La obra social de UATRE, Osprera, fue intervenida por el gobierno el pasado 26 de octubre de 2024 y ya enfrena 21 judicializaciones por falta de prestación médica a los afiliados del gremio rural. Además, 4 de los casos judiciales llegaron a instancias penales por desobediencia de las sentencias emitidas por los tribunales.