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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Alertan sobre el avance del FMI contra los convenios colectivos de trabajo

Desde la CSA – Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas expresaron su preocupación por las recomendaciones del Fondo y pidió un movimiento sindical “a la ofensiva” en todo Latinoamérica.

Mundo Gremial

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El secretario general de la CSA – Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas, Víctor Baéz, alertó sobre la intención del Fondo Monetario Internacional (FMI) se avanzar sobre los convenios colectivos de trabajo en todo el territorio latinoamericano.

“Yo la escuche a Christine (Lagarde, residente del FMI) en una reunión mundial con dirigente sindicales decir que ella era partidaria del contrato colectivo en aquellos países que tuvieran el espacio fiscal para hacerlo, y creo que en gran parte se refería a si había superávit en el dinero público”, destacó Baez, y afirmó que “en este momento no existe país que tenga superávit”.

En referencia al acuerdo entre Mauricio Macri con el FMI, el dirigente internacional dijo que “el movimiento sindicato argentino tiene que aclarar muy bien ante las visiones del Fondo y ante el gobierno que no va a consentir una quita o un corte en el derecho a la negociación colectiva”.

“Estoy muy preocupado con el derecho a la contratación colectiva”, señaló Báez en diálogo con Mundo Gremial.

En ese marco, el titular de la CSA resaltó la importancia del reciente paro nacional de la CGT y aseguró que no es momento “para hacer lo que hacen algunos sindicatos en otros continentes que es negociar para perder lo menos posible”

“Hay que pasar a la ofensiva, el movimiento sindical del continente está pasando a la ofensiva, independientemente de la fuerza. Hay sindicatos que son mucho menos fuertes que el movimiento sindical argentino pero no hay otra alternativa. Pero frente a los que te dicen ‘no podemos ir a la ofensiva porque somos débiles y nos van a matar’, hay que decir: ‘si sos débil y no vas a la ofensiva te van a matar con más razón’, entonces yendo a la ofensiva tenés más posibilidades de sobrevivir”, sentenció.

En una entrevista con Mundo Gremial, Baéz trazó una evaluación de la Conferencia Internacional del Trabajo 2018 en la OIT y se mostró satisfecho con la puesta en el banquillo de los acusados de la Comisión de Normas al Estado de Brasil: “No se puede seguir consintiendo el comportamiento arrogante, autoritario, no democrático del gobierno de Brasil en los diferentes aspectos, pero en este caso en el respeto a los derechos de los trabajdores y trabajadoras, hay que mandar mensajes claros y eso me parece bien”.

Acerca de la discusión sobre el futuro del trabajo, el sindicalista habló de la contradicción de empresarios y gobiernos. “Te dicen “tenés que cortar el presupuesto” y después te dicen casi como una cuestión mágica que va a crecer la cantidad de puestos de trabajo, y dónde está la contradicción. Cómo vas a hacer crecer la economía y los puestos de trabajo si estás cortando la economía, entonces ahí aparece el argumento mágico de “porque vamos recuperar la confianza del mercado y van a venir las inversiones extranjeras”.

“Hagamos políticas para crear puestos de trabajo aquí nosotros con pequeñas y medianas empresas”

“Según los cálculos de la CEPAL por cada millón de dolares de inversión extrajera directa que entra a un país en AL se crea entre 1 y 6 puestos de trabajo… si en lugar de prestar esos 50mil millones de dolares consiguiéramos una inversión de 50mil millones de dolares para Argentino, ´se crearían 300.000 puestos de trabajo, que no es el problema de Argentina, es mucho más porque solamente se está mirando la confianza del mercado”, explicó.

Y añadió: “Hay varios problemas ahí. En primer lugar que lo que está pasando en el mundo es que crece la deuda pero también el dinero ocioso que está en las guaridas fiscales, entonces no esperemos inversiones extranjeras, hay que crear condiciones para que aquí se creen pequeñas y medianas empresas argentinas, que según la CEPAL crean el 60% de los puestos de trabajo en AL y el Caribe apropiándose solamente con el 10% de la economía, hay que ir por ahí”.

Baéz también opinó sobre la problemática de la tecnología en el mundo del trabajo y sobre eso subrayó que “no es el único problema”. “Nuestro problema es actual, antes que llegue la tecnología o con la poca tecnología que ya llegó, el problema es el desempleo de informalidad, de tercerización, de exclusión”.

