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Entre Ríos: El Frente gremial busca declarar inconstitucional la ley de emergencia

La presentación fue ante el Juzgado N° 3 de Familia; donde el secretario general de Agmer, Marcelo Pagani, explicó: “Entendemos que esa ley avanza sobre el artículo 14 de la Constitución nacional, art 82 de la Constitución provincial, y también sobre la ley 9624 y 9755, que son las leyes de paritaria».

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El Frente gremial integrado por Agmer, AMET, ATE y UDA, presentó este lunes ante el Juzgado N°3 de Familia de Paraná, un documento planteando la inconstitucionalidad de la ley 10.860, denominada de emergencia, y una cautelar innovativa (específicamente apuntan a los artículos 4°, 5° y 6° de la norma).

La presentación fue ante el Juzgado N° 3 de Familia, de la doctora María Eleonora Murg; donde el secretario general de Agmer, Marcelo Pagani, explicó los motivos de la presentación judicial: “Entendemos que esa ley avanza sobre el artículo 14 de la Constitución nacional, sobre el artículo 82 de la Constitución provincial, y también sobre la ley 9624 y 9755, que son las leyes de paritaria”.

De la conferencia virtual participaron representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agme) , la  Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), que se unieron para encarar este reclamo.

Pagani apuntó que con esta acción buscan que la norma “sea declarada inconstitucional y no tenga vigencia en la provincia y, en consecuencia, no tenga vigencia en la provincia, porque entendemos que derechos adquiridos de los trabajadores han sido avasallados”.

Señaló que “la ley de paritaria establece que ninguna de las partes puede desconocer lo que se acordó y homologó en paritaria”, y la ley 10.860 establece “un descuento que va desde el 2% en activos y desde el 4% en jubilados”. Para Pagani, de este modo “se está actuando de mala fe y se está violentando un acuerdo paritario”, informó
APFDigital.

Para concluir, el dirigente gremial apuntó: “No puede ser que el aporte de los trabajadores sea del 64%, de los bancos el 15% y de los propietarios de más de mil hectáreas, el 7%. Estos números demuestran que esta ley es inaceptable para trabajadores y trabajadoras”.

 

 

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