronales por dos años a todos los nuevos puestos de trabajo.

Con estos datos podemos sostener que el proyecto del Senador Basualdo, incurre en los mismos errores y omisiones de los proyectos anteriores. Por un lado, exagera en los beneficios otorgados al evasor sin que se advierta un correlato u equilibrio con los beneficios que se le reconocen al trabajador. La muestra acabada de ello es que mientras al empleador se le licua toda la deuda de todos los periodos y se le otorga el beneficio adicional de 2 años de exención de contribuciones futuras, al trabajador se le pone un tope temporal y salarial al reconocimiento de derechos.

Pero lo que es más grave: el proyecto no contempla ningún resguardo para evitar que el trabajador “blanqueado a costo cero” sea despedido al día siguiente de regularizado en el marco de la ley.

La inexistencia de una prohibición de despido por un periodo determinado de ese trabajador (y que razonablemente debería tener alguna relación con su antigüedad real) es la llave maestra de un mecanismo creado más para licuar deudas previsionales que para la regularización de trabajadores informales. En estas cuestiones no hay margen para la ingenuidad y menos aun cuando todos los indicadores laborales señalan que este año el desempleo seguirá creciendo, superando cómodamente los dos dígitos.

En cualquier caso, y aun cuando se corrigieran estos aspectos del proyecto, lo cierto es que el gobierno sigue proponiendo medidas que por un lado no atacan la enfermedad sino los síntomas y por el otro van a destiempo de la realidad. Pretender resolver el problema de un trabajo informal que alcanza el 35% (50% si tomamos solo al sector privado) con un sistema de incentivos es hacer voluntarismo. La verdadera batalla contra el empleo en negro debe darse combatiendo a la economía en negro de la cual es uno de sus síntomas, sin que el proyecto contenga una sola medida en ese sentido.

Y, por otro lado, proponer incentivos para la formalización de trabajadores con una economía recesiva e inflacionaria, que cada día crea más desocupados y en la que cierran 30 Pymes por día parece una ironía o un cinismo supino: nadie blanquea trabajadores si esta pensando en cerrar o reducir plantel salvo que justamente lo haga para despedir a bajo costo, como ya analizamos más arriba.

En definitiva, veremos si este nuevo proyecto de cambiemos sigue la suerte de los anteriores o si, como dice también el refrán popular: “La tercera es la vencida”.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

La Juventud en la actualidad sindical

Por José Altamirano, delegado del Sindicato de Pasteleros y columnista de Mundo Gremial.

Mundo Gremial

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De un tiempo a esta parte, los sindicatos han venido dando muestras notables de haber comprendido seriamente las palabras sabias de Juan Domingo Perón, cuando hablaba del trasvasamiento generacional, dando lugar a la formación constante de cuerpos de delegados y dirigentes cada vez más jóvenes.

El hecho que suele pasar por inadvertido en el día a día, no hace más que fortalecer el camino emprendido cada vez por más organizaciones gremiales, que entienden que la oxigenación que se consigue incorporando y dando lugar a los jóvenes trabajadores en los gremios ayuda al crecimiento institucional, acerca visiones más frescas de la realidad actual y amplían las posibilidades comunicacionales de manera exponencial con la sociedad en su conjunto.

De más esta decir que se ha podido observar que los espacios de juventudes sindicales han sido protagonistas en las últimas luchas y reclamos sociales de manera constante, muchas veces dando comienzo a medidas después acompañadas de manera general, siendo pioneros y también acompañando cada decisión tomada por la dirigencia gremial.

Ejemplos de sus participaciones son los casos que han sido de gran notoriedad como: la marcha contra la reforma previsional, las reiteradas manifestaciones en contra del tarifazo que han tenido lugar en el centro de la ciudad de Buenos Aires, han llevado hasta la Secretaria de Trabajo la preocupación que sienten los jóvenes al momento de querer ingresar al mercado laboral y no encontrar espacio; y la que parece ser la batalla del tiempo que nos toca, resistiendo la precarización laboral que buscan imponer desde las economías de aplicaciones, en el aeropuerto de Palomar movilizando contra Fly Bondi y apoyando y acompañando los despedidos por la empresa Pedidos Ya, desde el primer momento.