“Resolvamos esos problemas y creemos puestos de trabajo formalicemos esos puestos, creemos, y no nos quedemos solamente dependiendo de la inversión extranjera, hagamos políticas para crear puestos de trabajo aquí nosotros con pequeñas y medianas empresas porque ahí vamos a ir creando las posibilidades de meter las máquinas, disminuir las horas para preservar la cantidad de puestos de trabajo. Esa es la alternativa”, finalizó.

Somos una agencia de noticias sindicales. Nuestra misión es dar un espacio de encuentro e información a todos los sectores de la actividad, sin discriminar su capacidad y potencial

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Teletrabajo: ¿El futuro del trabajo que queremos?

Por Oscar Cuartango y Raúl Ferrara (*)

Mundo Gremial

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Uno de los grandes debates que ha instalado la pandemia de COVID19 es el de “la nueva normalidad”. Esta figura -que puede parecer una abstracción- se empieza a consolidar como una realidad inminente a partir de algunos discursos que naturalizan situaciones otrora excepcionales.

Desde una mirada positiva, la postpandemia se avizora como una oportunidad para revalorizar el rol de los Estados que intervienen con políticas públicas para modificar la realidad en contraposición con los que dejan librada al mercado el abordaje de la política social y sanitaria de la pandemia.

Sin embargo, existe también una mirada que merece un llamado de atención desde el mundo del trabajo y que no podemos soslayar. En estas últimas semanas hemos escuchado hasta el hartazgo que el “teletrabajo”, “home office” o “trabajo remoto” ha llegado para quedarse, resaltando las bondades de esta modalidad laboral como “beneficio” para los trabajadores y trabajadoras, reduciendo la importancia del trabajo presencial a un mero costo laboral adicional y, por lo tanto, ajustable. Ese relato, parte de una construcción ideológica que -aprovechando la emergencia sanitaria- vuelve a introducir solapadamente la vocación de los mismos sectores que claman por el “libre mercado” de flexibilizar las condiciones de trabajo.

Todos hemos escuchado como se destacan las virtudes de esa modalidad laboral, que justificarían su extensión masiva tanto en el sector privado como en el sector público. La primera reflexión que nos permitimos es que no puede calificarse como “teletrabajo” a las tareas que actualmente realizan desde sus hogares millones de trabajadores: no ha existido una planificación, diseño e implementación de esos puestos de trabajo para ser realizados en esas condiciones. Tampoco ha habido un acuerdo de voluntades previo: los trabajadores que hoy realizan esa modalidad de trabajo no fueran contratados bajo esas condiciones y tampoco fueron consultados sobre la aceptación de la misma. Por ello, queda claro que se trata de una implementación nacida de la necesidad urgente de adoptar una medida de emergencia frente a una situación sanitaria que puso en riesgo la vida y la salud de los 45 millones de habitantes de nuestro país.

A pesar de ello, la figura y el debate se han instalado, y pretendemos arrimar una mirada crítica sobre la modalidad, pero sin caer en una posición arcaica o anti tecnológica. Ser crítico no implica negarse en forma dogmática, sino plantear reservas fundadas sobre una extensión masiva y apresurada y sin un profundo estudio y un adecuado marco regulatorio.

La Organización Internacional del Trabajo ya en 2016 en el “Foro de diálogo mundial sobre las dificultades y oportunidades del teletrabajo para los trabajadores y empleadores en los sectores de servicios de TIC y financieros” elaboró un documento que señalaba que los teletrabajadores “están expuestos a numerosos riesgos, entre otros, la pérdida de autonomía cuando los empleadores tratan de aplicar nuevas modalidades de supervisión del trabajo; una creciente sensación de aislamiento y otros problemas de orden psicosocial; la falta de protección de las condiciones de trabajo debido a que no se realizan inspecciones del trabajo; y, en el caso de las mujeres que trabajan a domicilio, el riesgo de afrontar una doble carga de trabajo al tener que compaginar su actividad profesional con las responsabilidades familiares”.

