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ANÁLISIS Y OPINIÓN

¿Abuso al modelo sindical?: El caso de empleados de farmacia y farmacéuticos

El modelo sindical argentino es apreciado en todas partes del mundo. Nacido y criado durante los 40’ por impulso de Perón, con el pasar de los años se convirtió en un baluarte en la lucha del movimiento obrero nacional.

Mundo Gremial

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Así todo, y a pesar de su apertura y solidaridad, el modelo sufre los abusos y excesos por parte de los dirigentes que forman parte hoy del sindicalismo argentino, no sólo en aspectos referidos a la vida electoral de cada organización sino también sobre la representatividad y representación de los trabajadores.

Un caso particular es el de los empleados de farmacia y los profesionales farmacéuticos.

En el mundo gremial existen -según ley 23.551- sindicatos de actividad, como son los ferroviarios o metalúrgicos) y sindicatos de oficio o profesión, como pueden ser maquinistas o ingenieros. Yendo al ejemplo que nos convoca, ubicamos a los empleados de farmacia en el primer grupo, y los farmacéuticos, en el segundo.

En ese marco, es el empleador quien debe aplicar a cada trabajador su convenio específico: al trabajador sin título el convenio de la actividad, mientras que al trabajador jerárquico, con título y responsabilidades diferenciadas, el convenio de la profesión correspondiente.

Y en esa aplicación es donde surgen los abusos, como lo denuncia el SAFYB, el Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, por el accionar de la Asociación de Empleados de Farmacia (ADEF).

El SAFYB que lidera Marcelo Peretta obtuvo su inscripción gremial en 2006 y su personería gremial nacional en 2010. En 2011 firmó sus convenios colectivos de trabajo (CCT 691 y CCT 707) para representar a los profesionales del sector, logrando beneficios destacables para sus profesionales afiliados con un piso salarial de $50.250 para los directores técnicos de farmacias, laboratorios y droguerías.

En la actualidad, mantiene un conflicto con la ADEF quien, según denunciaron a Mundo Gremial, “quiere quedarse con todo, inclusive con los profesionales matriculados”.

El gremio de los empleados de farmacia es conducido por Víctor Carricarte, heredero del fallecido Alfredo Ferraresi, padre del actual intendente de Avellaneda. “Lo disparatado es que Carricarte ni siquiera es farmacéutico, por lo que además de ilegal su pretención es inmoral”, señalan desde SAYFB.

Estos malos ejemplos dan pie a los gobiernos y empresarios que quieren acabar con el sindicalismo. La mejor forma de defender trabajadores es respetar a cada organización”, reclama la organización que encabeza Peretta.

Existen buenos ejemplos de convivencia: en la actividad ferroviaria articulan la Fraternidad y la Unión Ferroviaria, en la metalurgia comparten la Uom y los Supervisores, y en la Aeronáutica se coordinan los Pilotos, los Maleteros, los Técnicos, las Azafatas y los Pilotos, cada uno en su gremio.

Y a eso apunta el SAFYB en su reclamo, al respeto de la ley y lograr la saludable convivencia entre empleados y profesionales de farmacias. “Las posiciones abusivas y dominantes son deformidades del sistema”, concluyeron desde el gremio.

Somos una agencia de noticias sindicales. Nuestra misión es dar un espacio de encuentro e información a todos los sectores de la actividad, sin discriminar su capacidad y potencial

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Qué sindicatos adhieren al paro general del 30 de abril

La medida de fuerza será por 24 horas y afectará actividades industriales y de servicios. Los detalles.

Mundo Gremial

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Los gremios del Frente Sindical para el Modelo Nacional y las CTA realizarán un paro general por 24 horas en contra de la política económica del gobierno nacional.

Los convocantes prometen una medida de fuerza “contundente” con fuerte resonancia en todo el país. No habrá bancos, vuelos, subtes y se verá afectada la recolección de residuos y transporte de caudales.

Además, actividades industriales como la automotriz, vidrio y cuero sufrirán un parate en las fábricas, al igual que en el sector seguridad privada y la docencia estatal y privada.

La protesta fue impulsada por el Frente Sindical que lideran Hugo y Pablo Moyano, las CTA de Hugo Yasky, Pablo Micheli y Ricardo Peidro y los gremios que integran la Corriente Federal de Trabajadores.

Educación

– La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) confirmó su adhesión y por lo tanto habrá paro en escuelas estatales de todo el país. Lo mismo pasará en las escuelas privada ya que sindicato de docentes privados (SASOP) también se sumó a la huelga.

