La Fundación Éforo dio a conocer su informe con la visión integral sobre el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), con el objetivo de evaluar su sostenibilidad, comprender el grado de cobertura y demás problemas que atraviesan millones de adultos mayores. Sin embargo, desde la ANSES se negaron a brindar información pública.
Según expresaron desde la organización, los desajustes del mercado laboral se traducen en mayores problemas en el sistema previsional, lo que se relaciona con la caída del nivel de vida de los beneficiarios. En ese sentido, apuntan que alcanzar los 30 años de aportes establecidos por la ley se ha convertido en una excepción.
Al respecto, explicaron que la expansión de los empleos informales, la precariedad laboral, la intermitencia y el desempleo generan que una parte significativa de la fuerza laboral carezca de cobertura y derechos laborales básicos. Por estos motivos, en los últimos 20 años fue el Estado quien respondió para abordar esta necesidad.
Desde Éforo dieron cuenta que el SIPA tiene, aproximadamente, 10,9 millones de trabajadores/as aportantes (activos) y otorga 6,8 millones de beneficios, por lo que el total de aportantes representa el 48% de la población económicamente activa (PEA) y sólo el 65,6% corresponde a trabajadores/as en relación de dependencia.
Del total de jubilaciones vigentes, el 67% se explica por la implementación de moratorias, por lo que la relación activo-pasivo actualmente es de 1,6 activos por cada pasivo, que resulta significativamente más baja de lo necesario para lograr el equilibrio financiero sostenible a largo plazo (3 o 4 aportantes activos por cada beneficiario).
Por su parte, revelaron que durante el 2023, las jubilaciones perdieron un 32,2% del poder de compra real, mientras que los haberes más bajos, que son los que recibieron compensaciones mediante el otorgamiento de bonos, cayeron un 14,1% el valor real de sus ingresos (aproximadamente el 48% de los beneficiarios).
En total, en el último año, incluyendo el primer mes de 2024, la caída de las jubilaciones mínimas sin bonos y las jubilaciones máximas perdieron un 49,7% de poder de compra real, mientras que las jubilaciones con bonos un 23,6%.
Cabe señalar que la Administración Nacional de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano, alegó que responder con la información solicitada por la institución implicaría “un esfuerzo estatal desmedido”.