La Bancaria denunció la ilegalidad del acuerdo con el FMI y pidió considerar no pagar la deuda

La Asociación Bancaria denunció este lunes la ilegalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025 enviado por el presidente Javier Milei al Congreso, el cual lo autoriza a negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin revelar sus condiciones.

El gremio bancario, que conduce Sergio Palazzo, calificó el DNU como un «fraude» y una «aberración», argumentando que viola la Constitución Nacional y la Ley 27612, que establecen que cualquier acuerdo con el FMI debe ser aprobado por el Congreso a través de una ley.

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La Bancaria advirtió que las condiciones del acuerdo implicarán la cesión de importantes activos nacionales, incluyendo un nuevo intento de privatización del Banco de la Nación Argentina, así como un mayor ajuste económico que afectará a trabajadores, jubilados y familias.

Según el gremio, este «arreglo» beneficiará a grandes corporaciones financieras transnacionales, «de las que el FMI es garante», a los formadores de precios «que imponen aumentos desmedidos en alimentos, energía y servicios» y a los comisionistas y operadores del mercado financiero «vinculados al endeudamiento».

La Bancaria sostiene que este acuerdo provocará una mayor caída del poder adquisitivo de las familias, el cierre de empresas y el aumento de despidos. Además, critica la complicidad de las autoridades del FMI, a quienes acusa de impulsar a la Argentina hacia un nuevo «quebranto».

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El gremio alertó que el acuerdo responde a un plan para poner a la Argentina a merced de los países que controlan el FMI y las corporaciones transnacionales que buscan apropiarse de sus recursos naturales, en un contexto de guerra económica mundial.

Ante esta situación, La Bancaria exigió:

• El respeto del amparo judicial que impide la privatización del Banco Nación.
• Que la deuda con el FMI sea pagada por sus beneficiarios.
• La creación de un Fondo Nacional para el pago de la deuda, con recursos provenientes de evasores y beneficiarios de la deuda de 2018.
• La derogación urgente de los DNU emitidos desde el 10 de diciembre de 2023.
• La investigación del acuerdo ilegal de Mauricio Macri con el FMI.
• El inicio del juicio político para garantizar el funcionamiento constitucional del Estado.
• La suspensión de los sobrecargos de intereses del FMI y la devolución de los percibidos.
• La consideración de no pagar selectivamente la deuda.

Con este marco, La Bancaria instó a diputados, senadores y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a actuar con urgencia para defender la Constitución y los intereses del país y advirtió que el país atraviesa una «grave emergencia institucional»con incertidumbre, sin seguridad jurídica, con una represión brutal creciente»y con un Presidente que «declara como objetivo destruir al Estado, suplanta al Congreso arrogándose facultades legislativas», apuntó la entidad gremial.

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Asimismo, el sindicato también señala el «creciente deterioro institucional» del Poder Judicial, «manifiesto en la designación por decreto de Jueces de una Suprema Corte de Justicia, morosa cuanto a denuncias sobre los hechos señalados, particularmente sobre la deuda externa».

Finalmente, La Bancaria enfatizó en que los países integrantes del FMI y las autoridades del organismo, «deben asumir que en estas condiciones es evidente la inviabilidad y graves consecuencias del cumplimiento de acuerdos de estas características fraudulentas» y que, ante esta situación, Argentina «debe considerar, selectivamente, no pagarla», concluye el documento.