Moratorias previsionales: ¿respuesta a la precariedad laboral o parche de por vida?

El 23 de marzo de 2025 marca el vencimiento de la moratoria previsional vigente (Ley 27.705), una medida crucial para la inclusión en la seguridad social en Argentina. Aprobada por el Congreso en febrero de 2023, esta ley permite a las personas con menos de 30 años de aportes regularizar su situación previsional mediante pagos adicionales.

Impacto de las moratorias

Las moratorias han sido fundamentales para el acceso a jubilaciones y pensiones en el país. Según datos del Boletín Estadístico de la Seguridad Social de ANSES, en 2024, el 59% de los 7.278.830 beneficios otorgados se deben a la implementación de estas moratorias.

Por los apuntes del portal El Auditor Info, en el caso de las jubilaciones, esta cifra asciende al 65,5%. Incluso, se estima que el 81% de los altos haberes jubilatorios de ANSES en 2023 se explican por las moratorias de los últimos 30 años.

Consecuencias del vencimiento

La no prórroga de la ley de moratoria dejaría a muchas personas sin la posibilidad de acceder a una jubilación completa, obligándolas a optar por la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de una jubilación mínima.

Deterioro de las jubilaciones

En los últimos 16 años, la jubilación mínima en Argentina ha experimentado una caída significativa en términos reales. Sin considerar los bonos, la caída es de aproximadamente el 48%. Si se incluyen los bonos, la caída es del orden del 34%.

La jubilación mínima más alta se registró en septiembre de 2013, alcanzando los $520.000 a valores actuales. En enero de 2025, la jubilación mínima se situó en $273.086,50, lo que representa una caída del 47% respecto al máximo histórico.

En ese cuadro, hay que recordar que en febrero de 2024, la jubilación mínima alcanzó su punto más bajo en los últimos años, con un valor de $176.803,72 a valores actuales.

Destrucción del poder de compra de las jubilaciones

Algunos factores que inciden en el deterioro del poder adquisitivo de las jubilaciones se vinculan a los cambios en la ley de movilidad jubilatoria; el pico inflacionario registrado a finales de 2023 y principios de 2024; y la devaluación del 118% en diciembre de 2023.

En consecuencia, la situación de los jubilados en Argentina alcanzó un punto crítico en febrero de 2024, cuando se liquidó el haber mínimo más bajo de los últimos años. Este mínimo histórico, que se situó en $176.803,72 a valores actuales, dejó a la jubilación mínima por debajo de la canasta básica total, evidenciando un deterioro alarmante en el poder adquisitivo de los adultos mayores.

Este dato no es un hecho aislado, sino que refleja una tendencia preocupante: durante los primeros cuatro meses de 2024, el gobierno nacional liquidó las jubilaciones mínimas más bajas de los últimos 16 años, marcando un período de profunda vulnerabilidad económica para este sector de la población.

Moratorias previsionales: un reflejo de la crisis laboral

Las leyes de moratoria previsional se han consolidado como la principal herramienta del Estado para garantizar ingresos a la población adulta mayor. Su impacto es innegable: han ampliado significativamente la cobertura previsional, alcanzando al 91% de los adultos a través del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), y han reducido la brecha de género, facilitando la inclusión de un gran número de mujeres en la protección social.

Esta modalidad excepcional surge como respuesta a la disminución en la cobertura de la seguridad social, un problema derivado de la precarización del mercado laboral y de las exigencias contributivas del sistema.

Por lo tanto, las moratorias, marcan un reflejo de la incapacidad de los gobiernos para resolver la precariedad laboral, una consecuencia directa de la informalidad que afecta al 50% de la economía argentina.

La suspensión de estas moratorias tendría consecuencias devastadoras: 8 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres no podrían acceder a la jubilación por falta de aportes. Además, la eliminación de las moratorias afectaría desproporcionadamente a las mujeres, exacerbando las desigualdades de género presentes en el mundo laboral.

Desafío político

En un contexto marcado por la inestabilidad económica y la constante pérdida de poder adquisitivo de los ingresos previsionales, el desafío político central reside en la creación e implementación de políticas públicas equitativas. Estas políticas deben garantizar una distribución justa de los recursos del sistema jubilatorio, asegurando que las actualizaciones de los haberes se ajusten a la realidad económica del país.

Es fundamental lograr un equilibrio delicado entre la protección social de los adultos mayores, el mantenimiento de sus niveles de vida y la sostenibilidad a largo plazo del sistema previsional. Solo a través de este enfoque se podrá construir un sistema jubilatorio que responda a las necesidades de la población y que sea capaz de enfrentar los desafíos del futuro