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Apoyo oficial al tratamiento del proyecto para penalizar el trabajo infantil

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y autoridades de la CGT y la CTA respaldaron hoy en la Cámara de Diputados el inicio del debate de tres proyectos de ley para tipificar como delito, en el Código Penal, el trabajo infantil.

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Tras una reunión conjunta de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Legislación Penal, Tomada expresó hoy su más «enfático apoyo a la sanción de la ley que penaliza a quienes dan trabajo a niños de menos de 16 años» y juzgó que la iniciativa «sirve para desnaturalizar el trabajo infantil». «La sociedad a la que aspiramos es la que tenga a los empleadores de niños en la cárcel», aseveró Tomada.

Diputados de bloques del oficialismo y de la oposición manifestaron su acuerdo en avanzar con la ley y se comprometieron a trabajar con la colaboración de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI), presidida por la funcionaria del Ministerio de Trabajo, María del Pilar Rey Méndez, para consensuar en un dictamen tres proyectos de ley que pertenecen respectivamente al presidente de la comisión de Legislación de Trabajo y abogado laboralista Héctor Recalde (FPV), a la diputada Diana Conti y a Martín Sabbatella (Nuevo Encuentro).

En 2006, la CONAETI diseñó junto a las Comisiones Provinciales de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI) el primer Plan Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y de la Protección del Trabajo Adolescente. En el mes de junio de este año se presentó el nuevo Plan que fue fruto de un proceso de autoevaluación, con parámetros objetivos, que se optimizó con las COPRETI, logrando una revisión exhaustiva y responsable de la política pública que se viene llevando adelante desde la década pasada.

El trabajo de las COPRETI fue un factor decisivo en el desarrollo y cumplimiento de los objetivos y líneas de acción del plan y demuestra que esta política pública se ha federalizado tanto en su diseño como en su ejecución. Este nuevo Plan Nacional 2011-2015 es a la vez continuidad y evolución; continuidad de una política basada en el fortalecimiento de derechos, y evolución en la profundización de las acciones más eficaces para el restablecimiento de los derechos vulnerados.

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