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¿Moneda de cambio? el Gobierno devuelve afiliados a la CGT en busca de estabilidad

Tras la pérdida masiva de afiliados en obras sociales por una medida inicial contra ‘sellos de goma’, el ministro Lugones respondió a la CGT.

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CGT- GOBIERNO

En un movimiento que busca apaciguar las tensiones con la Confederación General del Trabajo (CGT), el Gobierno ha comenzado a revertir el traspaso compulsivo de afiliados a empresas de medicina privada, devolviéndolos a las obras sociales sindicales.

Esta medida, que forma parte de una negociación política entre la central obrera y el ministro de Salud, Mario Lugones, se concreta a través de la Resolución 1/2025 de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

Esa normativa, según fuentes oficiales, tiene como objetivo poner fin a una práctica de triangulación entre prestadoras sindicales y prepagas que se ha extendido por tres décadas.

La decisión del Gobierno se produce tras la polémica generada por el traspaso masivo de afiliados a empresas de medicina privada, lo que generó fuertes críticas por parte de los sindicatos y tensionó aún más el contexto.

El arte de la negociación

Con la impronta de revertir ese cuadro y cumplir con lo acordado en la negociación política que tuvo con la central obrera, dato que reveló El Destape, el Gobierno puso en marcha la devolución gradual de los afiliados a sus obras sociales sindicales de origen.

La iniciativa comenzó a ganar lugar durante el fin de semana, «en la documentación electrónica consultada por los sindicatos perjudicados, tal como confirmó media docena de dirigentes con los que habló este medio», deslizó el medio.

Sobre ese punto, aclararon que «ese movimiento, todavía no se tradujo en la devolución de los aportes que la norma permitió al Gobierno dejar de enviarles a las obras sociales y retener en teoría con destino a las entidades privadas».

La medida que paralizó a la CGT

La decisión del Gobierno de poner fin a la «triangulación» entre obras sociales sindicales y empresas de medicina privada mantuvo paralizada a la CGT desde principios de año. La central obrera, limitada a reuniones esporádicas de su «mesa chica», centró su atención en la Resolución de la SSS.

El Ejecutivo había presentado la medida como la derogación de un «negociado» que permitía a prestadoras sindicales, calificadas como «sellos de goma», derivar a unos 4 millones de afiliados a prepagas a cambio de un «peaje» del 2 al 3% de los aportes.

Sin embargo, la incertidumbre se transformó en pánico cuando la quita de afiliados afectó a gremios tradicionales como la Federación de Petroleros, el gremio del personal del gas, la Asociación Bancaria y Obras Sanitarias, liderada por José Luis Lingeri.

Con delay

La decisión del Gobierno generó una reacción tardía por parte de la central obrera. El triunvirato mostró inicialmente poco interés en atender una problemática que afectaba principalmente a los «sellos de goma», prestadoras sindicales de menor envergadura.

Esta falta de reacción se debió a varios factores. En primer lugar, las obras sociales de gremios grandes como Comercio, Sanidad, Camioneros, UPCN (estatales) y Uocra (construcción) no se vieron afectadas por la medida, ya que no tenían acuerdos con prepagas.

En segundo lugar, la CGT se mostró reticente a involucrarse en una causa que beneficiaba a los «sellos de goma», entidades que la central había cuestionado durante años por derivar a trabajadores sanos y jóvenes a prepagas a cambio de un «peaje».

Sin embargo, el impacto sobre sindicatos de mayor envergadura agitó la tensión interna y obligó a una respuesta más contundente.

Efecto «sangría»

La preocupación por la «sangría» en los padrones de afiliados de gremios tradicionales como la Federación de Petroleros, el gremio del personal del gas, la Asociación Bancaria y Obras Sanitarias, entre otros, motorizó una serie de reuniones de la «mesa chica» de la CGT en la sede del gremio UPCN.

A los habituales participantes de estos encuentros, como Héctor Daer (Sanidad), Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (Uocra) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), se sumaron algunos de los sindicatos más afectados por la normativa.

La presión ejercida por estos gremios apuró los contactos de Daer con el ministro Lugones, y provocó que el funcionario de Milei se comprometiera a encontrar una pronta solución, acto que por estas semanas comenzó  a materializarse.

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