A aquellas dificultades que -4 años antes de la pandemia- planteaba la OIT, podría agregarse que la deslocalización del trabajo y el aislamiento del teletrabajador rompen el pensamiento colectivo debilitando su posición como trabajadores: en muchos casos no se conocerán entre sí y ni siquiera sabrán de la existencia de otros pares. Ello genera, además, la desaparición de horarios o jornada de trabajo, con una tendencia a extender la misma para alcanzar nuevos estándares impuestos unilateralmente; el teletrabajador podría convertirse en un trabajador a destajo e incluso incorporar a su propia familia a la realización de tele tareas para aumentar su productividad. Se agrega también la potencial falta de provisión de elementos de trabajo que implica, en los hechos, que es el trabajador quien asume costos de la explotación; la difuminación de los límites entre la vida personal y la actividad laboral y la inexistencia o desconocimiento del derecho a la desconexión, importarían, en muchos casos, que el teletrabajo sea una verdadera trampa: bajo la apariencia de “el trabajo del futuro” podría esconderse una peligrosa nueva forma de explotación laboral.

Frente a esos problemas, deben necesariamente adoptarse medidas de resguardo: un marco regulatorio adecuado, pensado estratégicamente y, preferentemente, emanado del diálogo social tripartito. Algunas de las herramientas a implementarse para evitar que el teletrabajo sea sinónimo de precarización y abusos podrían ser desde la reversibilidad de la modalidad a la alternancia con la modalidad presencial; un derecho de desconexión efectivo con medidas técnicas y organizacionales que garanticen un límite real a la jornada de trabajo y los descansos; acciones positivas para garantizar la actividad sindical como una cantidad determinada de jornadas u horas presenciales obligatorias destinadas a la interacción entre trabajadores y sus representantes; la determinación de los costes que serán solventados por el empleador por el uso de la infraestructura y servicios del domicilio del trabajador; la determinación legal de las condiciones de salud y seguridad en las que se prestarán las tareas contemplando también los costos que sean necesarios. En igual sentido, creemos que, debería ponerse especial énfasis en la atención de los riesgos psicosociales de esta modalidad, reforzando los sistemas de prevención y atención dentro del sistema general de riesgos del trabajo. Otro factor para considerar es el de implementar mecanismos que posibiliten el ejercicio del poder de policía estatal: la realización de tareas en domicilios particulares podría ser el instrumento para mantener en la clandestinidad a teletrabajadores o para asegurar que la violación del eventual marco regulatorio quede impune. Un registro público de empresas que empleen teletrabajadores y de sus teletrabajadores sumado a sistemas informáticos seguros pero que permitan a las administraciones del trabajo el acceso y monitoreo de la trazabilidad de las tareas remotas podría resultar indispensable para evitar la vulneración de derechos.

Más allá de las reservas y posibles soluciones que hemos planteado, también existen otros interrogantes relacionados con el potencial de extensión del teletrabajo en nuestro país. El reciente informe de Ramiro Albrieu para CIPPEC concluye que “el porcentaje de trabajos que tiene el potencial para realizarse desde el hogar se encuentra entre un 27% y un 29% de los trabajos totales, ratio que se reduce sensiblemente si corregimos la estimación por el uso efectivo de TIC en los hogares, llegando a una estimación de piso de 18% en el caso de uso de computadoras”.

Es decir, con el actual estado de situación menos de 1 de cada 5 trabajos podría -potencialmente- realizarse en forma remota. Ello pone en evidencia que, además de los problemas regulatorios, nuestro país debería, para incorporar al teletrabajo como modalidad laboral masiva, resolver el retraso tecnológico del entramado productivo, efectuar una reingeniería de procesos pensando al teletrabajo como un eslabón más del mismo y resolver las necesidades de conectividad hogareña y de mejora en las aptitudes de los potenciales teletrabajadores.

Creemos entonces que, ante este cuadro de situación, una mirada prudente es indispensable para evitar que, en la “nueva normalidad”, el teletrabajo sea la excusa para convencernos que, deslocalizando el trabajo, atomizando y ocultando en sus domicilios a trabajadores y trabajadoras, trasladando costos y sobrecargando la jornada de trabajo vamos caminando hacia el futuro cuando en realidad podríamos estar entregando mansamente conquistas de más de 100 años de luchas obreras.