– También adhirió la DAC (Docentes Argentinos Confederados), que entre otros la integra la FEB en provincia de Buenos Aires.

– Los docentes universitarios también irán al paro con adhesión de FEDUN, Conadu y Conadu H.

– También adhiere la FATUN, que nuclea a los trabajadores no docentes de universidades nacionales.

Bancos

– La Asociación Bancaria (AB) se plegó a la huelga  y no habrá bancos durante la jornada del 30.

– Podría verse afectado el transporte de caudales a cajeros automáticos que está a cargo de personal afiliado a Camioneros.

Transporte

– No habrá subtes por paro de Metrodelegados.

-Habrá servicios de colectivos ya que la UTA no adhiere a la medida de fuerza, aunque un sector opositor a Roberto Fernández adelantó que unas 50 líneas del conurbano bonaerense podrían verse afectadas.

– Los trabajadores del Peaje del SUTPA irán al paro.

Trenes: se espera un funcionamiento normal de los servicios, sin adhesión de la Unión Ferroviaria, La Fraternidad ni Señaleros. Se espera la decisión de la APDFA, sindicato del personal jerárquico de ferrocarriles. Podría haber inconvenientes en el tren Sarmiento.

Camioneros: El sindicato de choferes de camiones es uno de los impulsores del paro general y sus afiliados no prestarán servicio. Se cancelarán las tareas en todas las ramas de transporte de mercancía de la actividad.

– Vuelos: paran pilotos de APLA, aeronáuticos de APA, personal técnico de APTA y el sindicato de Aeronavegantes. Afirman que no habrá vuelos aéreos.

– Pararán los gremios marítimos y portuarios que integran la FEMPINRA que conduce Juan Carlos Schmid, por lo que no habrá actividad en puertos.

Salud

– La FESPROSA -gremio que nuclea a médicos y profesionales de la salud- lanzó un paro que afectará la actividad en hospitales públicos de todo el país. Se garantizan servicios de guardia.

Administración pública

– La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para en todo el país por lo que se verá resentida la atención, aunque el alcance será dispar ya que UPCN no participa de la jornada.

– En Anses, paran los afiliados de APOPS.

– Se suman a la huelga los trabajadores municipales nucleados en la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina (CTM).

Industria

– Los mecánicos del SMATA y aceiteros de la Federación Aceitera van al paro y no habrá actividad en fábricas. Harán lo propio los curtidores y empleados del cuero del SOC y trabajadores gráficos de la FGB y del vidrio.

Seguridad

– Paran los custodios del SUTCA y un sector de vigiladores nucleados en la UPSRA. También confirmó la adhesión el SUTCAPRA, que representa a controladores de admisión y permanencia.

Petroleros

– Gremios de la Patagonia (Sindicatos de Petroleros convencionales y jerárquicos de Santa Cruz) confirmaron su adhesión al paro.

Televisión

– Trabajadores de la Televisión (SATSAID) se sumarán al cese de actividad en productoras y canales de cable y aire.

A la medida de fuerza también adhirieron más de 80 regionales de la CGT y otras decenas de entidades gremiales, por lo que a nivel provincial y local podrían sumarse gremios que sus conducciones nacionales definieron no adherir a la medida de Moyano y compañía.

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

La Unión Informática y el proyecto de Ley de Economía del Conocimiento

Por Ignacio Lonzieme, Secretario General de la Unión Informática y columnista de Mundo Gremial

Mundo Gremial

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Los momentos de crisis son aquellos en los cuales hay que prestar mayor atención, porque se pueden cometer más fácilmente los errores, debido a los apuros y urgencias. Es necesario mantener la templanza con más firmeza que nunca.

Actualmente se está debatiendo la denominada Ley de Economía del Conocimiento (LEC), que busca ampliar las industrias alcanzadas por el régimen de beneficios tributarios generados por la Ley del Software. Esta ley ha otorgado importantes incentivos y el crecimiento de las industria en los últimos años es muy considerable.

Nuestra Asociación Sindical viene siguiendo de cerca su tratamiento y hemos participado de un plenario informativo en uno de los anexos del Congreso de la Nación. Vemos con muy buenos ojos que el Poder Legislativo avance en una regulación que fomente el crecimiento de industrias para las cuales los argentinos tenemos sobrada capacidad. Sin duda aseveramos que si hay un camino para salir de la crisis estructural en la cual estamos atrapados en la actualidad, es a través de la apuesta por la inversión, ciencia y técnica, producción y trabajo.