Como decía el Gral. Perón, no se trata de tirar un viejo por la ventana cada día, ni cerrar los sindicatos al ingreso de nuevos compañeros, sino de trabajar en conjunto cada jornada para comprender y enseñar, para poder seguir en defensa del modelo sindical argentino, baluarte y estandarte digno de encontrar a todos los trabajadores unidos en la misma causa nacional.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Los sindicatos y la salud de la familia argentina

Por Maia Volcovinsky, Comisión Directiva Nacional de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación.

Mundo Gremial

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Las dos herencias fundamentales del Justicialismo y de la obra política de Juan Domingo Perón son la conciencia social de los trabajadores y el Modelo Sindical Argentino. Ambos aspectos alcanzaron rango constitucional con la Carta Magna del año 1949, que sancionó los Derechos Sociales del trabajador, la familia, la ancianidad y la educación y la cultura. La Constitución del ‘49 incluyó el “derecho a la defensa de los intereses profesionales” y habilitó la libertad de agremiación con el fin de proteger y de respetar los intereses del obrero y de su familia. El mandato político de la Carta Magna fue institucionalizado en un sistema de leyes, decretos y resoluciones que normaron la libre determinación de los trabajadores con la finalidad de hacer valer sus derechos.

La Comunidad Organizada suple las falencias de un Estado en retirada

La historia argentina es expresión cabal de que, pese a los sucesivos golpes cívico-militares y a los frecuentes cambios de ideologías de gobierno, la garantía efectiva de los derechos de los trabajadores fueron siempre sus organizaciones sindicales y la conciencia política de sus dirigentes y afiliados.

Si bien la Constitución Nacional como norma fundamental establece el bienestar del trabajador y su familia en todas las etapas de la vida, poniendo en cabeza del Estado la responsabilidad de que así sea (artículo 14 bis), en la actualidad millones de argentinos no tienen acceso a derechos básicos fundamentales como son el empleo, la salud, la vivienda, la educación y el esparcimiento. Según datos del reciente informe de UNICEF, el 48% de los niños argentinos vive en la pobreza, lo que casi equivale a decir que nacen para morir lentamente de hambre y de privaciones esenciales en un país rico en producción de alimentos y recursos naturales que, no obstante, aún mantiene en su memoria histórica sus glorias pasadas, cuando con Perón obtuvo el pleno empleo y el bienestar integral de todos los argentinos.

 

Garantía de acceso a la salud de medio país

En este contexto aciago para el país, es necesario ratificar que el modelo sindical argentino continúa siendo el garante de la protección y defensa de los derechos sociales de millones de compatriotas. Adquiere especial relevancia la cobertura en salud efectuada por los sindicatos frente a un Estado cada vez más ausente de las necesidades de las mayorías y a servicios privatizados e inaccesibles para una importante franja de nuestra población. A mediados del siglo XX*, los trabajadores organizados en sindicatos decidieron desarrollar estructuras de atención en salud, las denominadas obras sociales, financiadas con aportes del trabajador (3%) y del empleador (6%) y con toda una serie de leyes que a lo largo de la historia las regulan garantizando que “las obras sociales sindicales son patrimonio de los trabajadores que las componen.

Mal que les pese a algunos agoreros del liberalismo anti sindical, las obras sociales gremiales son fundamentales en el sistema de salud de la Argentina ya que atienden a más de 16 millones de beneficiarios. Es decir, prestan servicio de salud al 43% de la población, muy por sobre el porcentaje que asiste el sistema público que ronda el 31%, PAMI un 12% y las prepagas un 14% (incluidos los desregulados del sistema de O.S.).