El desafío es enorme y, por ello no debemos caer en el facilismo de creer que el primer día de la postpandemia nos encontrará a todos teletrabajando ni en el obstruccionismo de prohibirlo.

* Oscar Cuartango es abogado laboralista y fue Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires (2007-2015)

* Raúl Ferrara es abogado laboralista, asesor del Ministerio de Transporte y fue Director Nacional de Fiscalización del MTEySS, Director Provincial de Asuntos Legales y Director Provincial de Inspecciones del MTBA, consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Docente en Diplomatura en Actividad Sindical de la UNLZ

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

¿La CGT no tiene página web?: La CGT no tiene página web

Año 2020. Una institución del peso en la economía y las características de la CGT no tiene “espacio de referencia” en el mundo virtual. Un problema de fondo que la pandemia expone.

Juan Manuel Morena

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Discutamos el teletrabajo, la nueva revolución industrial, rompamos los nuevos paradigmas de la educación con las nuevas herramientas, con una institución que no tiene ni página web ni redes sociales.

Hoy los presidentes y líderes mundiales comunican medidas por Twitter o en un video de Instagram. Y de eso podemos hablar toda la nota, o escribir varios artículos con especialistas.

Pero que en el año 2020 una institución del peso en la economía y las características de la CGT, no tenga su página web, habla a las claras de un problema de fondo. Y este contexto de pandemia, lo expone.

No estamos hablando de un canal de comunicación. Estamos hablando de un espacio de referencia, donde se encuentran las acciones, estudios, posiciones y muchos elementos centrales para la vida de las instituciones en este siglo.

En el aspecto comunicacional, la CGT queda a la merced del funcionamiento inorgánico. Pero cuando se quejan del maltrato en algunos medios, tienen que recordar la buena imagen empieza por casa. Si los canales, redes y distintas herramientas comunicacionales de la central fuesen oficiales, podrían ellos tener mejor tratamiento.

Que la CGT comunique bien tiene que ser una responsabilidad social. Cuando este tema en alguna oportunidad lo debatí en Twitter, los defensores del estado actual me decían que ellos se enteran por sus sindicatos de base de lo que comunica la central. Lo que ellos no entienden, y lo que la conducción debe contemplar, es que la CGT representa al universo de los trabajadores, no solo a los sindicatos y a sus afiliados. Y eso lo tiene que hacer valer.

Cuando uno googlea CGT sale en primera posición la página web de la secretaría que coordina Gerardo Martínez (Internacional) y después aparece Wikipedia, el Consejo Económico y Social, Facebook (una página extraña que le da 1,7 de valoración sobre 5 puntos), la Izquierda Diario, diario La Nación y, por último, Infobae. Esto es en la primera página de resultados de búsqueda, la que los especialistas en posicionamiento SEO marcan como la importante.

Si regalás el espacio y no lo ocupás en el motor de búsqueda, no te quejes de lo que pasa en los medios. Porque en ese espacio aparece lo que vos querés comunicar.

Y cuando se pregunta porque sucede esto en la CGT, la respuesta es: “la página web no figura en el estatuto, entonces nadie se quiere hacer responsable”. Traducción: nadie tiene la responsabilidad y el que quiere hacerlo tiene que asumir el costo de financiamiento y la responsabilidad del funcionamiento. Por lógica, entendiendo la antigüedad del propio estatuto, la secretaría de prensa debería ser la responsable. Pero en los pasillos dicen que Jorge Sola no es afecto a trabajar.

Cuando uno observa lo que Martínez hace en su sindicato (UOCRA) y en la secretaría de Relaciones Internacionales en materia de comunicación, o el aparato de prensa y cultural que tiene desarrollado Víctor Santa María (SUTERH), se da cuenta que capacidad para poder desarrollarlo sobra.

Hay un principio griego en filosofía que dice quien no puede lo menos, no puede lo más. Podríamos decir en este caso quien no quiere lo menos, no quiere lo más. Como puede la CGT en este contexto discutir temas de teletrabajo y plataformas si no puede desarrollar su espacio virtual. Si no habilita canales de consulta para trabajadores en contextos aislados. En esencial que la central de trabajadores más poderosa de Latinoamérica se fortalezca en estos temas.

