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A 40 años del primer paro general contra la dictadura militar

Tuvo como estandarte al dirigente cervecero Saúl Ubaldini, que junto a otros sindicalistas habían conformado la “Comisión de los 25”.

Mundo Gremial

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Hoy se cumplen 40 años de la primera huelga nacional realizada en el país contra la última dictadura cívico-militar.

Fue el 27 de abril de 1979 y provocó que el régimen otorgara un aumento de sueldos general del 19 por ciento al día siguiente.

La protesta fue impulsada por históricos dirigentes sindicales en repudio a la política económica instrumentada por José Alfredo Martínez de Hoz. Lo hicieron desde clandestinidad con muchos de ellos detenidos.

Además del cese de la represión, reclamaban sobre salarios, por mejores condiciones de trabajo, la liberación de los detenidos y la recuperación del estado de derecho.

La organización del paro estuvo a cargo de la “Comisión de los 25”, uno de los sectores en que se dividía entonces el sindicalismo argentino.

Entre sus principales dirigentes se destacaba el protagonismo del dirigente cervecero Saúl Ubaldini, quien ya en democracia fue elegido secretario general de la unificada Confederación General del Trabajo (CGT).

El 21 de abril de 1979, la “Comisión de los 25” convocó a una jornada de protesta para el 27, siendo encarcelados, antes de la huelga, sus dirigentes más notorios como Ubaldini, Roberto Digón (tabaco), José Rodríguez (SMATA), Roberto García (Taxistas)  y Gerónimo Izetta, entre otros.

EL PARO GENERAL DE “LOS 25”, A 40 AÑOS

El gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, surgido tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 que derrocó a la presidente María Estela Martínez de Perón, intervino la CGT, las obras sociales y suspendió la actividad gremial en fábricas y empresas.

Al mismo tiempo, dirigentes sindicales, delegados y trabajadores fueron encarcelados, perseguidos y desaparecidos como parte de la dinámica represiva instalada por el terrorismo de Estado.

A tres años de haber iniciado su gestión como ministro de Trabajo, el general Tomás Horacio Liendo, aplicó la Ley de Asociaciones Profesionales que limitaba la cantidad de delegados de fábrica.

Por esa norma de la dictadura se autorizó la libre afiliación a los gremios, se disolvieron las asociaciones de tercer grado y se exigía una constancia de “buena conducta” de la policía para presentarse a trabajar.

Nos llevó más de un año organizar lo que para nosotros era una forma de demostrarle a los argentinos y al mundo que los sindicatos estaban de pie. Queríamos protestar contra una política económica, pero también denunciar las violaciones a los derechos humanos que se cometían”, recordó a Télam Roberto Digón, entonces líder del gremio de los trabajadores de la industria del Tabaco y referente de los 25.

Esa facción más combativa estaba formada por sindicatos de trabajadores cerveceros -bajo el liderazgo de Saúl Ubaldini-, del tabaco, mecánicos, metalúrgicos, camioneros, taxistas y estatales.

Este grupo resolvió convocar a un paro el 21 de abril -desde la sede del sindicato de los Molineros- pero dos días más tarde, los principales dirigentes que propiciaban la medida de fuerza fueron detenidos.

“Nos llamaron el 23 a una reunión en el Ministerio de Trabajo, estuvimos ahí desde las 14 a las 21. Cuando salimos hubo un apagón, nos subieron a los Ford Falcon de la Policía y nos metieron en Coordinación Federal. A los pocos días de ahí, a la cárcel de Caseros, donde seis dirigentes estuvimos presos durante nueve meses”, remarcó.

Pese a estas detenciones, el paro se llevó a cabo y estuvo motorizado por las segundas líneas de los gremios, que lograron que la medida se sintiera en plantas automotrices e industriales del cordón fabril del Gran Buenos Aires, Rosario y Córdoba.

Aunque no contó con una adhesión masiva, la medida de fuerza marcó un hito en la resistencia del movimiento obrero frente a la dictadura.

“Cuando salí de la cárcel organizamos la CGT Brasil con el liderazgo de Ubaldini y realizamos la marcha de Paz, Pan y Trabajo durante la procesión a San Cayetano. El 30 de marzo de 1982 marchamos a la Plaza de Mayo contra la dictadura, que lanzamos tres días antes de la Guerra de Malvinas cuando la dictadura había decidido fugar hacia adelante”, puntualizó Digón.

Somos una agencia de noticias sindicales. Nuestra misión es dar un espacio de encuentro e información a todos los sectores de la actividad, sin discriminar su capacidad y potencial

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El Gobierno reglamentó el DNU que modifica las indemnizaciones por accidentes

El Ejecutivo reglamentó el decreto de necesidad y urgencia que modifica las indemnizaciones por accidentes laborales

Mundo Gremial

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El Gobierno Nacional reglamentó el decreto de necesidad y urgencia que modifica las indemnizaciones por accidentes laborales, a pesar de los amparos y medidas judiciales que habían sido presentados en forma individual y colectiva.

Mediante una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, el Ejecutivo avanzó a través de la Superintendencia de Seguros de la Nación con la reglamentación del DNU 669/2019, que establece que para el cálculo de intereses de indemnizaciones se dejará de utilizar la tasa activa de los bancos y se usará el índice de Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) que mide la evolución de los salarios.