Dicho esto, debido a que este debate nos interpela directamente por su impacto en la actividad que nos desenvolvemos, estamos obligados a decir que percibimos pocas precisiones, y se están omitiendo varias cuestiones en su redacción.

Hemos acercado sugerencias y comentarios a legisladores en la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados de la Nación, entendiendo que si bien tenemos la capacidad para aportar desde nuestra experiencia y recorrido en la actividad, la tarea de legislar es de los diputados.

Más abajo enumeramos en detalle los comentarios trasladados, que no son pocos, pero el ambicioso nombre de la ley debe ser ganado debidamente. Si se quiere hablar de la era del conocimiento, se debe incluir a las pymes y emprendedores genuinos. A los trabajadores y trabajadoras informáticos y sus representantes específicos, que conocen, viven y desempeñan tareas diariamente, sosteniendo los sistemas que ordenan las actividades productivas en general.

Es necesario abordar como corresponde los incentivos a la formación profesional, eje fundamental del crecimiento, en vez de sólo sacar una ley a las apuradas y hecha a medida de una sola cámara o un sector reducido de las vastas y posiblemente proliferas industrias que menciona la ley.

Para que los beneficios sean para todos los actores, se le debe dar mayor profundidad al debate antes de aprobar una ley, así como incluir los diversos aportes, sin entrar en dilaciones innecesarias y con la premura que amerita.

Tal como está diagramado el proyecto de Ley de Economía del Conocimiento en la Comisión de Comunicaciones e Informática parece anteponer ambiciones electorales ante una apremiante situación económica por sobre el interés general, el bien común y el desarrollo de un área estratégica para el crecimiento económico del país.

Esperemos que los sectores implicados tomen nota y podamos aprovechar esta gran oportunidad para todos.

 

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ANÁLISIS Y OPINIÓN

Regularización de Trabajadores Informales: un proyecto de blanqueo que destiñe

Por Raúl Ferrara, abogado laboralista, docente de Derecho Sindical III para la Diplomatura Universitaria en Actividad Sindical de la UNLZ y columnista de Mundo Gremial

Mundo Gremial

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Dentro del repertorio de frases populares hay una que podría definir la insistencia del gobierno en promover un régimen general de regularización de trabajadores informarles… la archi conocida: “No hay dos sin tres”.

Recordemos que el ejecutivo a través del otrora Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social encabezado entonces por el Lic. Jorge Triaca y envalentonado con el victorioso resultado electoral de 2017, envió un proyecto ómnibus de reforma laboral que recorría variados institutos del derecho del trabajo pero que, en particular, destinaba uno de sus capítulos a la informalidad laboral y la evasión en la seguridad social.

El enorme costo político de la sanción de la reforma previsional en medio de los tristes episodios de violencia en las inmediaciones del Congreso Nacional sumados al fuerte rechazo de los sectores más combativos del sindicalismo y de duros cuestionamientos por parte de jueces del trabajo y abogados laboralistas obligaron al gobierno a resignar su deseo de obtener el triplete de Reforma de Previsional, Laboral y del Sistema de Riesgos de Trabajo en 2017.

Ya en 2018, la estrategia del gobierno tránsito otro carril, pero el mismo sentido de circulación: tomó el proyecto original, eliminó algunos institutos, efectuó otras correcciones menores y lo dividió en 3 proyectos distintos (de dudosa técnica legislativa) que fueron ingresados hace casi un año por el Senador Pinedo.

La controversia se mantuvo durante todo 2018 y ninguno de los tres proyectos logró los consensos en los sectores políticos, sindicales y académicos. En el medio se produjo la salida de Triaca, la degradación del área laboral y su subordinación a la cartera de producción, ocupando el centro de la escena la estrella emergente del gabinete Dante Sica.

En este año electoral y con el FMI condicionando los desembolsos a la implementación de medidas de ajuste, el gobierno parece decidido a no aceptar una nueva derrota y optó por acotar aún más el alcance de las versiones 2017 y 2018, para lo cual el pasado viernes 05 de abril, por medio del Senador Basualdo, ingresó el proyecto que denominó como de “Regularización del empleo no registrado, lucha contra la evasión en la seguridad social, registración laboral

En términos generales, el proyecto recrea la lógica de los anteriores: establecer un periodo de un año para que los empleadores que tienen trabajadores informales los registren, para lo cual establece incentivos y beneficios de distinto calibre.