Una página web no resuelve nada en sí mismo. Pero mejorar estos canales puede ayudar mucho a mejorar la imagen (Responsabilidad social sindical, RSS), conectar a muchos trabajadores, mejorar la información a periodistas no especializados. A transparentar cuestiones que exceden a los gremios confederados, como las resoluciones del comité arbitral, órgano que resuelve cuestiones fundamentales de agremiación.

Hay que fortalecer las instituciones y hay que hacerlas más poderosas, una CGT que comunique mejor, va a ser más poderosa.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

El impacto del Covid-19 en las relaciones laborales

Prohibición de despidos y suspensiones. Aplicación Artículo 223 bis, Ley Contrato de Trabajo | Por Dr. Gabriel Izaguirre (*)

Mundo Gremial

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Recientemente el Poder Ejecutivo Nacional prorrogó por 60 días la prohibición de despidos y suspensiones, en el marco de la emergencia sanitaria, mediante Decreto 487/2020.

Nos encontramos ante una potencial crisis sanitaria y social sin precedentes, y para ello, el gobierno continúa tomando medidas a fin de atenuar su propagación y su impacto en el sistema sanitario.

En el margen de su escaso espacio fiscal, el Ejecutivo busca poner en marcha políticas para mitigar el impacto socioeconómico de la crisis, que llegó a Argentina en un momento de fragilidad económica y social.

El gobierno se encontraba en proceso de renegociar su deuda pública, con niveles altísimos; el país enfrenta problemas serios para cumplir con el pago de sus deudas como había sido acordado. Eso ocurre en un contexto de crecimiento económico negativo y un alto nivel de inflación… Como resultado, el mercado de trabajo ya está debilitado con una tasa de desempleo alta, en particular entre los jóvenes, sumado a una alta informalidad de la economía, lo cual genera empleo precario para una gran parte de la población (según informe elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “El COVID-19 y el mundo del trabajo en Argentina: impacto y respuestas de política”).

El mundo en general en el marco de la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y nuestro país en particular, han sufrido cambios drásticos en su normal y habitual desenvolvimiento cotidiano en virtud del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).

Las políticas de respuesta a la crisis que fueron tomadas por el gobierno argentino tuvieron como consecuencia el actual freno de gran parte de actividades profesionales. Esto ocasionó una fuerte caída comercial que afecta a todas cadenas de valor de la producción. Esas medidas, junto a la incertidumbre sobre el fin de esta crisis, impactan fuertemente sobre la economía nacional.

Es evidente que el ASPO generó un dictado normativo nuevo y dinámico, por lo novedoso de la situación y los variados interrogantes jurídicos que conlleva el hecho de tener que permanecer en nuestras residencias habituales y abstenerse de concurrir a los lugares de trabajo.

Sin perjuicio de las medidas y políticas dispuestas por el gobierno nacional para gestionar la crisis originada por la pandemia y la gran decisión del pueblo argentino de acatarlas con el cumplimiento estricto del aislamiento dispuesto, ello ha generado, indudablemente, cambios drásticos en las relaciones y prestaciones del mundo laboral, generando múltiples interrogantes y situaciones controvertidas, tales como excepciones al cumplimiento del ASPO y de la prohibición de circular, las actividades esenciales, los protocolos de seguridad a implementar, el teletrabajo, el pago de salarios, el cierre de comercios y empresas, la creación del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción, los protocolos dispuestos para los profesionales de la salud para garantizar la seguridad en el trabajo y en la prestación de labores, la prohibición de despidos y suspensiones; todas cuestiones que se tratan de subsanar con dictados de nuevas normas jurídicas y negociaciones empresariales / sindicales.

En este contexto, señalaré una de las variantes del marco normativo dictado, en lo que se refiere al mundo laboral, para paliar la crisis económica de la actividad comercial, mantener la fuente laboral y en consecuencia evitar situaciones litigiosas, cuál es la prohibición de despedir y suspender personal con la excepción prevista en el art. 223 bis de la LCT.