En septiembre, cuando el decreto fue publicado, desde el Colegio Público de Abogados de Capital Federal y particulares damnificados que estaban por obtener fallos favorables por indemnizaciones advirtieron que se aplicaría un incremento menor, ya que las tasas activas están por encima de los aumentos salariales promedio.

Uno de los fallos que inicialmente logró frenar la aplicación del DNU y el nuevo cálculo de intereses fue el dictado por el juez Alejandro Segura, del juzgado 41 del fuero laboral, a favor del periodista deportivo Tití Fernández. Segura remarcó que “este DNU solo tiende a regular un aspecto acotado de la realidad, digámoslo crudamente, la rentabilidad de las aseguradoras de riesgo de trabajo. Uno de los contenidos que pisotea es el carácter protectorio y progresivo de los derechos laborales en juego”.

Por su parte, desde el Colegio Público de Abogados de Capital Federal presentaron un amparo para declarar la nulidad por inconstitucionalidad de la medida del gobierno, explicando que no existieron circunstancias excepcionales que justifiquen el carácter de necesidad y urgencia de la medida.

En tanto, desde las empresas ART argumentan que los casos están siendo evaluados por el Poder Judicial y aún no fueron resueltos. “En el caso de la presentación del Colegio de Abogados, el juez todavía debe analizar y resolver la cuestión de fondo. Hasta ahora hubo una suspensión del decreto que fue apelada por el Estado Nacional. Se está discutiendo la suspensión del DNU pero no el fondo en sí”, detalló Guillermo Mitchell, asesor legal de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).

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Preocupación por despidos en la empresa mendocina Petroplast

Petroplast, dedicada a fabricar productos de plástico reforzado en fibra de vidrio, despidió a 36 empleados argumentando que responden a la necesidad de afrontar la caída de ventas.

Mundo Gremial

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Una de las empresas mas importantes de Santa Rosa, Petroplast, dedicada a fabricar productos de plástico reforzado en fibra de vidrio, como tanques, tuberías y postes, despidió a 36 empleados, con pagos de indemnización de solo el 50%.

Sergio Illianes, empleado de la empresa e integrante de la Nueva Organización Sindical de la Industria Plástica (NOSIP), señaló que “fueron 8 despidos al principio, de empleados administrativos, despedidos por el artículo 247. Es decir que se les paga el 50% de la indemnización, ya que la empresa argumentó que se había presentado a un plan preventivo de crisis, pese a que en el Ministerio y en la Subsecretaria de Trabajo no hay constancia de esto”.

La empresa Petroplast con más de 30 años en Santa Rosa, indicó que los despidos responden a la necesidad de afrontar la caída de ventas, mientras que los trabajadores están en asamblea permanente y esperan una resolución de la Subsecretaría de Trabajo.

Mientras que Ilianes, continuó detallando que “después despidieron a otros 28 empleados, de la planta, bajo el artículo 245, que implica el pago de indemnización en 12 cuotas” y agregó que aún quedan “125 operarios y es la fábrica más importante del departamento”.

Para finalizar los trabajadores “pedimos la reincorporación. Pero, si la empresa quiere hacer uso de la potestad que tiene de despedir, debe indemnizar con el 100% en un pago”, concluyó el sindicalista.

 

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Trabajadores despedidos de CONUAR anunciaron que tomarán la planta

La compañía a cargo de Pérez Companc cesanteó el pasado viernes a 43 operarios de la planta ubicada en el Centro Atómico de Ezeiza.

Mundo Gremial

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La empresa CONUAR (Combustibles Nucleares Argentinos) comunicó el despido de 43 trabajadores a fines de la semana pasada. La administración de la empresa, de la cual es responsable en un 64,43% el Grupo Perez Compac y el 35,57% restante el Estado Nacional, decidió continuar con la política de cesanteos comenzada en octubre de 2018, donde al menos 100 operarios perdieron sus fuentes de trabajo.

Los trabajadores damnificados anunciaron la toma de la planta a la espera de que la empresa vuelva sobre sus pasos. El mismo viernes, denunciaron los despidos a través de redes sociales alertando al resto del personal: 500 técnicos, ingenieros y personal especializado.

La empresa mixta provee Elementos Combustibles, vainas, tubos y un sin fin de componentes para el funcionamiento de las centrales nucleares de Atucha I y II y Embalse Río Tercero.

Desde el sector trabajador afirmaron que “desde octubre pasado la empresa anunció 100 despidos como consecuencia de las políticas y el vaciamiento del sector nuclear llevado a cabo por el gobierno de Mauricio Macri”.

Se trata de las políticas de vaciamiento que lleva adelante el gobierno para desmantelar la actividad”, remarcaron.

 

La administración de la empresa está constituida por autoridades designadas por el Estado Nacional y por agentes del sector privado, como el caso del Grupo Pérez Companc, que a su vez es propietario de la gran compañía alimenticia Molinos Río de la Plata.

A través de un comunicado, los trabajadores confirmaron que desde las 7 de la mañana de hoy llevan adelante un plan de lucha que comenzó con la toma de la planta.

“Exigimos a la gerencia que se abstenga de esta decisión ante la posibilidad de que el nuevo gobierno reactive la industria nacional y sobre todo el plan nuclear argentino”, reclamaron los operarios.

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