Ahora bien, ¿cuáles son los incentivos?, ¿quién los financia? ¿qué diferencias existen con los proyectos anteriores para que el gobierno considere que en este caso logrará la ansiada aprobación?

En primer lugar, repite los incentivos que contemplaban los proyectos 2017 y 2018: extinción de la acción penal por evasión previsional y de todas las multas en cualquier estado por emplear trabajadores en negro, baja del REPSAL y condonación de deudas por aportes y contribuciones a la seguridad social de los trabajadores que se regularizan.

A diferencia de los proyectos anteriores, que establecían condonación total durante los primeros 180 días de vigencia y parcial (70%) durante los 180 días siguientes, el nuevo proyecto establece la condonación total durante el año de vigencia del sistema.

A este nada despreciable perdón total de deudas le agrega la “Promo 2019”: el beneficio de eximir al empleador por dos años de abonar contribuciones respecto de los trabajadores que se regularizan. Ud. se preguntará: ¿y con el trabajador que pasa?

Claramente la primera consecuencia es que pasa a estar “en blanco”, es decir registrado con acceso a la seguridad social. Recordemos que, en el país, aprox. el 50% del empleo privado se da en situaciones de informalidad.

Sin embargo, el proyecto 2019 mantiene el tope de 60 meses al reconocimiento a los fines previsionales del trabajador regularizado. Es decir que los trabajadores con mas de 5 años de trabajo en negro serán quienes en gran medida “subsidien” con ese límite arbitrario el blanqueo de las deudas de sus empleadores.

Se destaca como una mejora que el reconocimiento se realiza sobre la base del salario promedio inicial de convenio colectivo aplicable mientras que en los proyectos anteriores apenas lo era sobre el devaluado Salario, Mínimo Vital y Móvil.

Junto a estas modificaciones se agregan otras relacionadas con el régimen de agravamientos indemnizatorios que contempla la Ley 24013 para el trabajo informal, otras con el sistema de otorgamiento de certificados de trabajo y otras con la incorporación de un régimen de exención de contribuciones patronales por dos años a todos los nuevos puestos de trabajo.

Con estos datos podemos sostener que el proyecto del Senador Basualdo, incurre en los mismos errores y omisiones de los proyectos anteriores. Por un lado, exagera en los beneficios otorgados al evasor sin que se advierta un correlato u equilibrio con los beneficios que se le reconocen al trabajador. La muestra acabada de ello es que mientras al empleador se le licua toda la deuda de todos los periodos y se le otorga el beneficio adicional de 2 años de exención de contribuciones futuras, al trabajador se le pone un tope temporal y salarial al reconocimiento de derechos.

Pero lo que es más grave: el proyecto no contempla ningún resguardo para evitar que el trabajador “blanqueado a costo cero” sea despedido al día siguiente de regularizado en el marco de la ley.

La inexistencia de una prohibición de despido por un periodo determinado de ese trabajador (y que razonablemente debería tener alguna relación con su antigüedad real) es la llave maestra de un mecanismo creado más para licuar deudas previsionales que para la regularización de trabajadores informales. En estas cuestiones no hay margen para la ingenuidad y menos aun cuando todos los indicadores laborales señalan que este año el desempleo seguirá creciendo, superando cómodamente los dos dígitos.

En cualquier caso, y aun cuando se corrigieran estos aspectos del proyecto, lo cierto es que el gobierno sigue proponiendo medidas que por un lado no atacan la enfermedad sino los síntomas y por el otro van a destiempo de la realidad. Pretender resolver el problema de un trabajo informal que alcanza el 35% (50% si tomamos solo al sector privado) con un sistema de incentivos es hacer voluntarismo. La verdadera batalla contra el empleo en negro debe darse combatiendo a la economía en negro de la cual es uno de sus síntomas, sin que el proyecto contenga una sola medida en ese sentido.

Y, por otro lado, proponer incentivos para la formalización de trabajadores con una economía recesiva e inflacionaria, que cada día crea más desocupados y en la que cierran 30 Pymes por día parece una ironía o un cinismo supino: nadie blanquea trabajadores si esta pensando en cerrar o reducir plantel salvo que justamente lo haga para despedir a bajo costo, como ya analizamos más arriba.

En definitiva, veremos si este nuevo proyecto de cambiemos sigue la suerte de los anteriores o si, como dice también el refrán popular: “La tercera es la vencida”.

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