El Poder Ejecutivo Nacional, en el marco de la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Emergencia Sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20 y su modificatorio, y en atención a la evolución de la situación epidemiológica, con relación al CORONAVIRUS- COVID 19, dictó el decreto de necesidad y urgencia DNU 297/2020 el 20 de marzo (prorrogado a la fecha mediante Decreto 459/2020 del 11 de mayo), estableciendo en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, pero aseverando en su art. 8º que: Durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, los trabajadores y trabajadoras del sector privado tendrán derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales, en los términos que establecerá la reglamentación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

A raíz de ello y la problemática generada en el ámbito de las actividades no esenciales, a los fines de garantizar los puestos de trabajo, en aras de preservar la paz social, días después el PEN, en fecha 31 de marzo publicó en el Boletín Oficial el DNU 329/2020 (prorrogado por 60 días más a través del DNU 487/20, el 19 de mayo), mediante el cual se prohíbe los despidos y suspensiones “sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor”. Sin embargo, exceptuó de dicha prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la LCT, llamada suspensión concertada – consensuada.

Esta es la única excepción que admite el gobierno a la prohibición: Suspensión pero con pago de salarios e intervención sindical.

Para lograr estos acuerdos la representación sindical resulta indispensable como garantía de preservación del ingreso y el empleo de los trabajadores ante la especulación empresarial siempre vigente, activando, resolviendo, asegurando y, sobretodo, defendiendo de los intereses de los trabajadores, demostrando estar a la altura de las circunstancias excepcionales que toca transitar.

En ese sentido, la negociación de toda suma compensatoria debe negociarse colectivamente, entendiendo que el ámbito de la negociación colectiva es el que permite salidas alternativas entre las partes. No son válidos los acuerdos individuales de rebaja salarial.

No habrá suspensiones en el marco del art. 223 bis LCT sin previa negociación con la organización sindical e intervención del Ministerio de Trabajo, que muestra un gobierno presente, que dictó la Resolución Nº 397/2020 (BO 30/04/2020), para agilizar la tramitación ante las autoridades administrativas laborales, a los fines de dar respuesta inmediata y oportuna, para que los trabajadores y empleadores accedan a esta medida que tiende a paliar la situación actual, evitando un retardo en su implementación que lo torne ineficaz.

Sin perjuicio del enorme esfuerzo que implica para los trabajadores y las trabajadoras la aplicación del art. 223 bis de la LCT, en la coyuntura actual de crisis generalizada resulta ser la herramienta que encontró el gobierno para mitigar los efectos nocivos de la pandemia y sobre todo para resguardar la continuidad laboral.

Cuadra agregar que resulta condición excluyente para la modalidad de este tipo de suspensión que se deberá mantener la dotación de trabajadores sin alteración durante el plazo de vigencia de la norma.

Aunque no es objeto de análisis en este caso, no debe obviarse que se encuentra vigente hasta el 10 de junio de 2020 el DNU 34/2019 (BO, 13 de diciembre de 2019) de la doble indemnización. Si bien, esta norma fue dictada previo a la declaración de la emergencia sanitaria, no debe soslayarse en este análisis, pues integra las consecuencias económicas que generaría al empresario el incumplimiento de la prohibición de despido y/o suspensión, dictada por la normativa señalada.

Sin perjuicio de ello, a mayor abundamiento, para complementar el análisis en formas integral respecto a la necesidad de mantener la fuente laboral, cabe destacar también la medida dictada por el gobierno con el objetivo de ayudar a las empresas a sobrellevar los efectos de la emergencia y en consecuencia tutelar en forma directa a los trabajadores y a las trabajadoras, asegurando sus puestos de trabajo, a través de la creación del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción a través del DNU 332/2020 (BO 1 de abril de 2020), modificado por el Decreto 376/2020 (BO 20 de abril de 2020).

Este plexo normativo analizado conlleva lograr, a través de un esfuerzo conjunto del Estado Nacional, empresarios y trabajadores, sostener los procesos productivos del país y garantizar el sostenimiento del empleo en las actividades económicas más severamente afectadas por la crisis sanitaria, toda vez que la misma está golpeando muy duro a la economía, ubicando en serio riesgo el desarrollo del trabajo.

Esta idea se condice con el principio de solidaridad que recubre todas las medidas tomadas por el gobierno frente a esta crisis excepcional y refleja la frase que se ha instalado como lema en la cruzada: “Nadie se salva solo”, únicamente a través del esfuerzo compartido podremos atravesar esta crisis y dominar a esta pandemia.

(*) Abogado

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