88.000 dólares y cruces entre la Justicia nacional y la porteña con potencialidad de llegar a la Corte Suprema

Un conflicto silencioso, pero de envergadura, anticipa una nueva reyerta multidireccional que enfrentará a los gobiernos de Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta en el medio de la disputa por el traslado de distintos fueros nacionales a los porteños; tema que el gremio judicial que conduce Julio Piumato considera “inconstitucional”. Promete batalla.

La historia da cuenta que en junio la Sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Civil -con las firmas de los jueces Ricardo Li Rosi y Sebastián Picasso- condenó al periodista Gabriel Levinas a pagarle a la familia de León Ferrari 88.000 dólares. ¿El motivo? En 2008, el artista le había dado al mediático 15 obras para exponerlas en París. Finalizado el evento solo devolvió 4. El reclamo de la familia por las otras 11 se judicializó y tanto el juez de primera instancia como la Cámara fallaron en contra de Levinas.

Inédito: ante la adversidad en ambas instancias, la defensa de Levinas gambeteó a la Justicia nacional y fue en queja al máximo organismo de la Ciudad, el Tribunal Superior de Justicia porteño. Más llamativo aún es que el 30 de septiembre pasado el TSJ aceptó el recurso y dejó “sin efecto la resolución de la Sala A que denegó el recurso de inconstitucionalidad”. A las 48 horas, es decir el viernes 3 de octubre, cuando la resolución del TSJ llegó a la Sala A de la Cámara, ésta lo rechazó. Hasta acá los hechos.

Y ahora la especulación en base a teorías probabilísticas altas: por un lado, se estima que el TSJ apelará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los motivos hay que buscarlos en la política: si la CSJN resolviera dar lugar a la intervención del TSJ, además de crear una revolución jurídica la causa del Correo que investiga a la familia Macri podría dirimirse en el máximo tribunal de la Ciudad. Un dato: uno de sus integrantes es Santiago Otamendi, ex secretario de Justicia del macrismo en la Ciudad. Dos más dos es cuatro.

“Sabemos que el trasfondo de dicha maniobra es político, aunque se lo quiera disfrazar de jurídico y hace a la concentración de poder que hace años intentan obtener las autoridades porteñas”, suscribe Piumato. Y amplia: “Es un escándalo institucional sin precedentes, siendo que en una causa en trámite ante el fuero civil nacional, donde se discutía una reclamación monetaria entre partes; una de ellas, un famoso periodista afín al gobierno anterior, ante un fallo adverso en ese conflicto, interpuso un recurso ante ese Tribunal quien se expidió sin estar habilitado para ello y más allá de sus facultades jurisdiccionales”.

De esta manera se suma una causa más en la que la CSJN deberá terciar entre el gobierno nacional y el porteño; hablamos de la causa que tramita en esa instancia respecto a la quita del 1,18% de la coparticipación.

También podría tener poder de fallo el TSJ en la causa que Cristina Kirchner impulsa con Google.

Cierra Piumato: “Es un plan de impunidad para el gobierno anterior tratando de traspasar el fuero penal a la CABA, pero no sólo de impunidad sino también de control de los reclamos de los trabajadores y las empresas, con los traspasos de los fueros laborales y comerciales”.