Imputaron a Cavalieri por presuntas irregularidades en OSECAC

El juez federal numero 3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, imputó al titular del Sindicato de Empleados de Comercio y de la obra social del gremio Osecac, Armando Cavalieri, por el presunto delito de administración fraudulenta, en el marco de la causa de la financiera CBI Cordubensis.

Según indicaron fuentes judiciales, además de Cavalieri, fueron imputados como autores de defraudación los dirigentes de la obra social Carlos Alfredo Bélz, Pedro Ángel Mezzapelle, Daniel Andrés Ruberto, José Luis Oberto y Carlos Alberto Restivo, aunque ninguno se encuentra detenido.

Las imputaciones surgieron a partir del allanamiento realizado por orden de Vaca Narvaja el pasado miércoles en la sede de Osecac en la ciudad de Buenos Aires, para determinar la relación de Cavalieri y de los otros miembros de la comisión directiva con cheques destinados al pago de prestaciones supuestamente irregulares en la provincias de Mendoza, San Juan y San Luis.

De acuerdo con la investigación, los valores habrían sido cobrados en Córdoba por Javier Guevara Amado, contador del empresario Euclides Bugliotti a través de la mesa de dinero que funcionaba en la financiera CBI Cordubensis y los cheques depositados en cuentas fantasmas de Halabo SA y Jotemi SA en al sucursal Córdoba del Banco Nación.

También fueron imputados como partícipes necesarios Bruno Rodolfo Cricco, Alejandro Domingo Mateo, Mariana Rojas, Juan Antonio López, Mario Rolando Ramírez, Rafael Ricardo Molina y María Fernanda Sánchez.

De acuerdo con la investigación a cargo del fiscal Enrique Senestrari, los imputados para realizar las maniobras utilizaron empresas creadas por terceros no identificados para actuar como prestadores de salud y funcionar como intermediarios en el sistema de Osecac, por lo que se sospecha que se habría pagado a supuesto prestadores prácticas que no se habrían realizado.

Según la investigación de Senestrari, los directivos de Osecac habrían librado cheques «no a la orden» o «no negociable» de las cuentas corrientes de la obra social en la sucursal Plaza de Mayo del Banco Nación, para «pagar un lucro indebido».

La defraudación de las maniobras realizadas entre septiembre de 2010 y agosto de 2012 superaría los 53 millones de pesos, aunque resta determinar el monto total de la supuestas operaciones ilegales, difundió La Prensa.