De no ser por las obras sociales sindicales, el estado de situación de la salud de los argentinos sería realmente catastrófico.

 

Eficiente y solidario

El subsistema de obras sociales sindicales no sólo lleva adelante la mayor cobertura en salud del total poblacional, sino que además lo hace con excelencia y eficientemente. No son casuales los ataques que soporta, ya que su misma existencia pone en evidencia el fracaso del sistema privado sin control y del público en su actual estado de abandono.

Las obras sociales sindicales están regidas por los valores que guían a las organizaciones que las conducen. Así, la solidaridad es el principio rector de todo su accionar. Este funcionamiento solidario se vuelve más notorio en épocas de crisis como la que estamos viviendo: la prestación al/la trabajador/a suspendido/a o despedido/a y su familia, es sostenida por el conjunto a pesar de la falta de pago de los aportes.

Asimismo, el valor de la cobertura per cápita es más bajo que en el sistema público (60% del mismo y 30% del sistema prepago). Es decir que brinda mayor cobertura, nivel y alcance de prestación, con menos recursos. Además, destinan una buena porción de sus ingresos (15% promedio de sus recursos) al Fondo Solidario de Redistribución, cuya finalidad primaria es la de financiar tratamientos de alta complejidad, (discapacidad, HIV, trasplantes, oncología, etc.) y subsidiar a las obras sociales más pequeñas. Hace décadas que los diferentes gobiernos se vienen apropiado de parte de estos fondos, incumpliendo la ley, desfinanciando a las obras sociales y perjudicando la salud de los trabajadores, lo que ha sido razón de innumerables reclamos.

Cambiemos carece de una política soberana de salud pública para los argentinos y se limita a aplicar el programa del FMI que exige destinar los recursos estatales al pago de deuda externa, jamás al desarrollo productivo y social del país. Es por eso que bajó de rango al ex Ministerio de Salud -ahora devenido en Secretaría-, retrotrayendo nuestro país a 1945**, en un hecho sin precedentes en el mundo cuyas consecuencias trágicas observamos a diario en los sectores más desprotegidos: el resurgimiento de enfermedades erradicadas hace tiempo en el país se cobra cientos de vidas de las familias humildes, no existen políticas de prevención, ni de asistencia sumado al deterioro de la calidad de vida en general.

En tal sentido, los trabajadores agremiados creemos que el Estado debe desarrollar con urgencia un plan integral y federal de salud pública a mediano y largo plazo. Los sindicatos, a través de las obras sociales, somos los principales garantes de la salud de la familia argentina y estamos capacitados y dispuestos para asesorar a todas las fuerzas políticas en su diagramación e implementación.

Como parte del proyecto de refundación integral de la salud pública, el Estado debe saldar las deudas con las obras sociales, no sólo porque es una apropiación indebida de nuestros aportes que perjudica las prestaciones de miles de trabajadores, sino porque somos la más profunda expresión de eficiencia, capacidad y solidaridad en el sistema de salud argentino, en armoniosa combinación de esfuerzos de entidades sociales y privadas, monitoreadas por los representantes de los aportantes, con objetivos de bienestar general.

 *Los sindicatos desarrollaron diversas experiencias de gestión solidaria en salud desde principios del SXX. Durante el peronismo se multiplicaron esas experiencias, aunque la perla en esos años fue el desarrollo del sector público prácticamente ausente hasta entonces en materia de salud. Durante la dictadura de Onganía, en la intención de ampliar el negocio para las prestadoras privadas, se promueve una regulación de las obras sociales. En ese marco, gracias a la presión de las organizaciones gremiales (únicas en pie a pesar de los golpes) se logra una presencia determinante en las mismas que es la garantía del sentido solidario de su funcionamiento.

**En 1946 Perón le expresa a Ramón Carrillo que le parece increíble que tengamos un Ministerio de Ganadería que se ocupe de cuidar a las vacas y que no haya un organismo de igual jerarquía para cuidar la salud de la gente.

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